La batalla perdida de Alfonsín contra los gremios

Desde el retorno de la democracia, sólo hubo dos leyes que fueron rechazadas por el Congreso. Cuando no hubo consenso,  los proyectos en general no se trataron. Una de ellas fue la resolución 125 en el 2008, con el famoso voto "no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos. La otra fue la "Ley Mucci", una de las primeras leyes que envió Raúl Alfonsín luego de resultar electo como presidente, allá por 1983.

La propuesta, elaborada por quien fuera entonces ministro de Trabajo, Antonio Mucci, era necesaria. Tanto políticamente, como legalmente. En su campaña electoral, Raúl Alfonsín denunció un "pacto sindical-militar" que habrían mantenido los gremialistas con el gobierno de facto. Por entonces, sindicalismo y peronismo eran casi sinónimos: los cuadros políticos del partido eran también los que lideraban el movimiento obrero. La victoria en los comicios del dirigente de la UCR sobre su adversario Ítalo Luder constituyó una reválida de esta acusación, de manera que ese sector de la cúpula dirigencial quedó profundamente deslegitimado.

Por otra parte, el cuadro gremial era caótico. Entre 1955 y 1985, la CGTy las principales entidades estuvieron intervenidas durante 11 años: la central tuvo una vida interna institucional con elecciones regulares entre 1963 y 1968, mientras que en el período 1970-1976 los comicios fueron discontinuados, según explica el profesor Arturo Fernández en su libro Las prácticas sociopolíticas del sindicalismo/2 (1955-1985). El ex secretario de Trabajo, Roberto Bigatti, explicó en una entrevista (LN, 27/09/84) que para marzo de 1984, de las 1171 entidades gremiales registradas por la cartera laboral, 768 debían ser normalizadas: 588 sindicatos tenían comisiones directivas con mandatos prorrogados o con autoridades elegidas antes de dictadura, 75 estaban con delegados normalizadores dispuestos por el ministerio de Trabajo alfonsinista, y 105 eran encabezadas por comisiones transitorias nombradas en los últimos años de la dictadura militar.

Por lo tanto, era precisa una norma que volviera a restituir la legitimidad de los dirigentes y terminar con las irregularidades. Sus puntos salientes (ver recuadro) eran: representación de las minorías en la conducción de los gremios, fiscalización e interventores del Estado para garantizar la transparencia de las elecciones, candidaturas sin requisitos, y control de los fondos sindicales. Con estas ideas, el 21 de diciembre de  1983, once días después de su asunción, Alfonsín envió el proyecto de ley de Reordenamiento Sindical (LRS), con las firmas del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y del de Trabajo, Antonio Mucci.

Efecto boomerang

La iniciativa generó una total oposición del sindicalismo y del PJ, a pesar de que estaban fuertemente golpeados y divididos a raíz de la derrota electoral. Sin embargo, la ofensiva radical generó el efecto contrario: permitió la reunificación de la central obrera, que estaba partida en dos entre el grupo confrontativo de Saúl Ubaldini (CGT-Brasil) y la conducción cuatripartita del núcleo Gestión y Trabajo (CGT-Azopardo), cuyo perfil estaba marcado por la posición dialoguista con la dictadura.

Ese no fue el único revés. Si bien el proyecto fue aprobado en Diputados, el 14 de marzo de 1984 recibió el rechazo de la Cámara Alta por apenas un voto. Quien lo sepultó fue Elías Sapag, del partido neoperonista Movimiento Popular Neuquino. El radicalismo no contaba con la mayoría en ese cuerpo y necesitaba acordar con los monobloques provinciales.

"La norma, como restringía la capacidad de manejo de los sindicatos por parte de la dirigencia, encontró una posición muy dura. Aunque hubo un grupo de sindicatos muy grande que apoyó la iniciativa, la estructura sindical logró imponerse, lo convenció a Sapag, e impidió la sanción de la ley. Eso produjo la renuncia de Mucci" señaló a Infobae su sucesor y ex titular de la cartera laboral de Alfonsín, Juan Manuel Casella.

El dirigente radical reconoció que errores a la hora de encarar el debate parlamentario. "Es posible que se haya pensado que, como el impulso electoral era muy importante, era posible alcanzar la sancion de la norma. Tal vez el error táctico fue no sentarse a conversar con los sindicatos antes de mandar el proyecto. En cierto sentido, los dirigentes sindicales pudieron sentirse agredidos sin una conversación previa", comentó.

      

- ¿Qué diferencias había al interior del radicalismo sobre el proyecto de Mucci?

En general, el radicalismo estaba de acuerdo con el proyecto, aunque algunos que conocían mejor el mundo sindical habían señalado la posibilidad de que el proyecto, en lugar de debilitar al sindicalismo tradicional lo terminase fortaleciendo, porque lo unificaba. Algunos de nosotros, yo entre ellos, dijimos que había que tener cuidado porque podía lograr el efecto contrario que se buscaba. El movimiento sindical peronista siempre tuvo divisiones internas: lo que logró el proyecto Mucci fue unirlos en defensa de la estructura tradicional. Pero la impronta de los compromisos asumidos en la compaña determinó que el radicalismo avanzara en ese campo, y se detuviera al ser derrotado legislativamente.

Continuidades y rupturas

Tras el rechazo al proyecto de ley de Alfonsín y la renuncia de Mucci, las gestiones por normalizar el sindicalismo continuaron; esta vez, a cargo de Casella. Dada la correlación de fuerzas desfavorable, el ex presidente abandonó la estrategia confrontativa y entabló un diálogo más conciliador con los dirigentes gremiales. De esas negociaciones salió una nueva ley reguladora que redundó en las elecciones sindicales, aunque se suprimieron varios de los puntos centrales de la propuesta original. Entre ellos, se quitó la decisión de las minorías, se redujo la fiscalización externa del Estado, y se impusieron criterios más restrictivos para afiliaciones y candidaturas. En la opinión de Casella, esa iniciativa negociada quedó "bastante lejos" de la primera propuesta, aunque permitió que las listas opositoras agrupadas en el ubaldinismo llegaran a la cúpula de varios gremios.

"Algunos dirigentes accedieron a la conducción, y otros retornaron a los puestos de los que habían sido desalojados por las intervenciones, por medio de comicios en los que debieron confrontarse de manera abierta con otros sectores. Para ello, muchas veces establecieron alianzas y aceptaron compartir la conducción con dirigentes de diferente orientación ideológica o política. Mientras tanto, otros lograron mantenerse en sus cargos mediante la utilización de los viejos métodos para excluir directamente la eventualidad de una confrontación o reducir la igualdad de oportunidades para sus potenciales adversarios", señala el libro Sindicalismo peronista/gobierno radical. Los años de Alfonsín (1990), de Gaudio R. y Thompson A.

A cuatro años del deceso del ex presidente, el (fallido) intento reformista puede considerarse como uno de las experiencias más ricas que dejó el alfonsinismo. En su trabajo La hora de los partidos, la politóloga Liliana de Riz sostuvo que la iniciativa tenía una enorme trascendencia: "venía a provocar la mutación más importante para el movimiento obrero que haya sido proyectada con intención de llevarla a la práctica".

"La situación actual del sindicalismo es mucho peor que la de aquella época. Ha perdido representatividad, afiliados, calidad dirigencial,  y el peso especifico del sindicalismo en este momento es mucho menor. El propio peronismo disminuyó ese poder. Con Menem hubo una acción deliberada de limitar el poder sindical, y en el actual Gobierno también. Hoy los dirigentes gremiales están con una capacidad de movilización muy inferior de la que tenían históricamente", reflexionó Casella.

Y concluyó: "El proyecto Mucci era para una circunstancia determinada. Hay que hacer una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que establezca un modelo sindical unificado, que es esencial para la defensa de los intereses de los trabajadores, pero al mismo tiempo que genere sistemas democráticos para la toma de decisiones, e independencia del poder del Estado. Los requisitos son unidad, autonomía y democracia".