La firma Chevron presiona a la Argentina con abandonar el proyecto inversor en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en caso de que se mantenga vigente la amenaza de embargo que pesa sobre sus bienes. A fines del 2012, un juez argentino dispuso esa medida tras fallar a favor de Ecuador en un reclamo al considerar que la compañía produjo daños ambientales en su actividad.
De esta manera, la multinacional norteamericana pone en jaque a los planes estratégicos del gobierno nacional, que busca aliarse con uno de los gigantes del sector para impulsar el desarrollo de la producción de petróleo local.
Para la petrolera extranjera, es una piedra en su zapato el fallo del juez argentino Adrián Elcuj Miranda que estableció el congelamiento de varios activos de Chevron en el país a modo de pedido de un resarcimiento de u$s 19.000 millones a agricultores ecuatorianos. El caso refiere a un hecho de contaminación que se produjo en el área del Amazonas.
La dificultad está en que, a un mes de producirse la sentencia, Chevron acordó con YPF conformar un joint-venture por u$s 1.000 millones, con el objetivo de perforar alrededor de 100 pozos en el yacimiento no convencional de shale-oil Vaca Muerta.
El directorio de la nacionalizada argentina esperaba que ese convenio quede sellado de manera definitiva para abril. Sin embargo, el vicepresidente de la multinacional, George Kirkland, puso un manto de sospecha sobre el futuro del proyecto inversor de continuarse la medida judicial que afecta sus intereses.
"No podemos avanzar en un acuerdo mientras esto esté en el medio, porque ellos embargarían dinero que nosotros entraríamos para gastar. Entonces, no podríamos hacer nada de todas maneras", aseguró al Financial Times.
Chevron considera que el reclamo del país que conduce Rafael Correa es fraudulento. Pese a ello, la compañía entiende que el gobierno argentino no puede presionar a la Corte a abandonar el caso.
"Tenemos que tratar de moverlo a través del sistema de la corte", planteó Kirkland. En este sentido, la petrolera pretende llevar el expediente hasta la Cámara de Apelaciones y, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia.
Pese a estas presiones, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, señaló esta semana que el acuerdo con la firma norteamericana "está avanzado", si bien reconoció que tuvo dudas sobre su continuidad durante algún momento.
"Estas son dudas que yo tambien tuve", señaló, "pero el compromiso de Chevron existe. Si tenemos que buscar un modelo diferente lo haremos, pero su compromiso está tan firme como estuvo al comienzo", sentenció.
Chevron y las causas ambientales
La multinacional norteamericana enfrenta varios reclamos por su actividad desarrollada alrededor de Latinoamérica. La demanda judicial que enfrenta por contaminación de tierras explotadas por agricultores de Ecuador, y a la que la justicia accedió a pedido de los tribunales de ese país, condenó a la compañía a resarcir a 30.000 integrantes de las comunidades indígenas afectados por los daños que produjo la petrolera en unas 500.000 hectáreas de la Amazonia. La empresa había arrojado cerca de 60.000 millones de litros de agua tóxica en los afluentes la zona acuífera más grande del mundo.
Sin embargo, la Chevron especula con el fallo a favor que recibió en febrero de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Ese tribunal sentenció que Ecuador ha violado fallos provisionales previos, bajo el derecho internacional y el tratado bilateral de inversiones entre Quito y Washington. Según los laudos, el Estado que lidera Correa debería "haber tomado las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o el reconocimiento dentro o fuera del Ecuador de cualquier sentencia".
En tanto, en Brasil la multinacional también afectó el desarrollo normal del ambiente. La agencia de protección ambiental de ese país le aplicó una sanción de US$ 5,4 millones, que se suma a otra de US$ 28 millones. Es por por violar su licencia ambiental en el manejo de una fuga el mes pasado frente a sus costas.