La entidad dirigida por Mercedes Marcó del Pont tiene decidido avanzar con más regulaciones hacia otros jugadores del mercado financiero que no tenía bajo su paraguas.
En la lista inmediata aparecen los transportes de caudales, empresas dedicadas al cobro de servicios (por ejemplo, Pago Fácil) y las firmas que se encargan de las remesas al exterior (por caso, Western Union).
La idea de Marcó del Pont es ocupar un "vacío" regulatorio que existe en estos sectores, que si bien son controlados por la UIF en algunos casos, operan en forma desregulada.
"Pasarán a ser sujetos de supervisión, como lo son bancos y casas de cambio. Esos cambios saldrán a lo largo de este año y son puntos importantes en la agenda", se escucha en los pasillos de la entidad.
De todas formas, el debut de la nueva regulación no será inmediato. Sucede que la normativa está por hacerse desde cero, con lo cual no se espera que los cambios aparezcan en el corto plazo. Sin embargo, desde el Central saben que tienen que avanzar por esos frentes.
En el caso de las remesadoras, por ejemplo, existen varios cuestionamientos por las comisiones que cobran a los clientes. En algunos casos, representan la mitad del importe máximo permitido para girar al exterior.
Eso, interpretan, sólo genera que aquellas personas con necesidades de enviar dinero al exterior (mayoritariamente a sus familias en países limítrofes) recaigan en "agencias" más desreguladas aún que toman el tipo de cambio paralelo para girar las divisas.
Además, otro dato insoslayable es que manejan el ingreso y egreso de divisas, completamente regulado por la AFIP a través del cepo al dólar.
En el caso de las empresas de servicios de pagos, la visión oficial es que "mueven gran cantidad de dinero en efectivo y no están reguladas, no pueden seguir así", indican las fuentes.
Atributos aún no utilizados
"Actualmente, y gracias a la modificación de la Carta Orgánica del Central, la entidad tiene las herramientas necesarias para controlar a estos jugadores que se movían bajo una normativa vaga o ni siquiera tenían. Como caso testigo está el hecho de que no se sabe cuánto dinero mueven", aseguraba un economista "K" ligado al sistema financiero.
Después de obligar a los bancos a prestar el año pasado $15.000 millones a 3 años y al 15% a las PyME, algo que reeditarán este 2013, la entidad rectora viene a reforzar las herramientas de control.
"Hacemos uso de lo que el Congreso nos permite con el cambio de la Carta Orgánica", recuerdan.
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