Prohibir la prostitución es promover la trata

El fallo en la causa por la desaparición de Marita Verón, en el que fueron absueltos todos los acusados, devolvió a un primer plano el complejo problema que representa la trata de personas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó un informe con cifras escalofriantes: a nivel mundial, cada año 2,5 millones de personas son víctimas de este delito, un 58% de estas son secuestradas con fines de explotación sexual (un 36% para trabajos forzosos), de las cuales un 27% son menores. Asimismo, un estudio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, junto a la Organización Internacional del Trabajo, llega a la conclusión de que aproximadamente se generan 33,9 mil millones de dólares por año en relación con la trata con fines de explotación sexual; del total, 2,2 mil millones corresponden a la facturación de la actividad en Latinoamérica. En la Argentina, desde la federalización del delito en 2008, se han liberado a 3.075 mujeres y niñas, y en estos momentos se buscan, por lo menos, a más de 700 que, como Marita Verón, faltan de la casa. Con estos números en la mano, podemos saber que no estamos ante un problema de fácil solución.

Es imposible concebir que un problema de esta magnitud y complejidad pueda ser resuelto de forma sencilla con una nueva ley o la modificación de una actual. Mucho menos si nos referimos a la modificación a la Ley Nº 26.364, que fue tratada luego de haberse convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Una ley que ya había obtenido media sanción en el Senado el año último, pero que los diputados no la consideraban un asunto urgente. Los puntos centrales de esta modificación abarcan el agravamiento de penas de delitos relacionados con la trata de mujeres, el tratamiento especial para los testigos que fueron víctimas de este delito al momento de declarar en un juicio, la creación de un organismo federal para el combate de este problema, la posibilidad de realizar denuncias anónimas y la eliminación de la posibilidad de que la "víctima" alegue haber consentido el ejercicio de la prostitución. De esta forma, aquel que promueva la prostitución o se encuentre asociado a las prostitutas -trabajadoras sexuales- no podría ser exculpado en caso de que se alegue haber actuado de forma voluntaria. Este último punto representa un gran retroceso en la materia. Lamentablemente, ningún legislador reparó en esto y la ley terminó siendo aprobada por unanimidad.

La decisión de penar una actividad cuando prima el consentimiento de dos adultos es legislar y regular la moralidad. Considerar que una conducta categorizada por algunos  inmoral deba ser ilegal es ingresar al terreno de las imposiciones de lo que son las valoraciones subjetivas y los actos privados. No son asunto de nadie los acuerdos voluntarios y pacíficos que no representan una violación de derechos a terceros. Este principio, además, se encuentra consagrado en el Art. 19 de nuestra Constitución que "exime de la autoridad de los magistrados"  sobre las acciones privadas que no afecten a terceros. En otras palabras, se está legislando sobre una cuestión sobre la que ningún poder del Estado fue facultado para alcanzar con la legislación: lo que sucede en una habitación entre dos adultos con consentimiento.

Es importante, a la hora de abordar este tema, establecer las diferencias entre lo que es el acto de secuestrar a mujeres para explotarlas sexualmente contra su voluntad, que sin ninguna duda debe ser considerado un delito, y la decisión voluntaria de una mujer de ofrecer servicios sexuales. En este sentido, Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina (Ammar), sostuvo en una entrevista: "Nosotras somos mayores de edad y hemos optado por ejercer la prostitución. (…) Es violento que no respeten nuestra autodeterminación como ciudadanas y mujeres mayores de edad". Vale aclarar, esta posición no es monolítica, y algunas trabajadoras sexuales se consideran mujeres en situación de prostitución y enmarcan sus luchas en otras direcciones. Más allá de las diferencias, todas tienen en claro que la trata de mujeres es un delito que debe intentar ser erradicado.

El periodista norteamericano H.L. Mencken consideraba que "para todo problema complejo hay siempre una respuesta simple, clara, plausible y equivocada". En este plano podemos ubicar el debate que se produjo en torno al flagelo que significa el secuestro de mujeres y niñas para ser luego explotadas sexualmente. Desatar una lucha contra la trata sin abordar las causas conexas a ella es tan efectivo como la lucha del Quijote contra los molinos de viento. Combatir la trata de mujeres prohibiendo las "whiskerías" o prostíbulos sería una solución ideal si con esto se terminara realmente con la existencia de ese delito; sin embargo, los efectos terminan siendo contrarios a los buscados. Si se encuentran allí voluntariamente, ¿por qué forzarlas a estar en una situación peor? "El cierre de whiskerías y cabarets no garantiza que se termine con la actividad; al contrario, se van a encontrar nuevos caminos, por ejemplo trabajar en bares, gomerías, peluquerías", afirman las trabajadoras sexuales nucleadas en Ammar.

Las principales perjudicadas con la persecución del trabajo sexual voluntario (sea ejercida esta de forma independiente, en cooperativas o en cabarets) son las propias trabajadoras. La imposibilidad de ejercer la prostitución de forma legal las acerca a una zona oscura que es habitada por jueces corruptos, policías abusivos (y abusadores) y políticos que participan de las mafias que pasan a predominar todo lo relacionado al trabajo sexual, dejando así expuestas a miles de mujeres al abuso sistemático y al comportamiento arbitrario por parte de las autoridades, que se aprovechan de la situación de poder en la que se encuentran. Cuando se pone en el mismo plano el trabajo sexual y la trata de mujeres, la división entre lo legal e ilegal desaparece y se termina incentivando las actividades con las que más pueden lucrar los mafiosos, en este caso la trata. Entre administrar un negocio donde mujeres están trabajando según su voluntad y mujeres esclavizadas de las que pueden abusarse de forma constante, ¿qué modalidad elegirían las mafias? La respuesta no parece generar mayores dificultades, más aún si se introduce en la ecuación a la clase política, que también usufructúa de esta situación, y le garantiza inmunidad e impunidad.

Y por último, ante el hecho objetivo de que los recursos para combatir la trata de mujeres son limitados, cada peso del presupuesto que se asigna a interferir en las relaciones voluntarias entre adultos es un peso que se deja de utilizar para combatir el secuestro con fines de explotación sexual de mujeres y niñas de todas parte del país, y países limítrofes, principalmente.

En palabras más sencillas, prohibir la prostitución es promover la trata.