Tanto bajaron las tasas de criminalidad que actualmente las probabilidades de que un inglés sufra un delito se encuentran en su mínimo histórico.
Londres es el mejor ejemplo. Tiene una población estimada en 7 millones de habitantes, para la que hay 30 mil policías.
Entre 2000 y 2010 los homicidios en la capital del país pasaron de 190 a 113 por año, lo que representa una reducción del 40 por ciento, según estadísticas de la Policía Metropolitana de Londres. En el mismo lapso, los asaltos pasaron de 77.083 a 43.571, un 43 por ciento menos.
Pero el dato más impactante se verifica en los delitos contra la propiedad, que descendieron de 116.027 a 33.480, un 71 por ciento.
La única deuda pendiente son las violaciones, que en el mismo período aumentaron de 2.498 a 2.839.
El diagnóstico
El Gobierno laborista, que en ese momento encabezaba Tony Blair, detectó que uno de los principales focos de conflicto era la delincuencia juvenil.
Lo primero fue descifrar las posibles causas del fenómeno. Hallaron dos: el aumento de los divorcios y la mayor inestabilidad y desprotección laboral. Así, había cada vez más padres separados, que trabajan, y que hasta tenían que conseguir dos empleos para subsistir. Esto dejaba a los jóvenes la mayor parte del tiempo solos, sin la supervisión que necesitaban.
Estrategias contra las pandillas
En Inglaterra sólo pueden estar armados los agentes de seguridad aeroportuaria como respuesta al temor por el terrorismo internacional, y ciertas unidades especiales, como las que combaten el crimen organizado.
Pero los agentes comunes de la policía urbana no pueden portar armas -con la única excepción de algunos distritos en los que se acepta que estén armados con las pistolas eléctricas taser-, ya que hace décadas comprobaron que aumentan la violencia y las muertes.
Eso los obligó a desarrollar estrategias de control más sutiles, que terminaron resultando más eficaces.
Un primer paso para frenar la violencia juvenil, que se manifestaba principalmente en el accionar de bandas y pandillas, fue la implementación del "Programa de acción contra los cuchillos".
Así se le empezó a dar a la tenencia de armas blancas el mismo tratamiento que a las armas de fuego. Los controles redujeron su presencia en la calle y, como resultado, bajaron los hechos violentos que las involucraban.
Otro punto fue la instalación generalizada de cámaras en todos los lugares de mucha concurrencia. Sólo en Londres hay más de 10 mil cámaras distribuidas por el Gobierno. A eso hay que sumar unas 500 mil instaladas por empresas y familias. Las estimaciones indican que a nivel nacional hay más de 4 millones.
Su función no es sólo identificar a los delitos y a sus autores para luego atraparlos, sino que actúan como una extraordinaria herramienta preventiva. Como los altoparlantes están permanentemente recordando que todo está siendo filmado, las personas saben que sus movimientos no pasarán desapercibidos.
En paralelo, se mejoró la iluminación de los barrios que estaban más abandonados. Esto tiene la misma consecuencia, aumentar la sensación de control, que puede ser un poderoso limitante de los impulsos agresivos.
Justicia comunitaria y contención social
La otra pata de la respuesta desplegada contra la inseguridad fue hacer participar a las comunidades locales del mejoramiento de su propia seguridad y de la contención hacia los sectores más vulnerables.
En la misma medida en que se aumentó el número de policías en las calles, retirándolos de las comisarías, se incrementó la cantidad de asistentes sociales que empezaron a seguir de cerca a los jóvenes en riesgo y a sus familias.
Se fortaleció el servicio de libertad condicional para menores de edad, que apuntó a acompañarlos en su proceso de recuperación luego de cometer un delito y retornar a la calle.
Por otro lado, se desarrolló el "Programa Justicia de las Comunidades", que consistía en que todos los vecinos trabajaran en conjunto con las autoridades para ayudar a los jóvenes excluidos, con dificultades y problemas de conducta, a resocializarse.
Además, las personas empezaron a controlar que no se dañara el espacio público, que no rompieran cosas, que se taparan los grafitis y que no se vendiera droga. Así se fortalecía la autorregulación ciudadana del espacio público.
Otro aspecto fundamental, que legitimó la función de la justicia y que contribuyó a su mayor eficiencia, es que los jueces locales comenzaron a concurrir periódicamente a reuniones con los vecinos para recibir una devolución sobre el efecto que tenían sus sentencias.
Incluso los magistrados habilitaron que las comunidades propusieran penas para los delitos menores. Éstas suelen consistir en servicios sociales y mantenimiento del espacio público, que incluye tareas como pintar paredes y cortar el pasto de los parques.
Los aspectos polémicos de las medidas implementadas
Para dar respuesta a una demanda creciente de seguridad, hubo casos en los que las autoridades cometieron algunos excesos. Se implementaron penas más severas e incluso medidas de restricción de movimientos para jóvenes que no habían delinquido, pero que pertenecían a bandas implicadas en crímenes.
Además, algunos denunciaron un uso abusivo de las cámaras de seguridad, argumentando que estaban siendo utilizadas como una forma de vigilancia sobre la población, violando su derecho a la intimidad.