En materia de violencia delictiva, y pese a ser la inseguridad una de las principales preocupaciones de los argentinos –cuando no la primera, por delante de la desocupación y la inflación-, la respuesta de las autoridades a casi todos los niveles y con pocas excepciones, ha sido principalmente la negación y secundariamente la presentación de respuestas de impacto más mediático que real (como el programa de canje de armas o los foros vecinales, por ejemplo).
Infobae consultó a dos especialistas sobre qué medidas sería indispensable o prioritario tomar tanto en materia de prevención como de represión, en lo urgente e inmediato y a más largo plazo. También sobre qué experiencias de otros países podían ser de utilidad para el nuestro.
Participación ciudadana sí, pero sólo si el Estado hace lo suyo; auditoría y control de la fuerza pública; prevención para limitar los factores de riesgo social: son algunos de los ejes sugeridos. Pero lo que surge como esencial es que sin voluntad política y vocación de servicio de las autoridades nada podrá hacerse.
A continuación, las respuestas de Claudio Stampalija y Martín Etchegoyen Lynch
Claudio Stampalija
Abogado penalista, criminólogo
Director del Centro de Estudios para la prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (CEPREDE)
1. Política de represión o reactiva (esfera de la justicia, fuerzas de seguridad y sistema carcelario)
Justicia: Los códigos procesales deben reformarse en aras de un proceso penal más dinámico, mayores y mejores herramientas de investigación para el Ministerio Público (fiscales), modificar la reincidencia, nombrar jueces a fin de que no haya tantos juzgados vacantes (subrogancias), mayor control de la gestión de los tribunales por el Consejo de la Magistratura, que los jueces de ejecución penal tengan un gabinete interdisciplinario propio que revise los dictámenes del Servicio Penitenciario (la ley lo establece, no se cumple); mayores derechos a las víctimas del delito sin menoscabo de los derechos del imputado. Implementar instrumentos de justicia restaurativa y mecanismos de cooperación supranacional a fin de luchar contra las organizaciones criminales.
Fuerzas de seguridad: mejorar sus salarios, dotarlas de mayores recursos técnicos, llevar a cabo una reingeniería y gerenciamiento policial, mejor capacitación y mayor control tanto gubernamental como ciudadano de su accionar. Esto implica salir del autogobierno policial e ir hacia un gobierno democrático de la institución. Es el camino que conduce a la eficacia y a la erradicación de la corrupción.
Sistema penitenciario: resolver el hacinamiento, mejorar la calidad alimentaria y la estructura edilicia en algunas cárceles, la falta de políticas educativas y la carencia de trabajo de los internos, y la paulatina politización interna que se observa.
2. Prevención
La represión es importante pero la esencia de los cambios en materia de seguridad descansa principalmente en la construcción de políticas de Estado en materia de prevención del delito y la violencia porque ello es atender las causas generadoras del delito.
Política Criminal
Una política de prevención requiere de un plan integral que tenga en el Ministerio de Seguridad de la Nación un paraguas aglutinador, ni más ni menos una Política Criminal, y que desarrolle los lineamientos neurálgicos comprensivos de la realidad del país, trabajando sistémicamente en las áreas involucradas (educación, salud, sistema penal, acción social, vivienda, trabajo).
Diagnóstico
Para ello, es trascendente que cada provincia confeccione una encuesta de victimización que permita conocer científicamente el exacto diagnóstico de cada área territorial a nivel delictivo, social, de salud, educación, vivienda.
Programas de prevención
Dicho diagnóstico nos permitirá trabajar sobre realidades ciertas y edificar programas concretos de prevención, focalizados a cada problemática. En nuestro país se sigue confundiendo seguridad con políticas sociales universales. Y la práctica internacional nos demuestra claramente que ello produce un resultado muy precario en la reducción de la tasa delictiva. Las políticas sociales genéricas no son una respuesta automática en seguridad, son un mero paliativo. Es necesario un sistema comprensivo y focalizado de los distintos aspectos que se dirigen a solucionar la violencia instalada.
La prioridad debe ser el diseño de programas dirigidos a niños y jóvenes que ya han tenido conflicto con la ley penal o que por su grado de vulnerabilidad social están en riesgo de ingresar al mundo delictivo, y a las mujeres que resultan ser las mayores víctimas de la violencia silenciada. Educación y salud son trascendentes.
El ministro de Seguridad de una Nación, provincia o municipio debe tener un claro liderazgo que implica un conocimiento profundo de la temática y una labor cotidiana de coordinación con los diversos ministerios involucrados. Porque liderazgo es sinónimo de conocimiento, gerenciamiento y disciplina.
Otro elemento trascendente que en nuestro país no está funcionando: la participación ciudadana como cogestionadora de las políticas de seguridad. Las "mesas barriales" implementadas por el gobierno nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los "foros" en la provincia de Buenos Aires no se hallan bien estructurados ni organizados. No existe una usina estatal capacitada paraesto. No puede seguir utilizándose el remanido mensaje que la seguridad es un problema de todos, si no se ofrece nada a cambio. Para solicitar la intervención y la responsabilidad social, debe partirse del compromiso y responsabilidad del Estado.
Rol y perfil de las autoridades
En materia de seguridad hay principios irrenunciables, cuya ausencia lleva al fracaso. Se trata del perfil de las autoridades, que conlleva la firme voluntad política, la coordinación de políticas inter-áreas, la permanencia de los lineamientos diseñados, la participación comunitaria y el enfoque de resolución de conflictos. Esto es lo urgente.
Programas focalizados y experiencia de otros países
Existen innumerables programas de prevención del delito que han sido exitosos en otras latitudes. No es cuestión de importarlos sin más, pero existen muchos programas que se pueden adaptar a nuestras realidades.
Y hay ejemplos locales: en la ciudad de Cipolletti, en 2009/10 se rediseñó un programa integral de prevención del delito, que fue la experiencia piloto más relevante del país. Sin embargo, la actual administración comunal, sea por problemas financieros o por no interpretar debidamente los principios enunciados más arriba, está dilapidando paulatinamente los logros alcanzados. Entre las estrategias puestas en marcha, podemos resaltar la creación del Consejo de Seguridad (autónomo de la ciudad); un buen mapa del delito y una encuesta de victimización; una central de emergencias 109; los Programas de Violencia Familiar, Comunidades Vulnerables, Adolescencia Saludable, Creciendo Juntos, Nuestros Chicos a la Escuela, Cultura para Todos, Deportivo Municipal, Aprender para Emprender, No al Alcohol, Creación de los Consejos Barriales, de Mediación Comunitaria, entre otros.
Otorgarle importancia a la familia y a la escuela resulta trascendente. Es necesario el trabajo en talleres sobre alcoholismo, drogadicción, prevención del SIDA, prevención de embarazos precoces, consejos situacionales (para evitar ser víctima del delito y dificultar o impedir la labor del delincuente), prevención y canalización del enojo y la violencia, uso responsable de Internet, mejoramiento de las relaciones intrafamiliares (diálogo padres-hijos).
Proliferación de armas
El fácil acceso a las armas de fuego es uno de los factores de riesgo del delito, junto con la exclusión social, la desocupación, la deserción escolar, la cultura de la violencia en general y de la intrafamiliar en particular, el aumento del consumo del alcohol y las drogas y la falta de sentido de la vida (estos dos últimos principalmente en los segmentos juveniles), según estudios efectuados por la ONU, la OMS, el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad (CPIC), la Federación Europea para la Seguridad Urbana (FESU) y el Centro de Estudios para la Prevención del Delito de Universidad de Belgrano (CEPREDE).
La recompra de las armas de fuego no ha producido buenos resultados en general en los países que la implementaron, el nuestro entre ellos. Las campañas educativas permanentes y el decomiso masivo en zonas donde se conoce su mayor concentración (generalmente marginales), han producido los mejores resultados preventivos y reactivos.
Doctor en ciencias penales, miembro de la Asociación Internacional de Analistas Delictuales y director de Crime Down Consulting, consultora criminológica con sede en Los Ángeles, California
Con leves variantes de acuerdo a la idiosincrasia del lugar y a los sistemas judiciales, los sistemas que han dado resultado son los mismos en todo el mundo. Provienen de la criminología norteamericana.
Proliferación de armas
La proliferación de armas no incide en sí misma en el delito, sino cuando cae en el mercado negro. Para obtener un arma legalmente hay que cumplir suficientes requisitos. El problema es cuando hay grandes cantidades de armas ilegales, que con los fabricantes nacionales bastante controlados, vienen de la frontera. En ese punto, Argentina está mal porque tiene fronteras sin control, donde se intercambian mujeres por armas o mujeres por drogas.
La medida a tomar es el control de fronteras, que hoy no se está haciendo. Hay pasos fronterizos que directamente no se controlan. No se sabe qué ingresan las personas en los bolsos y paquetes que llevan, si son armas, drogas o qué.
Agencia Federal
El punto fundamental para controlar el crimen es crear una agencia federal contra el crimen organizado, como la trata o el narcotráfico. Una agencia como el FBI, que Argentina no tiene, lo que genera grandes problemas. De una provincia a otra es muy distinto el sistema de búsqueda de una persona, y las dificultades que eso genera las viví como abogado de la familia de María Cash.
Muchas veces se plantea que lo necesario para reducir el delito es generar inclusión social y combatir la desigualdad. Esos problemas pueden favorecer que una persona entre al delito, pero el factor central es el narcotráfico.
La misión de la Policía Federal está desnaturalizada, porque hace de policía local en Buenos Aires y se dedica a delitos menores y comunes. Debería reorganizarse y desplegarse por todo el país como una agencia federal. Para eso la capital debería tener una fuerza metropolitana con una cantidad de agentes del 5 por mil de sus habitantes. No puede tener menos de 25 mil, 30 mil miembros. Hoy tiene 2 mil y así no puede funcionar.
La capacitación de la policía es fundamental. Para que no sólo combata el delito, sino que también sirva a la población.
Además, debe haber una unidad de asuntos internos muy fuerte, que salga en operativos a la calle para observar si hay corrupción policial y connivencia con el delito. Cuando se le permite trabajar más libremente a la Policía, tiene que haber también una unidad de control fuerte.
Auditar, auditar en forma permanente el servicio brindado y los resultados obtenidos.
Eliminación del sistema de comisarías
Hay que ir hacia la eliminación del sistema de comisarías, que es arcaico. Debe haber patrulleros recorriendo las calles. En California nadie sabe dónde hay una comisaría y las denuncias se toman telefónicamente.
Hay que controlar desde las contravenciones hasta los delitos más graves. Desde el que tira basura en la calle hasta el narcotráfico. Es necesario mostrar que se trata de una sociedad ordenada, porque el orden llama al orden, mientras que el desorden llama al desorden.
La política no ha pensado en estas cuestiones. La provincia de Buenos Aires, desde hace un año a esta parte, está empezando a trabajar en programas interesantes. En San Luis, donde trabajé, se tomaron algunas de estas políticas y es una de las provincias más seguras del país.
El caso San Luis (ver más en Puntos Importantes)
Se puso el acento en la policía comunitaria y se aumentaron los agentes a un nivel inédito de 7 por mil. Sacamos a la policía a la calle, instando a que se denuncie por teléfono y vía web. Instalamos cámaras en los lugares problemáticos y a la entrada de los pueblos. También abrimos un laboratorio de análisis genético, instalamos lectores de huellas digitales en los patrulleros y se capacitó a la brigada de narcotráfico para que salieran a controlar en toda la provincia.
El servicio policial provincial va encaminado a la paulatina conversión del sistema predominantemente reactivo imperante en la provincia (el del policía en su comisaría esperando el llamado) por el de una nueva policía de carácter proactivo de base comunitaria, estratégicamente entrenada y localizada en la vía pública, que ya no será premiada por el delito que dilucide sino por el que previene y no se comete, evitando así nuevas víctimas.
Los resultados no se hicieron esperar: desde el inicio del plan hasta ahora, los robos calificados (nuestro principal objetivo) fueron reducidos en un 40% y los hurtos en un 15%.
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