La presentación será ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que había aceptado la posición de Griesa acerca de que Argentina incumplió la cláusula de "pari passu" con los holdouts y le solicitó al magistrado que determine cuánto y cómo debía pagar el país.
El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, calificó de "injusta" la medida, expresó su confianza de que la Cámara de Apelaciones la revoque, aunque advirtió que si la sentencia es desfavorable el Gobierno tiene decidido llegar hasta la Corte Suprema de los EEUU.
La medida no afecta el pago de u$s45 millones que debe realizar el país el 2 de diciembre, pero en cambio genera dudas sobre la cancelación de los u$s3.500 millones del cupón PBI que se debe abonar el 15 de diciembre.
Griesa dictaminó que la Argentina debe constituir un fondo de garantía de u$s1.330 millones en Nueva York si pretende realizar el pago del cupón PBI.
Lorenzino confía que la Cámara se expedirá antes de esa fecha y por ende no correrá riesgos el servicio del vencimiento programado.
El ministro fustigó el procedimiento de Griesa, que recibió nueve presentaciones de terceros que fortalecían la posición argentina y que en menos de 48 horas dictó el fallo.
Frente a esta situación el funcionario calificó a la medida de "colonialismo judicial", enfatizó que es "violatoria de la soberanía nacional" y dijo: "Sólo falta que nos mande a la 5ª flota".
En su fallo, el juez Thomas Griesa no sólo se ajustó al pedido de la Corte de Apelaciones de instrumentar la forma de pago, sino que además fue muy duro en sus fundamentos con diferentes expresiones políticas, incluidas manifestaciones de la presidente de la Nación, Cristina Kirchner.
"Sin duda, una circunstancia extraordinaria más grave surge de las continuas declaraciones de la presidente de la Argentina y el gabinete, señalando que la Argentina no honrará o llevará adelante las decisiones actuales de la Corte de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio en el que la Argentina es una parte", escribió Griesa en su opinión.
Pero luego fue más fuerte aún: "El gobierno argentino debe alejarse de estas amenazas poco aconsejables para desafiar las resoluciones judiciales. Cualquier desafío a ellas no sólo sería ilegal, sino que representan la peor clase de irresponsabilidad en tratar con la Justicia".
"La Argentina debe esto y lo debe ahora", dijo el juez con una contundencia inusual.
"Debería enfatizarse que estas son deudas actualmente contraídas, no deudas espaciadas sobre períodos de tiempo futuros", agregó a la hora de explicar que ordenaba pagar lo vencido.
La Presidente, en un discurso en Villa Constitución había dicho que "no pagaremos de cualquier modo" y citó conceptos del ex presidente Néstor Kirchner del año 2004 sobre los llamados fondos buitre.
"No se trata de ideologías, no se trata de capricho, de temeridad, verborragia, inflexibilidad o como quieran llamarlo", puntualizó la Presidente.
Qué dijo Griesa
El juez del Distrito Sur de Manhattan utilizó conceptos contundentes para rechazar la pretensión del gobierno argentino de bloquear el pago a los holdouts.
En su fallo, Griesa dijo que "a los fondos NML y Aurelius se les debería pagar al mismo tiempo o antes que a los tenedores de bonos que aceptaron los cambios".
Griesa rechazó los argumentos de los tenedores de bonos que participaron en los canjes que sostenían que un pago completo a estos fondos y a la docena de particulares que hicieron juicio, incluidos algunos argentinos, infringiría sus derechos.
"Al aceptar las ofertas de canje de treinta centavos de dólar, los tenedores de bonos que participaron en el cambio negociaron por la certeza y para evitar la carga y el riesgo de litigar", escribió el magistrado.
"Por otra parte, no es una injusticia tener fallos jurídicos que, por fin, implican que la Argentina debe pagar las deudas que debe. Después de diez años de litigio esto es un resultado justo", dijo el juez.
El fallo puso también límites a los bancos y agentes financieros intervinientes en la operación.
Entre esos bancos está el Bank Of New York Mellon, que es la entidad que transfiere fondos desde la Argentina a los tenedores de bonos del país.
La Argentina argumentó que la entidad "no es una oficina de pago de país sino que es un agente fiduciario de los bonistas".
En tanto, la entidad sostuvo que la medida cautelar podría interferir con sus deberes para con los tenedores de bonos del canje y podría causar una interrupción en los sistemas de pagos bancarios internacionales, en general muy automatizados.
Griesa dijo que los argumentos de BNY Mellon "pasan por alto lo central" y que si la Argentina sigue la decisión de la Corte de Apelaciones no habrá "ningún problema" para que el dinero termine en las cuentas correctas.
Pero además, sentenció que si la Argentina trata de hacer los pagos a los tenedores de bonos que entraron al canje, en violación de la decisión de la Corte, esas instituciones pagadoras "serán hechas responsables" de garantizar que no están tomando medidas para violar la ley.
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