El cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) hace mañana cinco años cambió el mundo de los medios de comunicación en Venezuela y supuso un precedente que ha condicionado la forma de hacer información en el país suramericano desde entonces.
"No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión", dijo Chávez el 28 de diciembre de 2006, al adelantar que esa frecuencia sería otorgada a una nueva televisión gubernamental, Tves.
El anuncio, que se haría efectivo el 27 de mayo del año siguiente, causó un gran revuelo en el país, multitudinarias marchas y críticas de gobiernos e instituciones alrededor del mundo.
"Tuvo un impacto muy grande porque era un medio audiovisual de mucha audiencia al que se le castigó por su línea editorial. Eso generó muchísima más presión sobre otros medios porque era como una punta de lanza, era el medio más grande", dijo a Efe el director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa.
Radio Caracas Televisión (RCTV), que inició sus emisiones en 1953, fue el primer canal comercial de Venezuela. Con una programación generalista y, sobre todo, de entretenimiento fue uno de los principales impulsores de la llamada época dorada de la telenovela venezolana.
En 2007, el canal daba trabajo a unas 8.000 personas y tenía alrededor del 30 % de la audiencia, seguido de cerca por otro canal privado, Venevisión. En sus últimos dos años de vida RCTV se caracterizó por tener una marcada línea crítica con las políticas del Gobierno. Chávez ordenó en junio de 2006 revisar las concesiones a las emisoras que caducaban en 2007 y que, según él, apoyaron el golpe que lo derrocó brevemente en abril de 2002.
Para el director de la cadena, Marcel Granier, la salida del aire de RCTV marcó un avance de "la dictadura" en Venezuela, donde, dice, se vulnera la libertad de expresión con una "censura feroz" y no existe independencia judicial.
"Aquí lo que hemos visto es un avance de un régimen dictatorial. (Chávez) se ha retratado como lo que es, como un dictador, como una persona que no cree en la democracia por más que trate de disimularlo", dijo el pasado miércoles 23 de mayo el empresario en un encuentro con medios internacionales.
Especialistas en medios de comunicación como Carlos Correa aseguran que la desaparición de RCTV de la parrilla televisiva marcó un "hito" en la libertad de expresión del país al disminuir la oferta televisiva; generó "muchísima intimidación y miedo" e, incluso, indujo a cambios en la línea editorial de algunos medios.
Recordó, asimismo, otros episodios gubernamentales que indujeron a la auto-censura, como el cierre por parte de 34 emisoras de radio privadas en agosto de 2009 con el argumento de que operaban de forma "ilegal".
"Hay una pérdida del vigor del debate. Eso no quiere decir que no haya medios de comunicación que todavía son independientes y críticos, pero la sociedad venezolana creyó que hacer críticas al Gobierno tiene consecuencias y consecuencias que pueden llevar al cierre", señaló Correa.
Cinco años después, los medios de comunicación son constante objeto de polémica en Venezuela. El ente rector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sancionó en octubre pasado a Globovisión con una multa de 9,3 millones de bolívares (unos 2,1 millones de dólares, el 7,5 % de sus ingresos brutos en 2010) "por el comportamiento editorial y el tratamiento" que le dio a la cobertura de una crisis carcelaria.
Tras la renovación ayer de la licencia de Venevisión por cinco años más, el presidente de Conatel, Pedro Maldonado indicó que "la no prórroga de cualquier concesión de radio o de televisión es una potestad unilateral del Estado venezolano", según reflejaron medios locales.
"En el caso de RCTV, hace cinco años, se tomó la decisión ajustada a la Constitución y a las leyes de no prorrogar la concesión. Ningún medio de comunicación es propietario de la libertad de expresión, el espectro radioeléctrico a través del cual transmite su programación es un bien de dominio público", dijo.
En 2011, Espacio Público contabilizó 224 ataques a la libertad de expresión en Venezuela, un 15,46 % más que en 2010, de las que el Estado es el principal causante con un 62 % de los casos.