El general de división en retiro Tomás Ángeles, de 69 años de edad y que era considerado cercano colaborador del ministro de Defensa, Guillermo Galván, está detenido desde el pasado martes en la fiscalía especializada contra delincuencia organizada de la Procuraduría General (PGR, fiscalía). Junto con Ángeles, ex viceministro de Defensa y el militar de mayor rango detenido en México por presuntos nexos con el narcotráfico, se produjeron otros dos arrestos de menor impacto, el del general brigadier en activo Roberto Dawe el mismo martes, y el de Ricardo Escorcia, del mismo grado y ya retirado, este jueves.
Ángeles y Dawe ya fueron interrogados por la fiscalía antidrogas y este jueves esa dependencia informó en un comunicado que había obtenido de la justicia la detención provisional de ambos durante 40 días sin tener que presentar cargos formales en su contra. En dicho documento se reveló que forman parte de una "investigación por delitos de delincuencia organizada iniciada en marzo con antecedentes en otras indagatorias de 2009, entre cuyas evidencias están los testimonios de varias personas procesadas, entre estas, algunos militares".
Una fuente de la fiscalía comentó bajo anonimato que los militares son investigados a partir de la declaración de una testigo protegido, que los acusa de recibir presuntos "sobornos" del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Lo anterior fue confirmado por Alejandro Ortega, abogado del general Ángeles, en declaraciones a la emisora Milenio, pero aclaró que las acusaciones por la "supuesta entrega de dinero del narcotráfico" son hechas por "testigos de oídas, que nunca lo vieron" al militar y no descarta un trasfondo político del caso. "Han sido violados sus derechos individuales porque no han permitido que se defienda con un abogado particular, no he podido hablar con mi cliente", protestó.
Para el también ex general de división y ex diputado federal Luis Garfias, la detención de Ángeles es un asunto "penoso", que "lastima la dignidad del Ejército", según declaraciones al diario La Jornada.
Pero familiares del militar defienden la inocencia de Ángeles, dicen estar abiertos a que se investiguen sus propiedades y denuncian supuestas motivaciones políticas en plena campaña electoral para la elección presidencial del 1 de julio. "Creemos que esto tiene tintes políticos", sentenció Adriana Ángeles, hija del general, en una entrevista que el diario Reforma publica este jueves.
La prensa mexicana recordó que el general Ángeles participó el pasado 9 de mayo en un foro sobre seguridad organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo candidato, Enrique Peña Nieto, lleva una ventaja de unos 20 puntos sobre la aspirante del Partido Acción Nacional (PAN, gobierno), Josefina Vázquez.
En ese foro, Ángeles criticó la estrategia antidrogas del Calderón y subrayó la necesidad de "establecer objetivos de seguridad para tener rumbo" y reconoció que en el operativo militar se han cometido violaciones a los derechos humanos "porque donde hay injusticia, inevitablemente hay violencia".
Sobre este caso, Peña Nieto sostuvo que el general retirado no forma parte de su equipo formal de campaña y que participó en el foro "en atención a su perfil profesional".
El candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se proceda contra los militares "con apego a la verdad" y "sin inventar nada".
En un comunicado difundido la media noche del miércoles, la fiscalía general sostuvo que las investigaciones contra Ángeles y Dawe se realizan "con pleno derecho a sus derechos" y que el caso "carece de connotación política o de relación alguna con las campañas en curso".
Tras llegar al poder el 1 de diciembre de 2006, el presidente Calderón lanzó una estrategia militar contra los cárteles de la droga que, junto a las pugnas entre los propios grupos de narcotraficantes, derivó en más de 50.000 homicidios, incluido un número indeterminado de personas ajenas al crimen organizado.
Con Ángeles, Dawe y Escorcia, suman al menos ocho los generales del Ejército mexicano que han sido investigados desde 1997 por presuntos nexos con el narcotráfico y sólo uno de ellos ha sido exonerado de los cargos.