La Cámara alta dio media sanción -con 16 votos sobre 31- a la iniciativa de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de dictadura y que retira la pretensión punitiva del Estado, en un último intento para lograr que los crímenes de lesa humanidad sean juzgados.
El texto los tipifica así y no como homicidios muy especialmente agravados, tal como lo exigía el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en contra de la postura de la Suprema Corte de Justicia, que establecó la prescripción a partir del 1 de noviembre.
El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, que lo votará el miércoles, de acuerdo con el carácter de urgente consideración con el que ingresó el texto al Congreso.
La sesión estuvo marcada por un clima tenso que derivó en fuertes cruces entre los senadores del Frente Amplio (FA) y los de la oposición.
El más fuerte estuvo protagonizado por el oficialista y secretario general del Partido Comunista Eduardo Lorier, quien consideró que quienes no votaran el proyecto "defendían la impunidad y defendían a los secuestradores".
Tras esa intervención, el ex presidente y senador Luis Alberto Lacalle respondió: "Nunca vimos algo tan violento como lo que dijo Lorier sobre los que votamos distinto. Nunca fui tan agraviado". "No le vamos a permitir que nos haga cómplices de los delitos", agregó.
Lorier volvió a pedir la palabra y le contestó: "El sayo que se lo ponga quien quiera. Lacalle se ha puesto un sayo que no le hemos colocado".
El legislador Jorge Saravia, por su parte, pidió que se respete la Constitución y el voto del pueblo mientras golpeaba la mesa con una Constitución. "El pueblo, para bien o para mal, nunca se equivoca, porque es el que lauda", subrayó.
En tanto, el presidente José Mujica se alejó de la discusión por el mantenimiento de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura militar. "Eso que lo arregle el Parlamento", señaló.
Consultado sobre los dichos del senador Pedro Bordaberry, quien criticó al FA por desconocer pronunciamientos populares en torno a la Ley de Caducidad, indicó: "Creo que todos cometemos errores y también el doctor Bordaberry. Cometió un error garrafal. Creo que es un error de pasión y la dejo por ahí".
La decisión de oficialismo de jugar una última carta para procesar a los militares obtuvo, además de los cuestionamientos de la oposición, una inmediata reacción de los uniformados retirados, que anunciaron que denunciarán a la Justicia delitos cometidos por los ex guerrilleros.
La medida fue aprobada por el plenario de Centros Militares. "Se trata de que sea un hecho de estricta justicia", afirmó Guillermo Cedrez, presidente de la institución.
"El pacto de San José de Costa Rica y la sentencia de Gelman en su parte positiva dicen que no se admite ningún tipo de amnistías, entonces tampoco se admiten las amnistías que se les dio a los guerrilleros en 1985", consideró.
Las demandas comenzarán contra 34 ex miembros de los grupos armados que nunca fueron juzgados. Cedrez advirtió que el manejo "imprudente e inescrupuloso de los derechos humanos provocará un desasosiego de la paz social".