La semana pasada, el presidente Felipe Calderón por primera vez tildó públicamente de terroristas a los traficantes. "Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites, no sólo de la ley, sino del elemental sentido común y del respeto a la vida", declaró el mandatario tras un ataque a un casino que dejó 52 personas muertas.
El miércoles, un juez acusó a dos individuos de terrorismo y sabotaje por supuestamente difundir por Twitter rumores de presuntos tiroteos y otros episodios de violencia relacionados con el narcotráfico que causaron pánico en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.
Mike Macul, un representante republicano presentó un proyecto de ley que establecía que toda persona que ofreciese a los narcotraficantes dinero, identificaciones, alojamiento, entrenamiento, armas o transportes se exponía a condenas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua e incluso pena de muerte. Por aquel entonces, el gobierno de Barack Obama lo rechazó, al igual que autoridades de México. Sin embargo, el gobierno de Calderón parece no estar tan en desacuerdo ahora.
Sistema jurídico ineficaz
La ley mexicana persigue por terrorismo a quien utilice explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego u otro medio para realizar ataques que produzcan alarma o terror, mientras que la definición de los Estados Unidos abarca también a quienes intentan influenciar al público o al gobierno.
Las autoridades mexicanas han rechazado reiteradamente la noción de que hay vínculos entre los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como al-Qaida.
"Las organizaciones delictivas transnacionales que operan en México y los Estados Unidos -y en todo el hemisferio- no son organizaciones terroristas", declaró el embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhan. "No tienen motivaciones políticas ni una agenda ideológica, sólo tratan de defender su negocio ilegal", explicó.
Aunque no se tienen noticias de que en México operen organizaciones terroristas, desde el 2007 han sido procesadas al menos 29 personas por terrorismo y se ha investigado a por lo menos 86 por ese mismo delito, según un informe que obtuvo la AP haciendo uso de las leyes de libertad de información mexicanas. Se ha acusado de terrorismo a miembros de los cárteles que lanzan granadas y colocan bombas.
Andrew Selee, quien dirige el Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars, una organización de estudios con sede en Washington, dijo que los fiscales mexicanos apelan a cualquier herramienta disponible para encarcelar a los narcotraficantes. "México emplea las leyes antiterroristas para tratar de conseguir condenas en un sistema judicial inefectivo, que necesita desesperadamente ser reformado", expresó. "Pero sería un error pensar que los grupos del crimen organizado son terroristas. (Los cárteles) funcionan más como una mafia que como Al Qaeda", añadió.