"El sistema no está hecho para disminuir los delitos, sino para encarcelar personas", advirtió el ombudsman capitalino en diálogo con La Crónica de Hoy, y refutó la hipótesis del gobierno local que cree que la superpoblación en las prisiones traerá aparejado el descenso de la delincuencia.
En los penales funcionan estructuras de poder, "entran por un problema menor y salen con encargos específicos", afirmó González Placencia. Para que la reclusión "surtiera efecto", las presiones tendrían que cambiar a fondo: "Habría que desestructurar las estructuras corruptas de poder".
Rosalinda Salinas Durán, también de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, informó que trabajan en 1.600 quejas, de las cuales, el 90% son urgentes. Entre los problemas, "los reclusorios son lo más preocupante", porque en ellos funciona un sistema corrupto, "resultado de prácticas de muchos años atrás".
La funcionaria explicó que el problema se agrava por la presencia de mujeres y niños y "porque hay, de hecho, penas accesorias, incluso para los procesados no condenados". Viven en un entorno propicio "a múltiples violaciones de los derechos humanos, empezando por el grado de hacinamiento", detalló. En total, hay registrados 42 mil reclusos, cuando las cárceles capitalinas tienen un cupo máximo de 20 mil.
Según los funcionarios, esta situación en el sistema penitenciario de la capital mexicana se agravó en los últimos ocho años. "Hay dos elementos que están detrás de esto. Uno es la política de incentivos, de premiar a los policías por cada detención; otro es la reforma de 2003, que calificó al robo, que es el más común de los delitos, como delito grave", detallaron.
"Entonces, la gente está en la cárcel por robar unas galletas en el Wal-Mart. El sistema no está hecho para disminuir los delitos, sino para encarcelar personas", advirtió el ombudsman. Para el funcionario habría que multiplicar los juicios orales, porque esta metodología "elimina espacios de opacidad, porque en ellos es más difícil fabricar pruebas".
Marcelo Ebrad, alcalde de la capital, propuso -a principios de marzo- grabar los juicios con el objetivo de "transparentar los procesos". La iniciativa surgió tras el escándalo desatado por el documental Presunto culpable que narra la historia de un joven condenado a 20 años de prisión por un asesinato que no cometió.
En su momento, Ebrard aclaró que antes de llevar a cabo el proyecto, en la ley se debe establecer la protección de los datos personales y derecho a la privacidad. Por ello, dijo que en caso de que prospere su proyecto, se respetará a la víctima. "No es necesariamente para difusión en todos los medios, sino para crear un sistema público en donde se pueda videograbar esto. Tendrían acceso los jueces, las defensas de unos y otros; y también puede ser auditable respecto a cualquier juicio".
Más allá de la propuesta de Ebrad, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguró que "el foco rojo en derechos humanos" en la capital se ubica en el sistema penitenciario.
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