Desde que en julio de 2010 la policía antidrogas de Ecuador decomisara un submarino de fabricación local, capaz de cargar 12 toneladas de cocaína, cuyo primer destino final iba a ser México, se comprobó que la fragilidad institucional del gobierno de Rafael Correa había convertido al país en una ruta principal del tráfico de cocaína de Colombia.
Correa le había pedido a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia: "Tiene que cuidar la frontera para que no nos veamos involucrados en un problema que nos daña, pero que no es nuestro". Sin embargo, el decomiso del submarino reveló que Ecuador es centro de la logística del delito que involucra a las FARC y a México.
En 2009 un grupo de trabajadores de los muelles colombianos encontró US$27 millones ocultos en un embarque de fertilizante que provenía de la localidad mexicana de Manzanillo. Poco después la policía colombiana detuvo a un mexicano en un caso que demostró las relaciones de la narcoguerrilla y el Cartel de Juárez, que intercambiaban armamento por drogas.
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