Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogado, señaló que el crecimiento de la violencia en México lleva a que jueces y abogados "en muchas ocasiones no puedan actuar con libertad", ya que sufren "amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas".
"El crimen, particularmente el de carácter organizado, busca infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y amenazas", apuntó Knaul, quien tras su visita de 15 días al país, en los que se ha reunidos con autoridades gubernamentales, presentará un informe completo en junio de 2011.
La especialista elogió los controles de confianza instaurados para verificar la lealtad de los agentes para con la ley, pero aseguró que ese tipo de medidas "no han sido suficientes".
Por otra parte, Knaul también hizo hincapié en una posible reforma al fuero militar, un reclamo de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, que han denunciado los excesos y abusos cometidos por el Ejército contra la población en la llamada guerra al narcotráfico.
En ese sentido, precisó que la reforma debería ir encaminada a que la justicia militar en México "no sea competente tratándose de casos de violaciones de derechos humanos y que no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles".
En sintonía con lo que ya había recomendado la ONU a México, Knaul consideró que la figura judicial del arraigo, empleada habitualmente por el Gobierno para retener a presuntos narcotraficantes por un periodo de hasta seis meses mientras construye un caso contra ellos, violenta la presunción de inocencia, por lo que no debería utilizarse. "Lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar", explicó.
También debería prescindirse de las presentaciones de presuntos criminales ante los medios antes de que sean sometidos a proceso judicial, dijo la especialista en relación a la decisión de la Policía federal de difundir a menudo interrogatorios grabados en vídeo.
Por último, Knaul señaló que "el acceso a la justicia sigue siendo una deuda para muchos mexicanos, especialmente para aquellos que viven en una situación de pobreza".
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