Puga es el titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja mendocina y uno de los principales investigadores del terrible suceso. En C5N explicó que durante seis meses estuvieron trabajando para que dentro de la familia "alguien se quebrara y denunciara el caso" y que "ahora buscan que eso desemboque en una represalia".
"El fiscal ha estimado en 50 años la pena", aseguró y agregó que cree "que van a ser efectivos".
El diputado confirmó que hubo varias denuncias en diferentes años, entre ellas las de una maestra de la mujer abusada y de un vecino de la familia, que no fueron tenidas en cuenta o fueron archivadas y que se investigará a todos los involucrados.
"Es una trama de errores gravísimos que, en un acto de autocrítica, demuestra el fracazo de las instituciones mendocinas que tienen que proteger la niñez y el funcionamiento familiar", señaló Puga.
Esta mañana se había anunciado una conferencia de prensa en la que hablaría uno de los hijos del imputado. Sin embargo, éste no habló ya que la Justicia consideró que eso atentaba contra el resguardando de los niños de la familia de acuerdo a lo que ordena el Tratado de Internacional Costa Rica.
En relación con los hijos menores de Armando Lucero, Puga recalcó que están a cargo del Juzgado de Familia ya que se considera que todo el núcleo familiar encubrió la situación.
"La chica no estaba encerrada en una casa sin poder salir, sino que estaba presa psicológicamente. No habla con los vecinos ni con nadie", dijo Puga y agregó que se la convirtió en "un ente a merced de las vejaciones".
En ese sentido resaltó que no tiene "ninguna duda de que la madre fue cómplice". También explicó que el hijo que hizo la denuncia se fue de la casa paterna a los 17 años y en reiteradas oportunidades denunció formalmente la situación hasta que llegó a la Legislatura de esa provincia.
"Al principio teníamos incredulidad, era tan aberrante el hecho que se lo podía tildar de fabulador, pero en tanto fuimos investigando nos dimos cuenta de que era cierto", dijo.
El fiscal imputó a Lucero, de 67 años, como supuesto autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo". El detenido está acusado de haber violado sistemáticamente desde los 8 años a una de sus hijas, que hoy tiene 35. La mujer habría tenido siete hijos con él.