El sindicado jefe narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias "Marcos", llego al país extraditado desde Paraguay, para ser juzgado por tráfico de drogas y tres homicidios. El detenido fue trasladado al Palacio de los Tribunales, donde quedó a disposición de la justicia alojado en la Unidad de Detención 28.
"Marcos" estuvo prófugo desde agosto de 2007 hasta noviembre de ese mismo año cuando fue detenido en Asunción del Paraguay. La orden de captura internacional del sospechoso había sido librada por el Juzgado Federal 2, a cargo del juez Jorge Ballesteros, en la causa por narcotráfico en la villa 1-11-14.
Además, el sospechoso está imputado en una causa por triple homicidio agravado que lleva adelante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción 37, a cargo de Pablo Ormaechea. Estos asesinatos fueron cometidos el 11 de febrero de 1999, cuando al menos cuatro hombres llegaron a una cancha de fútbol situada dentro de la villa del Bajo Flores porteño y atacaron a tiros a los que jugaban, tres de los cuales murieron.
Entre otros antecedentes, Marcos fue condenado el 6 de julio de 2004 a tres años y dos meses de prisión como miembro de una asociación ilícita que operaba en la villa 1-11-14 "concretando un sinnúmero de delitos, extremo que acrecienta el riesgo procesal verificado", según el fallo de esa condena.
Tras recuperar la libertad, Marcos fue declarado prófugo en la causa por el triple crimen y se cree que escapó del país el 8 de mayo de 2007 junto a su mujer en una avioneta que robó del aeroclub de la ciudad bonaerense de Saladillo.
Por el momento se desconoce si la mujer sigue en territorio paraguayo. La fuga de la pareja ocurrió dos días después de que la suegra de Marcos, "Doña Lily" Lucila Enríquez Alarcón, fue detenida junto a otras 20 personas en un megaoperativo antidrogas en la villa 1-11-14.
Por esa causa, la mujer está procesada con prisión preventiva acusada de ser la organizadora de una asociación ilícita dedicada a la venta de droga y lavado de dinero, mientras que en otra irá a juicio oral acusada de haber amenazado a vecinos de su barrio y haberlos obligado a mudarse.
Este expediente derivó de la causa por los homicidios de cinco peruanos cometidos en octubre de 2005 durante una procesión religiosa en la villa 1-11-14.