Sorpresivo alegato de la defensora de Menéndez

La defensora oficial de Luciano Benjamín Menéndez y otros ex represores de la dictadura afirmó hoy que la reanudación de los juicios a militares representa "inseguridad jurídica" e invocó para sus defendidos las leyes de amnistía Obediencia Debida y Punto Final, ya declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Ese curioso alegato defensivo del ex jefe del III Cuerpo de Ejército y otros seis ex camaradas suyos fue expuesto por la defensora oficial Mercedes Crespi, que además cuestionó el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como los que se atribuyen a sus asistidos, informó la agencia de noticias DyN.

"¿No será que en realidad la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no era costumbre en la Argentina? ¿Y por qué fue incorporado en nuestro ordenamiento en el año 2003?", preguntó Crespi a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº1.

Y prosiguió: "Mis defendidos están amparandos por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El resguardo de la ley es superior a todo", cuestionando la declaración de inconstitucionalidad de esas normas de amnistía, que habían sido promulgadas en 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Finalmente coronó su particular alegato considerando que la reanudación de los juicios contra los represores "tiene un solo nombre, un triste nombre: inseguridad jurídica".

Para esta tarde está previsto que el otro defensor oficial, Máximo Liva, prosiga con el alegato
 
Desde esta mañana, en el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba se escuchan los alegatos de los abogados defensores de los ocho ex militares que están siendo juzgados por secuestro, tortura y muerte de cuatro militantes políticos en 1977.

Los abogados que representan a los acusados son Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, que patrocinan a Jorge Acosta, y Mercedes Crespi y Adriano Liva, defensores de Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone, informó La Voz del Interior.

La semana pasada, los abogados de la querella y la fiscalía pidieron la pena máxima para los acusados: prisión perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone, y penas que van de 18 a 25 años para Rodríguez, Acosta y Vega, debido a que sobre ellos no recaería la figura penal de homicidio, aunque sí la de secuestro y aplicación de tormentos.

Las víctimas son Humberto Brandalisis, Ilda Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y asesinados en un simulacro de enfrentamiento callejero con las fuerzas de seguridad el 15 de diciembre de ese año, luego de haber sido sometidos a todo tipo de tormentos en el centro clandestino de detención conocido como La Perla, Córdoba.