El director del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner, admitió que es imposible saber cuántas armas ilegales circulan en la Argentina y culpó de esa situación a que nunca antes hubo una política clara para controlar el armamento y a sus usuarios.
En ese marco, el funcionario convocó a la ciudadanía a entregar aquellas armas que no utilicen para impedir que ese material pueda terminar vendiéndose en el mercado ilegal y perjudicar penalmente a los propietarios.
"Ya sabemos que los delincuentes no van a participar de este plan. Esto no tiene nada que ver con la delincuencia. Pero de alguna manera puede ayudar a que indirectamente mejore la situación de inseguridad, porque es un hecho que cuando un ladrón entra a una casa y encuentra un arma, se la lleva", aseguro Meiszner en una entrevista que brindó a la agencia DyN.
El martes, el RENAR lanzará un programa nacional de entrega voluntaria de armamento, con el fin de disminuir el uso y proliferación de armas, evitar accidentes y eventuales tragedias generadas por la facilidad de acceder a un arma y promover la cultura de la violencia.
De hecho, esa entrega tendrá una retribución: el propio Estado le comprará esas armas para luego destruirlas. Es que, según admitió el funcionario, "lamentablemente, la experiencia mundial indica que lo que mejor funciona como incentivo es un monto de dinero".
Con este plan, una persona que tiene un arma no reglamentada, podría recibir hasta 450 pesos por entregarla anónimamente, en las bocas habilitadas por el RENAR, durante los próximos tres meses.
Justamente, el programa será presentado oficialmente en la ciudad bonaerense de Necochea, junto a los padres de Alfredo Marcenac, el chico que fue asesinado hace un año por un joven que abrió fuego sobre un grupo de transeúntes en el barrio de Belgrano.
Según la causa judicial que investiga el crimen, si el RENAR hubiera tenido una política de control activo, el joven estudiante de Necochea quizás estaría vivo.
El médico particular al que acudió Martín Ríos, el detenido por este caso, para dar cuenta de su buena salud física a la hora de recibir un arma, recomendó a las autoridades que el joven sorteara una consulta psicológica, pero el consejo fue desoído y el organismo le entregó la licencia al muchacho, que hoy esta en un neuropsiquiátrico, a la espera de juicio oral.
El llamado "tirador de Belgrano" fue precisamente el que activó este programa de controles que el RENAR puso en marcha: Desde ahora, los usuarios tienen que pasar por diferentes test de aptitud física y psíquica, no pueden tener antecedentes penales de ninguna clase, están obligados a acreditar medios de vida lícitos y deben renovar sus licencias pasando antes por un examen de puntería.
Sin registros
Al menos legalmente, existen en la Argentina 1.250.000 armas que están en manos de unos 600 mil civiles. Muchos de esos usuarios tienen más de diez armas en su poder.
Pero ese es sólo el total de armas registradas. El problema se agrava si uno considera que, al menos desde que la Nación se hizo cargo del órgano administrativo que debe fiscalizar las armas, nunca hizo un inventario sobre cuánto armamento realmente existe en el país.
Así lo planteo Meiszner, a cargo del RENAR, al admitir en la entrevista con DyN que es imposible saber cuál es el verdadero universo de armas que circulan en el territorio argentino.
"Hasta el 1993, las autorizaciones las daban las policías provinciales. A partir de ahí pasó a depender del Ministerio de Defensa de la Nación, pero desde agosto del año pasado pasó a la cartera del Interior, donde nos ordenaron que este organismo dejara de ser algo meramente administrativo y pasara a tener políticas dinámicas", explicó.
Meiszner, encargado de la tarea, aseguró que el principal problema es "de información" y se quejó porque, por ejemplo, nunca se le informó a la ciudadanía qué hacer con un revólver o una pistola que tiene en su casa, porque pertenecía a algún familiar ya fallecido.
"La gente puede encontrarse con esa situación y guardar el arma porque no sabe qué hacer con eso. De hecho, sólo en Capital Federal, tras haber intimado a aquellos usuarios que tenían las licencias vencidas, se recuperaron 5 mil armas" sin ningún pago a cambio, aseguró.
Por eso, el director del RENAR confía en que, si todo sale como esperan, podrían llegar a recuperar unas 40 mil armas en todo el país, cuando se implemente este programa de entrega voluntaria, anónima y retribuida.
Frente a eso, el RENAR puso precio a las diferentes armas que circulan en el circuito legal y fijó como tope un total de 450 pesos. En algunas provincias, incluso, este incentivo económico por parte del gobierno nacional también tendrá su "bonus track" a nivel local con entradas a espectáculos o eventos deportivos. "Esto no tiene nada que ver con la delincuencia. El plan apunta a la concientización de lo que es tener un arma en la casa.
Ningún delincuente va a entregar un arma, eso es un trabajo más de las fuerzas de seguridad y de los jueces que para un ente administrativo, pero este plan abarca los dos aspectos: la posibilidad de que anónima y voluntariamente entreguen sus armas que están o no registradas", dijo.
Según señaló, este escenario "le quita la presión a la persona que sabe que está en infracción porque hoy tiene un arma registrada, que tiene miedo de ir y entregarla o no quiere entregarla porque no quiere ser legitimo usuario".
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