Huelga de hambre mediante, los docentes mantuvieron ese reclamo por 1003 días, hasta fines de 1999, con la que lo convirtieron en un símbolo del gremialismo docente.
Además acoplaron ese reclamo a otras protestas similares que se desarrollaban desde 1995 y que se expresaron en cortes de ruta, movilizaciones y marchas federales, que llegaron desde el interior hacia Buenos Aires.
Las exigencias eran complementarias: aumentos salariales, defensa del mercado interno, mejoras educativas, políticas productivas y de sustitución de importaciones, y suspensión del pago de la deuda externa tomada durante la última dictadura militar, entre otros.
Junto a los docentes estuvieron los familiares de José Luis Cabezas, los de María Soledad Morales y de las víctimas de la AMIA y la Embajada de Israel.
También se manifestaron los padres de Miguel Bru y Sebastián Bordón, dos víctimas del "gatillo fácil" policial, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; los curas Carlos Cajade y Luis Farinello, y la monja Marta Peloni.
Escritores, artistas, deportistas, cantantes, músicos, actores y distintas personalidades nacionales dieron su apoyo al reclamo que fue centro convocante de actividades culturales -se hicieron casi cien conciertos y otras tantas representaciones teatrales, muestras plásticas y de danza-.
La protesta se fue extendiendo en el tiempo y las "carpas blancas" se multiplicaron en las distintas provincias con un reclamo común: una Ley de Financiamiento Educativo que permitiera resolver la crisis del sector y engordar los salarios docentes.
Según analizó la CTERA, "ese posicionamiento popular sostenido y organizado desde la Carpa jugó un papel significativo en la derrota electoral del menemismo en octubre de 1997".
Entre 1998 y 1999, los maestros juntaron, con otros gremios, 300 mil firmas para pedirles al Congreso y al gobierno de Menem una ley que pudiera dar salida a crítica situación del sistema educativo.
Finalmente, después de extensas negociaciones empantanadas por la administración central a través del Ministerio de Economía que lideraba Roque Fernández, se logró un consenso que conformó a la CTERA, pero incluyendo una cláusula de garantía estatal para evitar que el Fondo de Financiamiento Educativo quedara atado a la recaudación.
Con el acuerdo, el Gobierno evitó que los docentes llegaran a la Plaza de Mayo en la movilización del 11 de septiembre de 1998 y dos meses después fue aprobada la ley, pero el Poder Ejecutivo vetó la cláusula de la garantía.
La Carpa Blanca continuó mientras se desarrolló una "campaña" contra el impuesto a los automotores -establecido para conformar el fondo- y la protesta siguió casi hasta el 30 de diciembre de 1999.
En el último mes de 1999, cuando asumió el gobierno de la Alianza, el Congreso aprobó, dentro del Presupuesto nacional, la creación de un fondo de $660 millones con Recursos del Tesoro Nacional y dejó sin efecto el impuesto automotor a partir de 2000.