La Justicia española citó a Isabel pero no la detendrá

Así lo informaron fuentes judiciales españolas y explicaron que el juez de instrucción madrileño Juan del Olmo decidió citarla para comunicarle el nuevo pedido de arresto en lugar de detenerla por la causa que investiga el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina.

Además, las autoridades ibéricas esperan que la Argentina solicite la extradición de la ex presidenta, quien ya rechazó ese procedimiento en otra causa que se le sigue en el país.

La semana pasada, Isabel Perón, de 75 años, fue detenida en cumplimiento de una orden librada por la Justicia Federal de Mendoza-y puesta en libertad condicional pero con arresto domiciliario en las afueras de Madrid.

En aquella ocasión, la policía española había concurrido a su domicilio de Valle Uzalba 16, en la residencial localidad de Villanueva de la Cañada, en Madrid, pero ahora deberá oncurrir por sus medios.

Luego de cuatro horas de arresto, el juez del Olmo le había concedido la libertad provisional en virtud de su edad superior a 70 años y por razones de salud.

En la causa que lleva adelante el juez federal de San Rafael, Raúl Héctor Acosta, se intenta determinar la responsabilidad de Isabel en los crímenes cometidos durante su gobierno tras la firma del decreto que ordenó la "aniquilación" del accionar de la subversión.

El juez Acosta investiga la desaparición de personas durante el gobierno constitucional previo a la última dictadura militar. En el marco de esa causa también son investigados el ex senador Antonio Cafiero; el diputado Carlos Ruckauf, el ex presidente provisional del Senado Ítalo Argentino Luder, el ex canciller Manuel Arauz Castex y los ex ministros de Defensa Tomás Vottero y de Bienestar Social Carlos Emery.

En los próximos días, a Isabelita también se le notificará la orden de arresto por el expediente que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide, quien la procesó porque "en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional -el de Bienestar Social- se habría gestado y habría funcionado la asociación ilícita denominada Triple A".

"Dentro de sus oficinas se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios", agregó el magistrado en los fundamentos del procesamiento y el pedido de detención internacional.

Agregó: "existen constancias acerca de compra de armamento al extranjero a través del Ministerio de Bienestar Social, encabezado por José López Rega, tal como lo han declarado -entre otros- Alejandro Ferrreira Lamas y Horacio Alfonso Sierra, no pudiéndose descartar que en las operaciones hubiera intervenido directamente el Poder Ejecutivo Nacional".