Una movilización de jóvenes a la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas, se produjo ayer para exigir la destitución y enjuiciamiento del ministro del Interior y Justicia venezolano, Jesse Chacón, por el brutal asesinato, hace dos semanas, de tres estudiantes a manos de agentes policiales del régimen de Hugo Chávez.
La mayoría de los jóvenes que marcharon ayer portaban camisetas que identificaban a organizaciones políticas opositoras como Primero Justicia y el izquierdista Bandera Roja. Otros llevaban camisetas con las siglas de las principales universidades del país, según revela el diario Miami Herald.
Los jóvenes entregaron en la Asamblea Nacional un documento al presidente del Legislativo, diputado oficialista Nicolás Maduro, en el que pidieron la destitución de Chacón, a quien acusan de ser en última instancia el responsable de la muerte de los tres estudiantes a manos de agentes policiales.
El suceso ocurrió la noche del lunes 28 de junio cuando efectivos dispararon contra el automóvil en que se desplazaban seis jóvenes, tres mujeres y tres hombres, que presuntamente ignoraron un puesto de control militar y policial en Caracas, por lo que los efectivos abrieron fuego, continuó el diario.
Un camino de retrocesos
(EFE) - La reorganización de cuerpos policiales en Venezuela, incluso la desaparición de alguno, parece inminente tras la muerte de tres estudiantes en una brutal acción policial, que el propio gobierno calificó de "asesinato y ajusticiamiento".
Ya fueron destituidos 30 funcionarios relacionados con el oscuro suceso de hace dos semanas en Caracas, en el que agentes encapuchados mataron "a quemarropa" a tres estudiantes e hirieron a tres alumnas de la Universidad Santa María.
La operación fue llevada a cabo por 26 miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), que confundieron a los estudiantes con un grupo de maleantes que había matado días antes a un agente policial, según la investigación oficial.
Los implicados en la "masacre de los estudiantes", como llama la prensa al caso, han sido imputados por el Tribunal 20 de Control por "triple homicidio calificado, cometido con premeditación y alevosía, motivos futiles e innobles".
Igualmente han sido acusados de "homicidio frustrado" contra las tres jóvenes heridas y "uso indebido de armas de fuego".
Una semana antes de la "masacre", el Gobierno ya anunció la reestructuración de la DISIP, tras la fuga de la cárcel de un importante narcotraficante colombiano, cuya extradición solicitó EEUU.
También en junio, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó cerrar una base de la Guardia Nacional (GN), policía militarizada, en la frontera con Brasil, donde grupos de mineros habían denunciado violaciones de derechos humanos.
Además de GN, Cicpc, DISIP y DIM, operan en Venezuela más de 20 policías estatales y 300 municipales, además de la Policía Metropolitana (PM) de Caracas.
El ministro del Interior, Jessy Chacón, propuso la creación de una Policía Nacional como solución a la crisis de los cuerpos de seguridad.
Chacón señaló al diario El Universal que está "convencido" de que la unificación de los cuerpos de seguridad es la "única vía" mediante la cual se puede transformar la cultura de la policía venezolana.
El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Carlos Correa, dijo a EFE que en Venezuela "existe un problema estructural, vinculado con la violencia y que éste no es reciente".
También indicó que las muertes debidas a acciones policiales presentadas como enfrentamientos o resistencia a la autoridad crecieron en el 300 por ciento en los últimos diez años.
Detalló que "por cada policía muerto fallecieron 49 ciudadanos, lo que pudiera indicar que bajo el patrón de 'ajusticiamiento' hay alta probabilidad de que se estén escondiendo situaciones como la ocurrida con los estudiantes".
La posible desaparición del Cicpc y la reorganización de la DIM fue planteada por Chávez, quien ordenó desmantelar una división completa en la DIM, inmediatamente, tras conocer los episodios de muerte.
"No podemos tener asesinos con carné en la calle, matando gente", señaló el gobernante al asegurar que prefiere quedarse sin policía a que se mantengan este tipo de prácticas.
Según datos de la UNESCO, Venezuela ocupa el tercer lugar como país más violento en América latina, tras Colombia y Brasil, mientras Caracas se sitúa en primer lugar entre todas las ciudades venezolanas.
El presidente de la Comisión de Política Interior, Nicolás Sosa, declaró a EFE que en los últimos cinco años el Legislativo ha recibido unas cinco mil denuncias de particulares y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sobre violación de derechos humanos perpetrados por funcionarios policiales.
En lo que va de año la Asamblea Nacional ha recibido unas dos mil denuncias que involucran a los distintos cuerpos de seguridad en la comisión de delitos, mientras la Fiscalía de Venezuela ha reportado 2.500 casos de ajusticiamientos, entre el 2000 y 2005.