El boliche de la tragedia "República Cromañón" tenía la habilitación de los Bomberos vencida desde el 24 de noviembre último, aunque las modificaciones que se le habían practicado habían dejado inválido el certificado oficial.
Así surge de un documento que el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, difundió el lunes en conferencia de prensa, que revela la existencia de al menos tres controles efectuados durante el 2004, el último culminado el 10 junio del año pasado.
El "Certificado de Inspección Final", número 000035, de la Superintendencia Federal de Bomberos establece que "el inmueble destinado a local bailable, sito en Bartolomé Mitre 3060/66/70/72 posee el servicio contra incendio y demás elementos complementarios".
Sin embargo, el aval posee fecha del 24 de noviembre de 2003 y concluyó con una leyenda clave para las investigaciones: "El presente documento tiene validez por el término de un año, a partir de su emisión. El mismo deberá ser reactualizado para la cumplimenta la ordenanza municipal 50.250".
El documento con las verificaciones realizadas por la Unidad Polivante de Inspecciones -la última hecha el 24 de mayo y contestada el 10 de junio- y el certificado de Bomberos fueron encontrado hoy en la nueva sede de la dirección de Seguridad y Justicia y enviada a la jueza que entiende en el caso, María Angélica Crotto.
El expediente también revela que es Mario Díaz, con DNI 12.829.917, quien se presentó como responsable del local "República Cromañón" y podría correr suerte similar al detenido Omar Chabán, el empresario dueño de la marca y que alquiló las instalaciones a la sociedad anónima Lagarto, cuyo presidente -según figura en la habilitación de 1997- era Urbano Chaves.
De todos modos, las modificaciones que se le practicaron, vía instalación en el cielorraso de una media sombra y material inflamable para mejorar la acústica del local, ya dejaron sin validez la certificación, debido a la "modificación de las condiciones de seguridad", según confiaron portavoces oficiales consultados por DyN.
Ibarra, luego de difundir el documento, manifestó que el permiso de Bomberos vencido por fecha y cambios, el cierre de la puerta de emergencia, el ingreso de mayor cantidad de gente que la permitida, más la falta de controles de ingreso de pirotecnia y el hallazgo de cajas de esos artefactos explosivos en una oficina del local "se combinaron en una actitud que fue decididamente criminal".
El jefe de gobierno resaltó que los responsables debieron acudir a renovar el permiso de los bomberos para continuar funcionando, pero admitió que el mismo ya no tenía validez por los cambios efectuados y que no fueron advertidos porque "los inspectores no están capacitados para determinar riesgo de incendio".