El lado B del Plan Maestro: carencias y necesidades detrás del imperioso proyecto educativo

Culminó la primera parte de ciclo lectivo y las disidencias continúan. Mejorar la calidad educativa del país es uno de los grandes desafíos tanto para el Gobierno actual como para las autoridades venideras. Desde hace décadas el nivel en materia de educación transita por la curva descendente y aquella consideración como ejemplo de exportación que la enseñanza local supo ostentar fue expirando. Argentina pasó de ser un referente en la región a tener que explorar métodos y alternativas que dieron éxito en otras naciones.

La situación actual está enmarcada bajo distintas aristas. Por un lado, el pobre nivel. Los magros resultados en las pruebas Aprender y Pisa reflejan el preocupante estado. La escasez de logros es un derivado de los bajos niveles de desempeños académicos que a su vez está ligado no solo a las capacidades y la preparación de los alumnos, sino también al acceso y las desigualdades en cada punto del país.

Por otra parte, está el permanente marco de crisis en el plano docente que se repite en cada inicio de ciclo lectivo. Disidencias entre autoridades y educadores en negociaciones salariales y objetivos a futuro que desembocan en largas semanas de paro. Una discusión en la que, independientemente de las razones esgrimidas, las mayores víctimas son los estudiantes, que no asisten a clases.

"El contexto educativo actual se podría describir como en etapa de 'sinceramiento'. Hay que enfrentar la realidad y llamar a las cosas por su nombre. El nivel de deserción y abandono de los estudios dejó de ser un problema técnico, pedagógico: es un drama social que condiciona severamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país", comentó a Infobae el doctor Julio Durand, decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral.

La respuesta gubernamental fue el lanzamiento del Plan Maestro. La propuesta consiste en un proyecto de acción a largo plazo, que con 108 objetivos pretende el consenso y compromiso de cada uno de los actores del sistema, desde los miembros políticos hasta los docentes y las familias. La iniciativa, aún en proceso, fue bien recibida. "Varias de las metas prioritarias señaladas por el Plan me parece que van en la dirección correcta, al buscar mecanismos de información y evaluación que son indispensables para la toma de decisiones en políticas públicas educativas", opinó Durand. Sin embargo, también incluye algunos puntos que despertaron críticas.

Para Durand, la mayor duda que se plantea es la capacidad "operativa" de llevar a la práctica las ambiciosas metas: "Si no hay capacidad para resolver problemas básicos, como un conflicto salarial, es razonable que muchos se muestren descreídos sobre el abordaje de los problemas de fondo -adujo-. ¿Cómo se va a reformar radicalmente el estatuto docente para que refleje los estándares profesionales exigidos por la educación en el siglo XXI? No se percibe un liderazgo suficientemente fuerte para mover a la sociedad a que exija un cambio de reglas en la dinámica que imponen los gremios docentes, y se agrava el desprestigio de la profesión docente".

"Los países que reformaron exitosamente sus sistemas educativos lograron que la sociedad transmitiera un mensaje fuerte a quienes continuaban mirando hacia el pasado, los aislaron y acotaron su influencia, para que las mayorías silenciosas de docentes, trabajadoras, comprometidas con sus alumnos, con sus vocaciones, liberaran sus energías innovadoras y superadoras", amplió.

Durand considera a la tendencia a equiparar lo público con lo estatal como la principal limitación del enfoque. "La educación es un bien público, en el sentido de que debe ser custodiado por toda la sociedad. Las instituciones educativas de gestión privada han sido claves en su contribución al desarrollo de una educación, y esto no se refleja en varias de las metas propuestas".

Por ende, para asegurar el éxito propone la inclusión de todos los protagonistas: "Se tiene que dejar un mayor espacio a la iniciativa de las comunidades, a las familias de las escuelas -especialmente estatales-, para que puedan exigir cuentas a directivos y docentes de sus hijos, y con los medios adecuados intervenir en decisiones de mejora en las instituciones. Es el enfoque fomentado por la responsabilidad social educativa, que me parece muy sugerente".

Desde la organización "Educar 2050" especificaron a Infobae los desafíos que el Plan Maestro enfrenta para su concreción. Según el criterio, destacaron los tres más relevantes. El primero es que contemple planes específicos contra la pobreza a través de políticas educativas. Reducir metas para lograr equidad y darle prioridad a las escuelas más vulnerables. "Consideramos recomendable que el Plan dedique un capítulo especial a este aspecto en acción combinada con los Ministerios de Acción Social, Salud y Trabajo, cuestión de consolidar una serie de medidas para la emergencia aludida", sostienen.

En el plano federal, los puntos de partida en virtud de las particularidades y problemáticas contextuales, son diferenciales. De este modo, unas metas pueden resultar más pertinentes y alcanzables que otras, según jurisdicción y la obtención de la adscripción al plan en su totalidad también puede variar. "Nos preguntamos en qué medida la implementación considerará recursos diferenciados para favorecer que cada una de las jurisdicciones alcance las metas establecidas", dijeron.

Acerca del monitoreo del plan, puntualizaron la necesidad de garantizar la existencia de fuentes de datos confiables y accesibles para cada una de las metas establecidas para garantizar la transparencia y evaluación del plan. "En este punto vale mencionar dos aspectos centrales: quién monitoreará y cada cuánto se rendirá cuentas a la sociedad sobre el avance del plan y, por otro lado, de qué fuentes de datos se alimentará dicho monitoreo", especificaron.

De los debates de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) surgieron otros aspectos relevantes que compartieron con Infobae.

– El plan parte de una inconsistencia metodológica en y para el análisis, ya que se basa mayormente en datos publicados en 2010 y que fueron recabados entre 2008 y 2009. Las metas no se definen con claridad, contradiciendo, incluso, otros documentos suscriptos por el Consejo Federal de Educación.

– Se identifican omisiones importantes que refieren a discusiones y derechos fijados en la Ley de Educación Nacional (2006). Las más notorias son las que atañen a la Educación Sexual Integral (ESI) y a la educación en derechos humanos, dos terrenos en los que hubo avances importantes en los últimos años. También, omisiones graves en cuanto al compromiso, por ejemplo, con la primera infancia.

– En cuanto a la formación docente, los mecanismos establecidos se concentran en la aplicación de evaluaciones y en la valoración de maestrías, omitiendo el trabajo que llevan a cabo los institutos superiores de formación docente, y la labor de articulación y organización temática desarrollado desde 2007 por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

– Se pone en evidencia que la diversidad es concebida por esta propuesta solamente en lo ateniente a los pueblos indígenas (a partir de datos obtenidos en 2004), sin contemplar información precisa sobre el acceso de esta población a escuelas de educación intercultural bilingüe (EIB) y sin ponderar en qué medida el Estado se hace cargo de garantizar el derecho de estos pueblos a una educación que respete sus lenguas y sus cosmovisiones.

– Tampoco se reconoce el derecho a la educación que posee la población migrante y su efectivo ejercicio en la actualidad. De este modo se puede observar que es limitada la consideración de las distintas identidades en el acceso a la educación y que es subestimada la complejidad en la que los y las docentes trabajan en la actualidad.

– En cuanto a la educación especial, la propuesta parte de datos también desactualizados (que se remontan al 2010) y supone que la clave de la educación inclusiva está únicamente en manos de los y las docentes y en la construcción de "perfiles profesionales" para tal fin. Omitiendo de esta manera otras obligaciones estatales acerca de la cuestión.

"Si bien no se cuestiona la Ley de Educación Nacional, se desconocen los avances que han surgido de su aplicación en estos años y de la perspectiva de la Educación comprendida como un ámbito atravesado por múltiples factores que deben ser atendidos en su especificad y en su confluencia", concluyeron.

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