El caso de Gustavo Rivas, el abogado de Entre Ríos que llegó a ser candidato a gobernador de la provincia y fue denunciado por abusos sexuales y corrupción de menores, todavía conmociona a la ciudad de Gualeguaychú. El acusado se presentó este lunes en los Tribunales a declarar y hasta brindó una bochornosa rueda de prensa ante los medios en la que pareció burlarse de la situación.
Rivas fue denunciado a mediados de julio luego de una investigación periodística de la revista Análisis, acusado de haber corrompido a más de 2 mil adolescentes desde 1970 hasta al menos 2010. Según consta en la Justicia, el letrado "les pasaba a los jóvenes videos pornográficos; los masturbaba; les practicaba sexo oral; se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano, en encuentros semanales en su casa".
El fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, abrió una causa e imputó al abogado por el delito de "corrupción y promoción de la prostitución de menores de edad".
En este marco, Rivas acudió a los Tribunales a las 8 de la mañana en compañía de su abogado Raúl Jurado. Allí, se topó con un gran número de periodistas que iniciaron una ronda de preguntas. Allí sonrió de manera irónica y solo se limitó a hacer muecas y sonidos ante cada respuesta. "Mmm, mmm, mmm", fue lo único que salió de su boca.
Si bien se estima que los abusos de Rivas comenzaron hace casi cincuenta años, fue recién gracias a la publicación de la revista que varias de las víctimas se animaron a dar su versión sobre lo vivido.
Uno de los testimonios fue de Martín Daneri, de 55 años, quien habría sido una de las primeras víctimas: "Nos pasaba películas pornográficas en 8 milímetros, hacía que nos excitáramos, nos hacía masturbar en grupo y nos filmaba tanto la cara como el cuerpo entero y hasta el momento de eyacular. Él se desnudaba completamente, se tiraba en la cama y nos medía el miembro erecto de cada uno", afirmó.
Si bien gran parte de los casos pudieron haber quedado prescriptos, ese no sería el caso de una de las acusaciones con más peso: se investiga una presunta captación de chicos del albergue Manuel Alarcón, que dependía del Consejo Provincial del Menor.
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