El juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale quedó en el centro de una tormenta judicial. Después de haber denunciado irregularidades en la investigación de dos hechos consecutivos ocurridos en la feria La Salada, un cuerpo de fiscales que lleva todas las causas vinculadas a ese centro comercial le devolvió la "gentileza" y pidió su recusación por considerar su trabajo carente de parcialidad.
El requerimiento lleva la firma del fiscal Sebastián Scalera, del equipo que trabaja en casi 20 causas vinculadas a La Salada, en nombre de la Fiscalía General de Lomas de Zamora, y apunta contra Vitale. Por eso, el jueves 9 se llevó a cabo una audiencia entre las partes ante la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Jorge Tristán Rodríguez, Tomás Bravo y Martín García Díaz, para que todos expongan sus fundamentos.
Scalera acusa a Vitale de haber aportado a la prensa información sensible de la causa en la que se investiga el desalojo de 7.000 puestos (ordenado por el juez en cuestión) y los desmanes que le siguieron, ocurridos en abril de 2015, y de haber manifestado parcialidad, de "manera flagrante", según se lee en la requisitoria a la que tuvo acceso Infobae.
Lo que denunció Vitale fue la desaparición de pruebas en esa investigación por extorsión, coacciones y amenazas, pero el jueves 9 por la mañana ante los jueces de la Cámara, Vitale negó haber dado información sensible, y aclaró que sólo comunicó su denuncia. Según el magistrado en las causas por el desalojo de los puestos y los hechos violentos que le siguieron faltan discos con audios de escuchas y fojas numeradas. A pesar de que hizo una denuncia penal, las pruebas hasta ahora no aparecieron.
En aquellos disturbios ocurridos en la madrugada del 15 de abril de 2015, generados a partir del desalojo de los puestos, hubo enfrentamientos con ametralladoras y un herido de bala, y se sospecha que estuvieron involucrados barras de Boca, que dominan parte del territorio. A cargo de aquella investigación quedó el fiscal Carlos Baccini, quien en ese momento agrupó todas las causas de La Salada (luego la Fiscalía General de Lomas armó un equipo especial), y pidió una serie de allanamientos que no fueron aprobados por Vitale, porque consideró que no guardaban relación con los allanamientos anteriores.
El juez sospechaba de la inclinación que estaba llevando la investigación. Ante el requerimiento de la faltante de prueba pidió que se investigue un posible delito de acción pública. El fiscal rechazó la acusación y dijo que la numeración al pie del expediente no es para tomar en cuenta como registro.
Esa sospecha de Vitale es la que le sirve a Scalera para apuntar contra el juez. Según su pedido de apartamiento el magistrado "ha afectado su imparcialidad o, al menos, la misma se encuentra seriamente comprometida". Por eso asegura que Vitale "ha comprometido seriamente la investigación".
Ahora será la Cámara de Apelaciones la que decida sobre el futuro de Vitale en el curso de la causa por el desalojo y los hechos violentos en La Salada, un espacio de negocios y disputa de poder que involucra a fuerzas de seguridad, dirigentes políticos y también integrantes de la Justicia.
No obstante, en este caso, también se vislumbra otra disputa. Vitale y Baccini integran una terna de candidatos a ocupar un lugar como juez de Cámara en el nuevo Polo Judicial de Lanús.