Altos funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Gobierno realizaron días atrás una inspección en varios sectores del complejo penitenciario federal N° 1 del partido bonaerense de Ezeiza, donde constataron las condiciones de detención que tienen los presos comunes. Se trata del penal en el que están detenidos el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, los operadores Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, y acusados de narcotraficantes, como Mario Segovia, el denominado "rey de la efedrina".
Según se pudo constatar en las 10 fotos publicadas por el Centro de Información Judicial, se registraron deficientes condiciones de detención, entre las que se destacaron falta de higiene, lugares comunes sin las condiciones mínimas de salubridad y seguridad y alimentos de dudoso valor nutricional.
"A tres años de la creación del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, miembros de las distintas instituciones que integran el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles recorrieron los distintos sectores del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza", informó el CIJ oficialmente y agregó que la revisión se realizó "por casi siete horas", lapso en el cual "los funcionarios inspeccionaron la Unidad Residencial de Ingreso, donde prestaron especial atención a los pabellones donde se encuentran las personas con resguardo de integridad física. Asimismo, monitorearon los módulos I, III y IV, y el Hospital Penitenciario Central que también forma parte del Complejo".
La comitiva estuvo integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Sergio Paduczak y Cristina Deluca Giacobini, por el Poder Judicial; mientras que por el Ministerio Público Fiscal, asistieron los fiscales Miguel Palazzani, José Nebbia y Abel Córdoba; la médica psiquiatra Laura Sobredo, integrante del equipo interdisciplinario de Procuvin, y la coordinadora del área de encierro, Bárbara Franco. Por la Defensoría Pública Oficial, estuvo Ricardo Richiello, cotitular de la Comisión de Cárceles; y por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la coordinadora del equipo de asesores de Ezeiza Victoria Grinberg y la jefa del área de salud mental Liliana Martínez. Además, asistió como actuaria la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher.
Al finalizar la recorrida, la comisión realizó las observaciones más urgentes e intercambiaron opiniones con las autoridades del Complejo y, dirigiéndose a todos los presentes, el juez Hornos dijo: "Mi propuesta es la siguiente, pongámonos todos del mismo lado, porque el plan, nuestra ideología es el plan de la Constitución Nacional: cárceles sanas y limpias. No hay otro plan que no sea el de la Constitución Nacional y todos tenemos que empujar en ese sentido y hacia ese lado. Hagámoslo juntos, con poco se puede hacer mucho en las unidades penitenciarias y estoy seguro que podemos hacerlo juntos. Lo que hacemos por uno, lo hacemos por todos".
De todos modos, este relevamiento, que tuvo en cuenta las características y particulares circunstancias de los lugares de alojamiento, producirá un informe detallado y, en su caso, señalamientos, observaciones, recomendaciones y seguimiento de las cuestiones urgentes resueltas en el momento y en el lugar, indica la información oficial del CIJ.
"Entre los objetivos buscados está el de garantizar los derechos que las personas no pierden por su detención, como el derecho a la vida y a la dignidad y el acceso a los servicios de salud".
El control amplio y efectivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad constituye una propuesta de cambio cultural en el ámbito judicial; así como una evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones penitenciarias y las condiciones de detención, mirar tras los muros desde la óptica de los derechos y ya no de las prohibiciones", estableció el Centro de Información Judicial.
"Los monitoreos, conforme los realiza el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, constituyen instrumentos idóneos de prevención y protección de derechos humanos, y procuran requerir de manera inmediata las reales condiciones de alojamiento, mediante la recorrida no guiada y la observación directa de la estructura material de alojamiento y sanitaria, el relevamiento de aspectos como el trato y el régimen de vida, la alimentación, la atención médica y también las calificaciones y el debido proceso en el régimen sancionatorio administrativo; así como el acceso a los períodos de la progresividad", se indicó.