El juez federal Sergio Torres tiene a su cargo una investigación en la que está imputado el presidente de la Nación, Mauricio Macri. De hecho, la carátula de la causa 18.708/2016 es "Macri, Mauricio y otros sobre asociación ilícita". En ese expediente se investiga, entre otras cosas, si el gobierno favoreció a la empresa Avianca por tener vinculaciones comerciales con la familia Macri.
La empresa Avianca es controlada por el mismo fondo de inversión que con la firma Avian compró en octubre de 2016 la histórica compañía de taxis aéreos de la familia Macri: MacAir.
El gobierno de Macri le adjudicó a Avian "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo"-16 rutas aéreas- que comenzará a explotar en breve. Por eso, se inició una causa judicial por negociaciones incompatibles con la función pública en la que están imputados Macri y su padre Franco, entre otros tantos.
Torres avanza en la investigación a punto tal que en junio pasado ordenó varios procedimientos en diferentes dependencias del Estado nacional.
Como parte de la investigación para determinar si hubo un negociado con Avianca- y con otras líneas aéreas autorizadas por el gobierno a volar-, el juez Torres pidió información sobre la situación actual del Aeropuerto de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery.
Los informes recibidos provenientes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, indican que ambas aeroestaciones están trabajando al "límite" de su capacidad. Es por ello que algunos vuelos que antes operaban desde y hacia Aeroparque serán derivados a Ezeiza.
A la situación actual de funcionamiento hay sumarle la expansión del mercado anunciada por el gobierno nacional a partir del inicio de la operaciones de las líneas conocidas como "low cost".
También complica la operación en Aeroparque la programada construcción de la denominada Terminal Presidencial y un hangar donde será sometido a mantenimiento el avión que comprará el Ejecutivo.
En un escrito al que accedió Infobae, el juez señaló que, "en ajustada síntesis, la documentación recabada hasta el momento no sólo es ilustrativa en cuanto al arribo de las denominadas 'low cost' al país, sino también respecto de los distintos extremos que ya venían generando el colapso de las operaciones aéreas, particularmente en el Aeroparque 'Jorge Newbery', y que derivaran en la restricción antes mencionada que conllevará el traslado paulatino de casi la totalidad de los vuelos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A ello, deben sumarse los eventuales trabajos de refacción y acondicionamiento del nuevo hangar presidencial, siendo que el ingreso de personal y vehículos afectados a tales menesteres necesariamente generará un mayor tránsito en la zona. Frente a este panorama, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos operadores y rutas aéreas, el incremento de operaciones que ocurrirá a partir del 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aquellos eventos que podrían implicar un movimiento adicional de personas y maquinarias; entiendo pertinente requerir al señor Ministro de Transporte de la Nación, al Administrador Nacional de Aviación Civil; y al presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos –a través de la/las gerencia/s que estime pertinente/s-; la elaboración de un informe pormenorizado, relativo a las gestiones que se han concretado, se encuentran en curso o que en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio".
El juez Torres resumió: "En definitiva, teniendo en cuenta la incidencia que los sucesos mencionados tendrán en el tráfico aéreo de la República Argentina y a nivel mundial, deberán poner en conocimiento del tribunal si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque 'Jorge Newbery' y en el Aeropuerto Internacional 'Ministro Pistarini' de Ezeiza".
En el ámbito estatal, Torres envió hace dos semanas oficios al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al administrador nacional de Aviación Civil, Juan Irigoin, y al presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Patricio Di Stéfano. También dirigió oficios similares a las empresas Aeropuertos Argentina 2000 y a London Supply, que tienen a su cargo la explotación de las aeroestaciones y del free shop respectivamente.
El juez solicitó un informe pormenorizado a cada uno de los entes estatales en el que debe detallarse "lo relativo a las gestiones que se han concretado, se encuentran en curso o que en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio".
Y además a las empresas privadas que tienen la explotación de los aeropuertos y el free shop les pidió que detallen "las inversiones destinadas y/o que a futuro se pretenden efectuar en infraestructura, instalaciones, modernización tecnológica o cualquier otra mejora en las estaciones aeroespaciales que administran".
El juez está preocupado por la seguridad y por eso les reclamó información a los actores estatales y privados relacionados con la aviación.
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