Denuncian colapso en el organismo que controla a los presos que salen de la cárcel

El Patronato de Liberados es la institución encargada de controlar a los condenados que salieron de la cárcel bajo un régimen de libertad condicional, prisión domiciliaria y las condenas en suspenso. Mediante entrevistas, seguimiento y hasta con ayudas económicas debe fomentar la reinserción de los ex detenidos. Sin embargo, en la actualidad se encuentra totalmente desbordado.

Según reveló un informe especial de Periodismo para Todos, sólo en la provincia de Buenos Aires hay 48 mil condenados con "probation" que deberían ser controlados por el Patronato bonaerense. Para esta tarea apenas cuenta con 600 asistentes sociales.

Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos del gobierno de María Eugenia Vidal, no deja dudas al respecto: "El Patronato no está funcionando, hay un 40% de reincidencia. La asistencia que se da no es la adecuada".

En uno de los edificios del Patronato en La Plata, los expedientes apilados en los pasillos y hasta en el garaje son una muestra patente del colapso del sistema.

"Si una persona sale tras una condena por violación no se hace ningún control. Depende de que la persona vaya al Patronato a firmar, pero si no firma no pasa nada", afirma Canón.

Por su parte, los asistentes sociales experimentan a diario la falta de recursos en carne propia. "A mis compañeras les han puesto armas en la cabeza, les han robado y las han amenazado; por un sueldo de 12 mil pesos", relató Claudia Malaret una de las funcionarias.

Al momento de realizar los estudios socioambientales, los asistentes viajan en colectivo para visitar el lugar donde vivirán los ex detenidos. Incluso se pagan sus propios boletos.

Pero hubo un caso reciente que marcó un antes y un después. En mayo del 2013, en Miramar, Laura Iglesias fue violada y asesinada por uno de los expresos que tenía que controlar. "Se empezó a sentir miedo", reconoció Malaret. No obstante, asegura que su trabajo realmente hace una diferencia y se podría "hacer mucho más".

Tobilleras electrónicas

En la actualidad unos 1577 detenidos con prisión domiciliaria que utilizan una tobillera electrónica para ser controlados. La cifra creció a un ritmo del 50% anual durante los últimos años pero el personal encargado del control sigue siendo el mismo.

Los dispositivos se colocan en cualquiera de las piernas del detenido y emiten una señal que recibe otro aparato instalado en la vivienda. Si el condenado se aleja de la zona delimitada, corta la pulsera o esta pierde contacto con el cuerpo, se envía un alerta al centro de monitoreo.

Allí, el personal de control se encarga de llamar al domicilio para corroborar que no se haya escapado. Unos 12 presos por mes rompen la pulsera, 58 se escaparon en lo que va del año.