El sacerdote Carlos Eduardo José, del colegio San José Obrero de la localidad bonaerense de Caseros, renunció en las últimas horas luego de que se conociera la denuncia de dos ex alumnas, que aseguran haber sido abusadas cuando eran menores de edad.
Esta mañana, el vicario del obispado de San Martín, Eduardo González, confirmó la dimisión del sacerdote y dijo que ya había sido presentada 15 días antes de conocerse la noticia. "Nosotros no tenemos ya jurisdicción sobre él", dijo el religioso. Y se mostró a favor de que se denuncien este tipo de casos. "Todo abuso probado es un pecado y además, es un delito", manifestó.
Una de las denunciantes, Mailín Gobbo, relató los aberrantes actos que atribuye a a José, "Cuando me llevaba a confesar me hacía sentarme en su pierna y ponía su mano en mi zona", contó al borde del llanto, en diálogo con el canal de noticias TN.
La joven confesó que necesitó de muchos años de terapia psicológica para asumir lo que le había pasado y animarse a denunciar al religioso, que era cercano a su familia. Además dejó saber que la primera vez que sufrió un abuso por parte de José fue en la pileta del colegio.
La declaración estuvo en sintonía con el testimonio de Jazmín, otra denunciante del sacerdote, la que sin conocer lo que le había sucedido a Mailín, denunció: "Me acuerdo que el me agarraba con el motivo de enseñarme a nadar y por debajo del agua me manoseaba".
La denuncia fue realizada en abril pasado, a pesar de que los hechos datan de hace varios años. Las dos chicas declararon ante la Justicia y aportaron pruebas al caso que ahora está en manos de la FiscalÍa Nº14 de San Martín y que ya imputó a José.
Según dejó saber Mónica, mamá de Mailín, su hija debió dejar inclusive la facultad para someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico, tras un intento de suicidio.
Luego de una carta de los padres de Mailín al obispo de San Martín, Guillermo Rodríguez Malgrejo, la diócesis informó a la familia que tomaría cartas en el asunto. Sin embargo y si bien prometieron un castigo para el sacerdote dentro del marco del derecho canónico, nunca habría ocurrido.
Fue al ser madre que Mailín encontró las fuerzas necesarias para denunciar formalmente ante la justicia a José, según contó la misma joven, por el miedo que le produjo pensar que su hija podía ser víctima de algo así.
Tras las denuncias y al comenzar a conocerse la noticia en Caseros, el propio sacerdote envió una carta a la madre de la joven:
"Cuando vinieron a hablar conmigo, me quedé conmocionado, paralizado, me parecía increíble. Lo único que atiné a decir al ver tan mal a personas que tanto quiero, es pedir perdón por el dolor que causaba. Pero les aseguro que nunca tuve mala intención. Quizás demasiado cariñoso, como ella también era cariñosa conmigo. Nunca estuve a solas con ella, en la parroquia siempre con algún animador o catequistas y otros chicos. Cuando salía con ustedes vos estabas presente. Quizás pude ser imprudente jugando con ella, pero nunca con mala intención. Hay profesionales que escarban y hacen ver abuso donde no lo hay. Yo no tuve mala intención. Hasta hace poco, cuando iba a tu casa y estaba Mailín siempre me recibía con alegría. El año pasado, como tantas y tantas veces, cuando hablamos por teléfono me dijo que me quería mucho. Tan malo no debía ser. Siempre fueron ustedes muy especiales para mí. Jamás los lastimaría. Los quiero de corazón. No sé qué hacer para aliviar el dolor que causé involuntariamente. Sé que lo contaste a mucha gente. Pero te aseguro que nunca tuve mala intención. Estoy muerto en vida, bajé 3 kg. La angustia me acompaña por haberlos perdido como amigos. Perdón. No sé qué más hacer… No sé si esti sirve para algo, pero tenía la necesidad de decírtelo. Siempre los quise mucho. Carlitos".
Según explicó al mismo canal de noticias Marcelo Lapargo, fiscal general de San Martín, a pesar del tiempo que pasó del hecho denunciado, varios de los casos que se imputan al cura todavía no han prescripto. "Hay varios testimonios muy sólidos y muy coherentes", dejó saber, antes de precisar que el religioso enfrentaría una pena de al menos 8 años de prisión.
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