En los últimos ocho años la propuesta fue presentada dos veces en el Congreso de la Nación y en ambos casos desestimada. Ahora, la exposición mediática de la carrera ilegal que dos camionetas de alta gama corrieron por la Ciudad a 240 km/h, reactivó el proyecto.
Se trata de una iniciativa que propone, entre otros puntos, que el exceso de velocidad deje de ser una contravención, pase a ser considerado un delito y que se pague con la cárcel y la quita del carnet de conducir.
La propuesta fue elaborada desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida en 2009, y ya dos diputados la llevaron al Congreso: el primero fue Ramón Ruiz (Frente para la Victoria-PJ), fallecido en 2010 y ex presidente de la Comisión de Tránsito, y el segundo Gerardo Milman, actual secretario de Seguridad Interior.
"La presión mediática es muy importante para que diputados y senadores cumplan con su deber", explicó en diálogo con Infobae esta semana el director de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira.
Las palabras de Silveira hacen referencia a que el impacto que tuvieron en las últimas semanas las imágenes de Alejandro Radetic en una Porsche Cayenne y de Alejandro Biscardi a bordo de una Dodge RAM a más de 200 km/h por el centro porteño, fueron la excusa perfecta para reflotar el pedido.
El proyecto, que en las dos oportunidades en que fue presentado en el Congreso ni siquiera se llegó a tratar, propone penar con "prisión e inhabilitación especial para conducir automotores a quien condujere cualquier tipo de vehículo a una velocidad superior en 40 km/h a la máxima establecida para esa autopista, semiautopista, ruta, avenida o calle".
Posiciones encontradas
"Mi miedo al tratar proyectos así es pedir la penalización de todos estos hechos y que después caiga todo en la misma bolsa y no quede detenido ninguno", opinó Viviam Perrone, hasta 2012 presidenta de Madres del Dolor.
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"Trato de ser lo más realista posible, me parece bien que por unos meses les quiten el carnet, pero cuando no hay muertes la cárcel me parece que no", opinó Perrone, mamá de Kevin Sedano, quien murió atropellado en 2002 en avenida del Libertador, en Olivos.
"La persona condenada tiene que ir a la cárcel sin haber matado a nadie. Después es demasiado tarde", contrapuso el presidente de Luchemos por la Vida, subrayando que es el objetivo que persigue el proyecto, que también busca que se le aplique la pena "a quienes conduzcan con más del doble de alcohol en sangre" y "manejen estando inhabilitados".
![(Fuente: Luchemos por la Vida)](https://www.infobae.com/new-resizer/JCMe4WPhNQiuS0zLh0612_1SkSY=/420x560/filters:format(webp):quality(85)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/05/11164351/2017-05-11.jpg 420w)
En esa línea Silveira quiso hacer alusión al caso de España, donde desde que este tipo de hechos se penan con la cárcel, las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron en un 15 %.
El reclamo se da en la misma semana en que fue liberado Alejandro Radetic, el piloto de Top Race que participó de la picada en 9 de Julio, luego de que no hubiera más elementos para que continuara detenido.
Según precisó a este medio el fiscal a cargo del caso, Gonzalo Viña, luego de que fuera secuestrada la Porsche Cayenne de Radetic, hubieran declarado los testigos y de que el mismo piloto de Top Race aportara datos, no había razones para no excarcelarlo.
"Entregó su carnet, no puede salir del país, no puede manejar, no puede participar de ningún evento, debe presentarse cada 15 días en la Fiscalía y se le impuso una sanción real de $100 mil pesos", precisó Viña en diálogo con Infobae.
El representante del Ministerio Público dejó saber en este sentido que la máxima prohibición que establece actualmente el Código Penal para este tipo de hechos es "la prohibición de conducir por un máximo de seis años y por un mínimo de uno".
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