Julia Márquez: “Lo verdaderamente reprochable es la lentitud de la Justicia”

"Los pactos internacionales hablan de 'un plazo razonable' [para el tiempo en que una persona puede estar detenida sin condena], pero la Ley del 2×1 resultó en realidad un premio a la lentitud", dice la doctora Márquez, titular del Juzgado de Ejecución Penal n° 1 de Quilmes.

El caso de Micaela García, la joven violada y asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un criminal liberado por un magistrado (Carlos Rossi) que desatendió recomendaciones en contrario de un perito, puso en el candelero a los jueces de Ejecución Penal, que son los encargados de supervisar el cumplimiento de las sentencias y decidir sobre los pedidos de salidas transitorias, laborales u otras, libertad condicional, domiciliaria, etcétera.

En una intervención reciente en el Senado, en el marco del debate por la reforma de la Ley 24660 -se busca privar de salidas transitorias y libertad condicional a los condenados por delitos tales como homicidio agravado, secuestro extorsivo o privación ilegal de la libertad seguidos de muerte, abuso sexual, terrorismo, etcétera- Julia Márquez, que habló como integrante de Usina de Justicia, dijo que la finalidad de la Ley de Ejecución Penal es "proteger a la sociedad y evitar la reincidencia". "El que sale sin estar en condiciones para una adecuada reinserción, a la semana vuelve por un delito más grave", dijo.

Márquez, que es jueza desde hace 12 años, cuestionó a los colegas que toman decisiones de libertad o salidas sin conocer al condenado.

En esta charla con Infobae, explica algunas de las dificultades que enfrenta en el ejercicio de su función y que son otros tantos motivos por los que la aplicación de Justicia no sólo es lenta sino ineficaz.

— ¿Qué opina del debate generado por el fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1?

— Nos quedamos discutiendo en la periferia del problema y no fuimos al nudo. El tema pasa por la lentitud de la Justicia, que no es justicia para nadie. Eso es lo verdaderamente vergonzoso y reprochable. Si una sentencia llega 10 ó 15 años después ya no resuelve nada. El tema está en la celeridad que debe tener la justicia para ser tal.

— ¿A qué atribuir en primer lugar esa lentitud?

— Hay múltiples factores. Todo el procedimiento se vuelve tedioso y engorroso. Uno pide un antecedente y puede demorar tres meses en ser respondido el oficio. En muchos casos, ni siquiera informan la sentencia que tiene.

— ¿Qué habría que hacer?

— Centralizar la información y que llegue en plazos razonables. Lo lógico sería que cada departamento jurídico tenga una terminal de un mismo sistema. Todo conectado. Si no, puede pasar que yo libro una orden de captura y esa persona puede tener un proceso abierto en un juzgado al lado. El que mató a Araceli Fulles (Darío Badaracco) tenía antecedentes y la fiscal no se enteró porque no estamos conectados.

— ¿Pero eso cómo se explica?

— No tiene justificación. No estamos en el 1900. Si uno deja una factura impaga, el sistema enseguida le cae encima. ¿Y para hechos de consecuencias graves no lo podemos resolver? Para un ADN, la demora es de un año. Es imposible hacer un procedimiento eficiente.

— ¿Entonces falta informatización o centralización?

— Lo que falta es decisión política. El avance tecnológico es tal que no deja lugar para las excusas.

— Esa decisión política, ¿quién debería tenerla?

— Le corresponde al Ministerio de Justicia. Es desde allí que debe salir la decisión de lograr la celeridad judicial. Y definir entonces qué se necesita. Que quienes posean la información la pongan a disposición.

— Pero en su juzgado, por ejemplo, ¿los expedientes están informatizados?

— Sí, tengo un sistema, pero por ejemplo, en un juzgado de garantías tienen un sistema diferente al nuestro y no hay manera de enlazar y averiguar si la persona en cuestión tiene varias causas.

— Cuesta creer que no exista aún esa centralización…

— Le doy un ejemplo de otros absurdos que se plantean. Tengo en mesa de entrada una persona con captura que se está entregando. Es un detenido con salidas transitorias que no regresó cuando debía hacerlo. Llamo a la policía para que lo trasladen. No, dicen, es responsabilidad del Servicio Penitenciario. Llamo al Servicio Penitenciario. Nosotros le damos la baja cuando no regresa, ya no es asunto nuestro, me contestan. Aviso a la policía. Vuelvo a llamar a la policía. No, yo soy policía de seguridad, tiene que llamar a Traslado de Detenidos. ¿Respuesta? No, esa persona tiene captura, no está detenida todavía, no nos corresponde a nosotros. Entonces le digo: ¿llamo al Ministerio de Seguridad para que ellos me digan a quién le corresponde hacer el traslado? No, bueno, lo vamos a buscar. Pero lo dicen en tono de "por esta vez le hago el favor". ¿Qué investigación fabulosa podemos hacer en estas condiciones?

— ¿Qué otros nudos hay en el sistema?

— Las pericias. Yo pido muchas pericias psicológicas y psiquiátricas. Hay una Asesoría Pericial Departamental. Los peritos son excelentes pero hay pocos. Cuando pido una pericia me dan turno de acá a cinco meses. A veces consigo el turno, pero el Servicio Penitenciario no lleva al detenido porque no tiene móvil… Y tengo que pedir un nuevo turno.

— ¿En qué casos necesita esas pericias?

— Cuando tengo que decidir sobre un pedido de libertad condicional o salidas transitorias, pero en casos de delitos graves, es decir, delitos sexuales, homicidio… No en un caso de robo o de venta de estupefacientes, por ejemplo; ahí me limito a los informes del Servicio Penitenciario. Esos los recibo en todos los casos, pero para delitos graves, pido esas otras pericias.

— ¿Cuántos condenados dependen de su juzgado?

— Personas privadas de su libertad, 870, pero a eso se suman unas 30 personas con medidas de seguridad -enfermos psiquiátricos que representan peligro para sí o para terceros-, luego están los que tienen libertad condicional, unos 300, condenas en suspenso, otro tanto, y cumpliendo tareas comunitarias hay 50 personas.

— ¿De cuántas personas dispone para atender todos esos casos?

— Diez incluyéndome. Cinco son administrativos, un secretario y tres prosecretarios.

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