Un fiscal general enfrenta graves acusaciones de acoso sexual y violencia de género

Julio César Castro encabezó la unidad de la Procuración dedicada a la violencia contra la mujer. Esta semana, Gils Carbó aprobó que se lo investigue internamente por hostigar a una empleada embarazada de su fiscalía

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El fiscal general Julio César
El fiscal general Julio César Castro.

Es, básicamente, una ironía. En 2007, Julio César Castro era el fiscal a cargo de la UFISEX, la unidad del Ministerio Público dedicada a investigar delitos de violencia sexual, trata de personas y pornografía infantil, designado por el entonces procurador Esteban Righi. En una entrevista a Página/12 de aquel año, Castro, docente de derecho penal en la UBA y fiscal general ante un tribunal oral porteño con casi 25 años de experiencia en la Justicia penal, afirmaba una cifra alarmante: aseguró que apenas uno de cada diez casos de abuso sexual denunciados en la Capital Federal terminaba en condena. Con el tiempo, Castro se convirtió en una suerte de autoridad en la materia: dio charlas y conferencias, participó de debates sobre violencia de género en lugares como Cancillería. Hoy, el fiscal está literalmente del otro lado de la espada.

Este miércoles, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Infobae, la procuradora Alejandra Gils Carbó aprobó una investigación interna que podría costarle el cargo al fiscal general. El motivo: una denuncia hecha por H., una sus empleadas en la Fiscalía General N°15 ante los Tribunales Orales del fuero penal porteño por más de dos años de acoso sexual y laboral, que ocurrieron desde mayo de 2012 hasta octubre de 2014: la empleada estuvo embarazada durante parte de ese período. Gils Carbó, luego de un dictamen de un Consejo Evaluador de tres colegas de Castro, le encomendó la pesquisa a la doctora Laura Elena Mazzaferri, fiscal federal marplatense, con un plazo de 60 días para producir y presentar un informe final.

La primera entrevista laboral, contó H., fue al menos incómoda: "Me estaba insinuando cosas que por supuesto estaban fuera de lugar", refirió. A los pocos días días, aseguró H., Castro le "ofreció con una actitud claramente seductora si yo quería que él me acercara a mi casa, ya que él vivía cerca". H. se negó. Poco tiempo después, según su relato, Castro la invitó a tomar un café "con la misma actitud intimidante y seductora". Nuevamente, la empleada dijo que no.

Las negativas, declaró la empleada en el área de Recursos Humanos de la Procuración, llevaron a un cambio en la actitud de Castro. El fiscal, aparentemente, habría dado la orden de que sus empleados le presenten los expedientes a solas en su despacho. Así, H. tuvo que estar a puertas cerradas con su jefe. En una ocasión el fiscal le lanzó que estaba "muy flaquita", para luego decirle que estaba "muy linda". Desde ese entonces, H. evitó estar a solas con él. En su denuncia, la empleada remarcó el supuesto hábito del fiscal de mirarle con insistencia los pechos y la cola.

Tiempo después, H. quedó embarazada, lo que la llevó a tomarse, en principio, dos días de licencia. Cuando volvió, según su relato, Castro la increpó enfrente de todo el equipo de la Fiscalía General N°15 sin darle chance de explicar por qué había faltado al trabajo. H. había venido de otra fiscalía de instrucción a la dependencia a cargo de Castro. Cuando el fiscal se enteró del embarazo, siempre según su testimonio, Castro le espetó: "¿Sabés cómo te vas a volver allá?".

El estrés llevó a H. a sufrir contracciones y pérdidas, un psiquiatra que consultó la instó a dejar su trabajo. Con el tiempo, vio cómo otros empleados dejaban la Fiscalía o eran reubicados en otras dependencias. Le comenzaron a retacear tareas, dejándola sin nada que hacer, sospechando que sería trasladada en cualquier momento. Una secretaria le lanzó un papel con un teléfono al cual debía comunicarse, lo que confirmó sus sospechas y la llevó a hacer su denuncia en la Procuración.

Allí, H. no solo contó su historia: dio también los nombres de otras cinco empleadas que habrían sufrido acosos. Aseguró que incluso en la primera entrevista Castro le dijo que "estaba soltero", que podrían "ir a tomar algo", que varias veces en la puerta de los tribunales de Talcahuano le reiteró sus invitaciones a salir. Con el tiempo, Castro hizo su descargo en la Procuración y negó todas las acusaciones. Incluso aseguró que estaba dispuesto a ser investigado para que se demostrase la supuesta falsedad de las acusaciones. Un Consejo Evaluador integrado por tres fiscales generales así lo dispuso, pero con el objeto de que la pesquisa no se limite a la denuncia de H.: la idea es comprobar o no la existencia de un patrón de conducta.

En diciembre del año pasado, Castro buscó convertirse en juez de Cámara: su pliego fue tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador salteño Rodolfo Urtubey. Según el diario Jornada, H. estuvo presente en la reunión de la Comisión que trató el pliego, cara a cara con su ex jefe. "No tengo problemas con vos y me siento bastante mal", le lanzó Castro a su ex empleada según el artículo. "Esto no es un reality show", se quejó Miguel Pichetto, presente en la reunión. Al menos dos senadoras presentes se pusieron del lado de la denunciante y la apoyaron.

No fue la única acusación en su contra que se le recordó: se habló también en la reunión de una presunta acusación de una menor que señaló al fiscal general por acoso a través de Twitter. Esto preocupó especialmente al Consejo Evaluador de la Procuración, que en su documento de ayer firmado por Gils Carbó requirió al Senado todo registro de la reunión.

Así, la Procuración tiene dos opciones con respecto a Julio César Castro. Luego de la apertura de la instrucción, el tribunal interno definirá si lo suspende de sus funciones. Al final del proceso, podrá fallar por la destitución. Es decir, Castro puede perder su cargo, más allá de cualquier chance de un expediente en un juzgado del fuero penal.

Hay también una tercera acusación que complica fuertemente al fiscal: la hecha por su ex pareja, una abogada de 30 años, que lo denunció por violencia de género ante el Juzgado Civil N°85. El 13 de marzo, el Juzgado resolvió imponerle a Castro una orden de restricción perimetral mientras resuelve la imputación en su contra; el fiscal no puede acercarse a más de 200 metros de su ex pareja o de su lugar de trabajo.

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