Un grupo de turistas que viajaba a Chile, una familia que se iba de vacaciones, y otra que volvía, y un joven que iba a ver a "El Indio" Solari a Olavarría, y un señor mayor que cruzaba la calle en Santa Fe y Godoy Cruz, y una señora que se tropezó cuando cruzaba una avenida en Lanús, y un motociclista que cruzó un semáforo en rojo, y un ciclista atropellado que, además, no recibió asistencia de la mujer que lo arrolló… La lista es interminable. Las muertes por accidentes de tránsito son una noticia constante, habitual y repetida en la Argentina desde ya hace muchos, demasiados, años.
Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito: veintidós personas mueren por día, casi 8 mil muertos por año, y más de 120 mil heridos anuales de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales. Esta cifra es significativamente elevada si se la compara con los índices de otros países. Sobre todo, porque mientras el resto de los países ve caer la cantidad de gente que muere, en Argentina el número sigue igual, ante la indiferencia -cuando no la culpa- de todos.
La cantidad de muertos en accidentes de tránsito en el país se mantiene más o menos estable desde la década del '90. Fueron 7.075 en 1990, 7.545 en el 2000, 8.205 en 2008, 7,485 en 2012 y 7.613 en 2014. Prácticamente, sin variación durante dos décadas y media. En los mismos años, un país como España arrancó con 9.032 muertos y fue disminuyendo hasta llegar a los 1.680 en 2014, una reducción del 81%. La situación española no fue excepcional: también Suecia redujo sus muertes (63%), lo mismo que Holanda (59%) y Estados Unidos (27%). Lo excepcional parece ser la indolencia argentina.
La inseguridad vial produce un genocidio por goteo que casi no se ve, pasa desapercibido, pero que hora a hora suma víctimas. Como si sucedieran 39 tragedias como las de Cromañón por año o 51 accidentes como el de Once. Entre 1992 y 2014 fallecieron 175.050 personas, lo que equivale, por ejemplo, a toda la población de la capital de La Rioja o toda la población de Comodoro Rivadavia.
El del tránsito y los accidentes viales es un problema de conductas: más del 90% de las muertes se producen por conductas inadecuadas por parte de los conductores, que se distraen, no cumplen con las leyes de tránsito, realizan maniobras arriesgadas o marchan a velocidades elevadas. Y por peatones y ciclistas que circulan por lugares no habilitados, cruzan por cualquier lugar o no prestan atención al entorno en el que se mueven.
Ante este panorama, ¿qué medidas han tomado los diferentes gobiernos para evitar esas muertes? ¿Qué campaña seria de concientización se ha llevado a cabo en los segundos de aire gratuitos con los que cuenta el gobierno? Ninguna. Las pocas que hizo han sido tan suaves que rozan la frivolidad. Resulta ilustrativo, en cambio, ver algunas de las campañas que España hizo para bajar de las 9000 muertes a las 1600 que ilustran esta nota.
En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño pareció picar en punta con las políticas contra la seguridad vial tras la asunción de Mauricio Macri en 2007, pero los controles se fueron diluyendo con el tiempo. Hoy prácticamente son muy pocos los controles de alcoholemia en las calles, usualmente limitados al horario nocturno, y torpemente posicionados siempre en los mismos lugares. La única medida que parecería promover el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es la increíble incorporación de parquímetros en casi todo el territorio porteño, lo que no perjudicará a los que tienen cocheras y hará un agujero en el bolsillo de la clase media. ¿Su efecto para ordenar el tránsito? Dudoso, como mínimo. Intentar achicar el parque automotor, hasta ahora, fue un fracaso: cada vez ingresan más autos a la Ciudad y no merman nos accidentes de tránsito. Sin un transporte público alternativo, no parece viable.
Pero más allá de las campañas publicitarias, existen otras medidas para lograr una baja en la cantidad de muertes.
Si todos somos responsables por la mala conducción, algunos sin embargo son más responsables que otros. En cualquier país avanzado, ser poseedor de un carnet profesional de conducir es sinónimo de una responsabilidad mayor y un control más estricto. En Argentina, cualquiera que se haya subido a un colectivo sabe que arriba de los ómnibus los choferes son semidioses que prolongan su deidad hacia las calles. Paran donde quieren, no ponen luz de giro, doblan cuando les parece, consideran que los límites de velocidad son una sugerencia, no siempre tenida en cuenta. Taxistas y camioneros no les quitan en pinta.
Las bicisendas sumaron confusión, porque al margen de complicar la circulación en ciertas situaciones (los conductores para doblar a veces tienen que mirar a tres lugares a la vez) incorporaron al tránsito a un actor poco proclive a acatar las leyes, según las estadísticas que maneja Luchemos por Vivir: nueve de cada diez no usan casco y siete de cada diez no respeta los semáforos, entre otras cosas. Si es por incumplimiento, los ciclistas no están solos: también los motoqueros son incumplidores seriales. Motoqueros que circulan por bicisendas, ciclistas que van por la calle en arterias en las que hay bicisendas, autos estacionados en ciclovías completan una anarquía difícil de explicar.
En las rutas también reina la ley de la selva. En Panamericana, cualquiera que vaya a 130 kilómetros por hora -el máximo de velocidad permitido- en el carril de la izquierda va a tener que ceder el paso constantemente a vehículos que se le van a pegar y "hacer luces" a una velocidad por encima de la máxima permitida. La luz de giro es una excepción y si la autopista colapsa -como es habitual-, la banquina se convierte en un carril adicional, igual que en todos los accesos urbanos o rutas que suelen estar cargadas, como la Ruta 2. En los cerca de 300 kilómetros de Ruta 9 que separan Buenos Aires de Rosario, la falta de controles hacen que el límite de velocidad sea un sugerencia no vinculante. Si se le suma la extendida costumbre de avanzar en zigzag, invadiendo carriles, el escenario está montado para la tragedia, que usualmente no se hace desear.
Pero hay más: en rutas, calles y avenidas, automovilistas, camioneros, ciclistas, motoqueros y peatones, todos, suman un invitado más al caos: el celular. Mails, mensajes de texto, de voz, fotos, videos, llamadas, videollamadas, GPS… la multiplicación de las funciones de los smartphones trajo aparejada la multiplicación de las distracciones en la vía pública, y agregó un nuevo tipo de accidente: el que se produce cuando alguien quiere fotografiar o filmar un accidente y genera otro.
Como la tragedia se produce por goteo, reina la indolencia y la indiferencia. A más de un año de haber asumido, el Gobierno debería mostrar cuál es su plan para reducir un número que causa tanta vergüenza, como dolor, sufrimiento y pérdidas materiales.