El Departamento de Estado norteamericano acaba de dar a conocer su tradicional Informe global sobre Derechos Humanos. El reporte, esta vez, apunta directamente a las distintas formas de violencia contra las mujeres como uno de los principales problemas de Derechos Humanos en nuestro país. Señala, específicamente, la falta de capacitación de policías y jueces para proteger a las víctimas y la "insuficiente respuesta judicial para frenar la violencia doméstica". Además, pone el ojo en uno de los reclamos más fuertes del "Paro internacional de mujeres" que se hará el miércoles al menos en 48 países: la desigualdad salarial.
En el capítulo sobre Argentina, el informe identifica a la corrupción, a la tortura policial y a la violencia contra las mujeres como los tres problemas principales del país. Resalta que, según los reportes remitidos por las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Argentina, "las actitudes de la Policía, hospitales y de la Justicia hacia las sobrevivientes de violencia sexual muchas veces las revictimizan". Y destaca que las organizaciones reclaman por "la falta de interés" en entrenar a estas instituciones para proteger a las sobrevivientes y en reforzar las medidas contra los agresores.
La consecuencia de esa falta de capacitación es evidente: "Muchas violaciones no fueron denunciadas por el temor a sufrir más violencia, represalias y estigma social". Además, redunda en la desprotección que sufren las víctimas en el momento de riesgo máximo (después de que el agresor se entera de que fue denunciado). Y señala que a pesar de que las sobrevivientes de la violencia doméstica pueden pedir medidas de restricción y prohibición de acercamiento para sus agresores, "la falta de control policial muchas veces conduce a la desprotección de las víctimas". Esto es, una mujer puede haber accedido a un botón antipánico pero si la Policía no llega cuando lo acciona, la medida no sirve y puede, como ha ocurrido, terminar en un femicidio.
El informe también habla del aborto legal. Para eso, reproduce los reportes de las organizaciones locales que señalan que si bien en 2012 la Corte Suprema reafirmó en qué casos el aborto es legal en Argentina, "la ley no es aplicada de manera uniforme", especialmente cuando se trata de mujeres pobres. La observación está basada en lo que ocurrió con la joven tucumana apodada Belén, que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado tras un aborto espontáneo, y luego liberada por un fallo de la Corte Suprema provincial.
El informe llega justo en la previa del #8M, el "Paro Internacional de Mujeres" que se hará el Día de la Mujer. Durante las movilizaciones se reclamarán, justamente, políticas para evitar los femicidios y la violencia sexual, el derecho al aborto legal y se tratará de visibilizar la desigualdad salarial y de oportunidades entre hombres y mujeres en todo el mundo.
El reporte, de hecho, considera a esta desigualdad salarial como una forma de discriminación. "A pesar de que las mujeres tienen el mismo status legal y derechos que los hombres, continúan enfrentando discriminación económica y sostienen un número desproporcionadamente elevado de trabajos peor pagos". Apoyado en diferentes estudios, señala también que en nuestro país las mujeres acceden a menores cargos directivos que los hombres y que, aun cuando hacen el mismo trabajo que sus pares varones, sus salarios son, por lo menos, un 27% más bajos.
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