Luego de que el gobierno de la provincia de Mendoza suspendiera este lunes al Instituto Antonio Próvolo para chicos sordos e hipoacúsicos hasta que haya sentencia en la causa por el abuso sexual de decenas de menores, los padres de algunos alumnos se manifestaron en contra de la decisión al considerar que no existen instituciones que ofrezcan una formación similar.
En principio, al Próvolo concurrían 110 alumnos. Tras conocerse los casos de violaciones, unos 30 estudiantes abandonaron, por lo que otros 80 comenzarían las clases en marzo. Si bien al momento de la suspensión las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicaron que a los matriculados se les garantizaría un banco en otra escuela, esta propuesta no satisfizo a todos los padres.
Luis Dalmasso, papá de una niña de 9 años con retraso madurativo e hipoacusia, planteó que a su hija "le hicieron un espacio" en el Próvolo y "avanzó mucho". En este marco, opinó que en otras escuelas "no ofrecen la contención integral" que recibía en el establecimiento suspendido.
"Me volví loco cuando supe lo de las violaciones y quería saber qué había pasado con mi hija, pero también es cierto que hacen un gran trabajo los docentes allí —continuó Dalmasso—. Pero este Gobierno, que debió controlar el albergue, no lo hizo y como no controló bien, decide cerrar el colegio. En lugar de construir, destruye, que es lo más fácil". Y remató: "El Estado sigue vulnerando el derecho de los chicos discapacitados y los que no fueron abusados también son víctimas".
Según consignó Diario Uno, Leticia Guellet, docente del Próvolo y vocera del grupo, se expresó en el mismo sentido: "Tenemos una formación integral del niño hipoacúsico que no encontrará en otra institución".
Hubo padres, como Leonardo Escudero, que también tiene una hija en el colegio, que adelantaron que si no consiguen una escuela similar demandarán al Estado provincial.
Este miércoles se llevará adelante una nueva audiencia para analizar la prisión preventiva de los imputados por los abusos sexuales. Hoy están detenidos el cura Horacio Corbacho (56) y los empleados Jorge Bordón (50), Armando Gómez (46) y José Luis Ojeda (41). Por su parte, Nicola Corradi (82), goza del beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y su delicado estado de salud.
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