Los números de los delitos cometidos por extranjeros en la Argentina

"No me importa que me digan xenófobo", dijo el senador peronista Miguel Pichetto días atrás en una entrevista al diario Clarín, mientras se despachaba sobre villas tomadas por peruanos y argentinos cómplices. Sin embargo, la frase de Pichetto, chocante como suene, no generó ningún escándalo significativo: era, simplemente, parte de un clima más general.

La semana pasada, la detención del menor de 15 años hijo de peruanos acusado por la muerte de Brian Aguinaco, a pesar de las escasas y endebles pruebas en su contra, sirvió como disparador coyuntural para que el gobierno de Cambiemos planteara no solo la reforma penal juvenil con la baja de edad de imputabilidad, sino también el endurecimiento de controles migratorios.

Los padres del menor parecían ser la base del problema: Albert Cruz Villanueva había sido condenado a seis años de prisión en 2008 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 por contrabando de cocaína, en un esquema que involucró a dos mulas con dos kilos de polvo de alta pureza en sus panzas. La madre del menor, Adriana González, gozaba de prisión domiciliaria ya que era madre de un niño de dos años; el Tribunal Oral Federal N°4 la había condenado a principios de 2016 a cinco meses y seis años, también por narcotráfico.

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Durante todo 2016, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, expulsó a 35 personas del país: la mitad, por cuestiones ligadas a delitos, de acuerdo con fuentes en el organismo. Pero si el delito cometido por extranjeros es el problema, su reflejo más evidente debería ser las cárceles en las que estos extranjeros terminan.

El Servicio Penitenciario Federal, dirigido por Emiliano Blanco, cuenta hoy con 2.342 extranjeros en sus cárceles en todo el país, de acuerdo con datos del organismo a los que accedió Infobae actualizados al 31 de diciembre de 2016; 1.584 de esos internos están procesados y 758 tienen una condena. Ninguno de ellos es considerado inimputable. Un 52% de ellos estudia alguna actividad educativa dentro del Servicio: 899 presos del total tiene educación primaria completa.

La gran mayoría se concentra en los penales de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Hay, por ejemplo, 180 internos de origen peruano presos en Devoto, contra 99 paraguayos en el mismo complejo. La mayoría de los extranjeros presos en el SPF no proviene de Perú, sino de Paraguay: 644 del país vecino, contra 611 presos. Los bolivianos son comparativamente menos: 427 presos. Ezeiza es la cárcel con mayor cantidad de extranjeros en todo el sistema: 464 en total, de varias nacionalidades.

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¿Hay una disparada estadística en el de delito perpetrado por extranjeros? Los números no hablan de algo tan pronunciado. Por ejemplo, en 2008 había en los penales del Servicio unos 1.946 internos de otros países. Hasta 2014 el número era de 2.046; al año siguiente ascendió a 2.319, el único aumento significativo en ocho años de curva.

Por otra parte, el número de procesados tras los muros del SPF aumentó un 41% entre 2008 y 2016, lo que implica una aceleración de las situaciones judiciales. El número de condenados se mantiene en valores similares a lo largo de los años.

De vuelta al presente, los 2.342 presos extranjeros son, en total, el 21,35% de la población total del SPF en todas sus cárceles. Son números del Ministerio de Justicia, que se desprenden del último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, y que hablan de unas cifras mucho menores para todos los presos a nivel país: los extranjeros representaban hasta diciembre de 2015 solo un 6% de toda la población carcelaria de la Argentina, con 1.400 paraguayos detenidos y apenas 782 peruanos.

El número es más o menos coincidente con la realidad de los extranjeros en las calles. Un informe de Naciones Unidas difundido también en 2015 indicó que los inmigrantes representan un 4,6% del total de los habitantes en el territorio.

La Procuración cuenta con la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, encabezada por la doctora Guillermina García Padín. La UFEP tiene una tarea algo compleja: tomar el pulso de las condenas y procesamientos dictados por la mayoría de los juzgados y tribunales orales de la Capital Federal.

Así, la Unidad tiene injerencia sobre 14 juzgados correccionales, 49 de instrucción, 30 tribunales orales en lo criminal, tres tribunales orales de menores y tres tribunales en lo penal económico, que investiga delitos como contrabando de estupefacientes. Su tarea no abarca al fuero federal, con delitos como narcotráfico y trata de personas. Los números de su informe presentado en octubre último, que incluye las condenas y procesamientos de los últimos tres años, contradice, por lo menos, varios mitos populares.

Para empezar, los reincidentes no son la mayoría, de acuerdo al documento de UFEP: representan apenas el 19% de los condenados. Los reiterantes son el 21%. Aquí hay una diferencia sutil pero elemental: en términos jurídicos, reincidente es aquel que fue efectivamente condenado, que cumplió al menos un día de su condena y que volvió a ser sentenciado nuevamente. Este 40% no es bajo ningún punto de vista la mayoría total: los delincuentes primarios, los que reciben una condena por primera vez, son el 60%.

Los rangos de edades son otra sorpresa, de cara al mito de los delincuentes jóvenes como abrumadora mayoría: el 69% incluye a personas de 31 a 50 años. Las personas de hasta 23 años de edad son solo el 15%, una cifra apenas menor que los condenados de 24 a 30. Los extranjeros, en todo el universo de casos, representan apenas el 14%. Es decir, si hay una crisis de delitos cometidos por extranjeros, los números ciertamente no la indican.

El mercado porteño de dealers, supuestamente monopolizado por peruanos y paraguayos, se vuelve otro punto de análisis clave. Según datos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, hubo 381 detenidos entre enero y noviembre de 2015 en procedimientos ligados a narcomenudeo: 286 de ellos fueron de nacionalidad argentina, la absoluta mayoría. Luego, 72 peruanos y 7 dominicanos en la lista.

La avanzada oficial

Hoy por la mañana, el presidente Mauricio Macri se refirió al tema en su primera conferencia de prensa del año: "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién. No podemos actuar después de que sucedió. Lo primero que tenemos que hacer es actuar preventivamente", apuntó. Las intenciones de Cambiemos, en este punto, ya son claras.

Según informaron a Infobae desde Casa Rosada, el endurecimiento en el control migratorio que el Ejecutivo busca impulsar quedará plasmado en un decreto que firmarán en los próximos días el presidente Mauricio Macri, y los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior), de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones.

Entre otras medidas, el Gobierno buscará establecer convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes, con foco en Paraguay y Perú. También, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros), así como intensificar los trabajos en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y en las fronteras.

En paralelo, el diputado nacional por el radicalismo Luis Petri adelantó a Infobae que a principios de febrero presentará en el Congreso un proyecto para una "modificación integral" de la Ley Migratoria 25.871. "Iría en línea con el decreto que prepara el Ejecutivo", aseguró.

"La intención es que los condenados por delitos no puedan ingresar al país; hoy, el artículo 29 les prohíbe el ingreso pero en el párrafo final se autoriza a Migraciones a habilitar el ingreso por razones humanitarias o de reunificación familiar. Ejemplo: se prohíbe el ingreso de terroristas y genocidas pero por la ley actual podrían ingresar invocando estas causas", expresó Petri.

El diputado radical, además, adelantó que planteará la necesidad de regular los casos de "extrañamiento o expulsión" de los extranjeros condenados en la Argentina. "Conforme al régimen actual, los extranjeros en situación irregular a mitad de condena pueden acceder al extrañamiento. Es decir, son enviados al país de origen dándose por extinguida la pena, pero muchos llegan al país de origen y rápidamente reingresan nuevamente a la Argentina", afirmó.

"Lo que vamos a plantear es que si se produce el extrañamiento no se puede reingresar al país y si lo hace, cumple la totalidad de la condena", agregó. Pero, más allá de los extranjeros extrañados, hay un aspecto más preocupante: los que ingresaron al país en los últimos años y recibieron un DNI argentino con un pedido de captura de Interpol vigente.

En abril del año pasado, el peruano Richard Orrego Barrantes fue capturado en Córdoba por la PFA a pedido de Interpol. La Justicia de su país lo buscaba por emborrachar a una discapacitada y abusar de ella en febrero de 2007. En la Argentina, contaba con un DNI, un domicilio fiscal y hasta trabajo en blanco. Testimonios lo señalaron trabajando en un bar de la avenida Hipólito Yrigoyen. Registros comerciales consultados por Infobae indican que fue tomado en diciembre de 2015 hasta febrero de 2016, por una firma de vigilancia privada de la capital provincial. Incluso estuvo inscripto en la OSPESA, la Obra Social del Personal de Sociedades de Autores y Afines.

Este no es el único caso de un violador peruano capturado con papeles argentinos, en el marco de una política sistemática de colaboración de la PFA con Interpol que llevó a varias detenciones de delincuentes sexuales refugiados en la Argentina en los últimos meses. El mes pasado, Nilo Azambuja Fuentes, de 54 años, fue capturado en Don Torcuato por abusar de sus hijastras. Tal como Orrego Barrantes, tenía un DNI local y hasta estaba inscripto en la AFIP desde 2012.