Los negocios durante la última década del financista Enrique Blaksley Señorans y su principal firma, Hope Funds, fueron estelares. Trajo, por ejemplo, a Roger Federer al país, gestionó en 2013 que Usain Bolt en corra contra el Metrobus. Hope Funds fue el principal sponsor en la camiseta de La Dolfina, el equipo multicampeón de Adolfo Cambiaso; Blaksley hasta abrió su propio equipo de polo que llevó el nombre de su empresa, La Indiana Hope Funds, un pequeño gesto de vanidad.
El financista también adquirió el 47% del fondo de comercio del Buenos Aires Design por USD 20 millones, compró la licencia del Hard Rock Café Argentina por unos USD 7 millones, se quedó con el manejo de parte del merchandising de Boca Juniors. Blaksley incluso llegó a fotografiarse besando la mano de dos Papas consecutivos, Benedicto y Bergoglio.
El portfolio era por lo menos envidiable. Hoy, las cosas son distintas. Para Blaksley y Hope Funds, con Federico Dolinkue como socio minoritario, Tribunales se convirtió en un suerte de infierno con azufre y fuego en varios frentes. La Justicia, con denunciantes como la PROCELAC y la AFIP y sus acreedores convertidos en presuntas víctimas, avanzan en contra del financista y la firma: la acusan de lavado de dinero, estafas y defraudaciones por montos multimillonarios. Así, Blaksley se gana un título algo incómodo: ser el Bernie Madoff de la Argentina, el presunto responsable de un esquema Ponzi capaz de quitarle montos siderales a incautos.
Hoy por la mañana, Blaksley volvió a ser noticia gracias a una denuncia de los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, que recayó en el Juzgado Federal N°1 de María Servini de Cubría y de la cual se hizo eco la agencia DyN, con una supuesta gran cantidad de inversores estafados. Hubo un movimiento previo, que era largamente esperado. El 8 de noviembre último, los jueces Fernández, Salas y Morán de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, resolvieron aceptar el pedido de incompetencia jurisdiccional de la jueza Sandra Arroyo Salgado con respecto a una revelación publicada por Infobae: el primer gran problema judicial de Blaksley y Hope Funds, una presentación hecha por la AFIP y la PROCELAC en 2014. Los presuntos delitos: evasión y lavado.
El informe que entregó la AFIP es contundente: de los 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres estaban en regla, tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en su declaración de impuestos. Es decir que el 99,42% de los clientes violaron de una forma u otra la ley argentina. "Los múltiples indicios detectados sobre la inusualidad manifiesta en los negocios desarrollados por Blaksley Señorans a través de su empresa 'Hope Funds S.A.' [son] elementos que sustentan con holgura el inicio de una investigación orientada al posible lavado de activos de origen delictivo", señaló el escrito del ex titular de la Procelac, Carlos Gonella, al que tuvo acceso Infobae. Tras la decisión de la Cámara de San Martín, el caso pasa a los tribunales de Comodoro Py, con una investigación que tuvo una marcha lenta.
En el fuero penal ordinario, los problemas para Hope Funds ya comenzaron hace tiempo. En 2011, según datos de la Cámara Criminal y Correccional, un particular denunció a Hope Funds por los delitos de defraudación y estafa. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Nº26; la causa eventualmente fue elevada al TOC Nº24. En 2015, otros dos particulares acusaron a la empresa: el expediente recayó en el Juzgado Nº39.
El fuero ordinario, por su parte, puede esperar novedades a comienzos de la semana próxima. El estudio Iezzi & Varone, integrado por los abogados penalistas Gabriel Iezzi y Víctor Varone, recibió en las últimos meses a siete presuntos estafados por Hope Funds, una lista que incluye mujeres jubiladas. El daño asciende a 358 mil dólares, aportados en lo que sería un esquema de fondos de inversión organizado por la firma de Blaksley. Todo ocurrió, al menos, desde junio de 2011 hasta fines de 2015. De ese dinero, quienes invirtieron en Hope Funds no habrían visto un solo centavo de vuelta. Hoy, Iezzi & Varone asesora a estos damnificados y se prepara para una serie de presentaciones judiciales.
Los montos de los depósitos son variados: van de 5 mil a casi 60 mil dólares, lo que evidencia un trabajo de hormiga de Blaksley y su estructura. El esquema se basó en una serie de contratos de mutuo, celebrados entre Hope Funds y los damnificados.
Uno de estos contratos, a los que accedió Infobae, comenzó con un desembolso de 14 mil dólares, con una tasa anual de interés compensatorios del 12,5% a dólar oficial. Por demoras, existía una oferta de un "interés punitorio", que establece el documento en su tercera cláusula, un aumento de un 50% sobre el 12,5%. El contrato fue validado por un escribano del Colegio porteño.
Otro contrato, celebrado en abril de 2015 con un aporte de apenas 5 mil dólares, prometía una tasa del 12%, nuevamente con un punitorio del 50%. "Las tasas son milagrosas. O sea, querés que no te paguen para entrar al punitorio. Todo cierra. Es típico de un esquema Ponzi", dice una alta fuente en el mercado de brokers.
Otro de los contratos de los damnificados asesorados por Iezzi y Varone, de 40 mil dólares, a pagar de vuelta en 72 meses con un 10% anual y punitorios en un 50%, fue celebrados con una firma llamada Marketsite, con un apoderado con DNI argentino y domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas.
El periodista Santiago O'Donnell reveló que Marketsite es el eje que vincula a Blaksley con un escándalo aún mayor: el estudio Mossack Fonseca y los Panama Papers. "Blaksley aparece como beneficiario de la empresa Marketsite S.A. en documentos de due diligence del estudio panameño Mossack Fonseca. Marketsite S.A., a su vez, aparece en el centro de un complejo entramado empresas radicadas en paraísos fiscales. incluyendo al menos 21 en Panamá, cinco en las Islas Vírgenes Británicas y dos en Singapur", escribe O'Donnell en su blog. La damnificada, en este caso, es una jubilada: esos 40 mil dólares eran los ahorros de su vida.
Los que perdieron sus casas en Pilar en las inundaciones de agosto del año pasado también tienen un problema con Hope Funds, por así decirlo. Un emprendimiento de la firma de Blaksley, el barrio cerrado Verazul, ubicado en el mismo municipio, está siendo investigada siendo en una megacausa radicada en el Juzgado Federal de Zárate-Campana a cargo del doctor Adrián González Charvay.
El juez busca saber si construcciones y emprendimientos como Verazul interrumpieron el correcto escurrimiento de las aguas de la cuenca del río Luján, lo que se presume uno de las posibles causas de la inundación que costó tres muertos y más de 20 mil damnificados. González Charvay, por lo pronto, ordenó a la Provincia no hacer aprobaciones definitivas sobre nuevos proyectos. Verazul, con sus obras iniciadas en 2014, está ubicado exactamente sobre la vera del Luján con un tamaño de 320 hectáreas.
Blaksley, claramente sin nafta en su tanque, comenzó a quemar aceite financiero este año. Hope Funds SA comenzó a hacer lo que hace casi toda empresa cuando se queda sin dinero: escribir cheques sin fondo. Datos del BCRA indican que Hope Funds escribió desde julio hasta noviembre últimos al menos 3,2 millones de pesos en cheques rechazados, con un pendiente actual de 2,3 millones.
Hope Funds también incurrió en otro clásico de las firmas agotadas: dejaron de pagar los aportes de sus empleados, de acuerdo a registros de la AFIP. Fue algo paulatino. Los incumplimientos comenzaron en octubre de 2015, en el rubro de seguridad social. Desde abril de este año que seguridad social, aportes patronales y aportes de salud faltan en su totalidad.
Enrique Blaksley debería saberlo: de acuerdo a registros comerciales, aparece él mismo como empleado de Hope Funds a pesar de ser su socio mayoritario. Sus propios aportes figuran como impagos.