La discusión respecto a la imputación penal a los papás de una bebé que falleció en un parto hogareño sin asistencia médica de ningún tipo por propia decisión de los adultos sigue generando polémica y sienta un precedente de cara al futuro.
La jueza de Neuquén Carolina García, que interviene en el caso bajo el sistema acusatorio, sostuvo en InfobaeTV que dio lugar al pedido del fiscal porque "hay una bebé que no pudo defenderse de nada y los padres son responsables ya que los menores tienen un plus de derechos por encima de los mayores".
Los padres, que mintieron al llegar a un hospital de Neuquén capital con la beba muerta explicando que tuvieron que dar a luz durante el viaje y de emergencia, sostienen que "la bebé nació muerta y por tanto nunca existió y en consecuencia no puede haber homicidio porque nunca hubo persona".
Sin embargo, la estrategia de la defensa fue duramente cuestionada por la jueza que dijo que "no es válido bajo ningún punto".
El meollo central es cuándo un bebé comienza a ser una persona desde le punto de vista penal. Desde cuándo es susceptible de ser considerada su muerte como homicidio o aborto.
En este punto, la jueza contó que "hay diversas posturas, desde los que dicen que hay vida desde las primeras contracciones hasta otros que dicen que se es persona con derechos cuando el bebé está fuera del cuerpo de la mamá".
Sin embargo, para García "al entrar al canal de parto con vida era una persona y por eso es un homicidio". La tesis la comparte el fiscal.
"La bebé llegó con vida al canal de parto y murió por asfixia cosa que podría haber sido distinto de haber sido asistida. Hoy la bebé podría estar con vida con sus padres", graficó la jueza.
Para la jueza "esto es igual a que un testigo de Jehová impida a un hijo una transfusión de sangre. No pueden sus padres hacerlo porque el bien a tutelar es el del niño. Ellos pueden tener las creencias que quieran, pero no pueden afectar la vida de un tercero", concluyó.
El sistema acusatorio hará que la resolución judicial se conozca "en semanas" y todo parece indicar que habrá una condena excarcelable pero que procurará sentar jurisprudencia al respecto.
Hasta ahora, los papás de 32 y 26 años están acusados de homicidio culposo, cuya pena va de 6 meses a 5 años de prisión.