Radiografía de la policía bonaerense: falta de vocación, instrucción deficiente y miles de sumarios en Asuntos Internos

La muerte del adolescente Luciano Olivera en Miramar a manos del oficial de la policía bonaerense Maximiliano González reabrió un debate hasta ahora no saldado en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: la calidad profesional de los efectivos que ingresaron a la fuerza en los últimos ocho años.

Las urgencias políticas, sobre todo en años electorales, para mostrar en las calles a un mayor número de uniformados abrió las puertas a camadas de agentes que egresaron de la Escuela Juan Vucetich portando chapa y pistola con escasa instrucción, preparación y vocación.

“Encontramos a oficiales mal formados. Con suerte algunos dispararon cinco tiros en el polígono y hay casos que ni eso”, reconoce ante Infobae Sergio Berni, el funcionario a cargo del área más sensible en el gabinete de Axel Kicillof. Y aclara: “Los estamos reentrenando, sobre todo a los que están en la calle”.

Tan poco preparados están los agentes que deben brindar seguridad, que el propio ministro reconoce que un porcentaje importante de las Bersa Thunder PRO calibre 9 mm que se entregaron a los nuevos efectivos “estaban oxidadas por no disparar en un polígono para capacitarse, ni realizarle mantenimiento periódico”.

Una revisión profunda ordenada por la conducción de la fuerza, a cargo del comisario general Daniel García, determinó que había armas “dobladas y hasta con piezas cambiadas”. Por esa razón se ordenó realizar nuevos mantenimientos.

Asuntos Internos

Un relevamiento de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que depende del Ministerio de Seguridad reveló que el 65% de los numerarios con sumarios abiertos tienen diez años de antigüedad.

En las décadas del 80′ y 90′, en cambio, la mayor cantidad de policías investigados por haber cometido algún tipo de delito eran subcomisarios y comisarios, es decir, con el doble de años de servicio. Por entonces, a la mayor fuerza de seguridad del país se la conocía como la “policía brava” o “la maldita policía”.

Los datos discriminados de esos sumarios indican que el 55% se debió a hechos de corrupción, desde sobornos hasta connivencia con narcotraficantes y bandas delictivas; 14% a violencia policial y exceso en los medios empleados; más del 10 % están imputados por violencia de género; una cantidad similar por irregularidades graves funcionales en dependencias y, entre otros delitos, el 6% están acusados por presunto enriquecimiento ilícito.

Un dato alarmante sobresale en la larga lista de imputaciones que involucra a la mayoría de los delitos incluidos en el Código Penal. Según la información aportada por la AGAI a Infobae, entre 2013 y 2020 (los últimas estadísticas procesadas) se abrieron 5966 sumarios contra hombres por violencia machista, varios de los cuales derivaron en aberrantes femicidios, como el de Úrsula Bahillo (18), asesinada de quince puñaladas por su ex pareja, el oficial Matías Ezequiel Martínez (24).

El ahora ex policía fue condenado la última semana a reclusión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género.

De esos casi seis mil expediente por este tipo de atrocidades, 901 sumarios se abrieron solo en 2020, de los cuales 29 terminaron en expulsión y 58 efectivos fueron suspendidos.

“Necesidades políticas”

Según Sergio Berni, en el apuro por cumplir con la promesas de luchar contra el delito y mostrar policías recorriendo las calles, la administración de María Eugenia Vidal no realizó una correcta selección de los aspirantes a ingresar a la escuela Juan Vucetich. Esto podría haberse evitado, aunque no de manera definitiva.

En Asuntos Internos hay casos reveladores. Fabian González, un agente de 27 años, fue detenido por formar parte de una banda que realizaba “entraderas” en la Zona Oeste del conurbano. Si bien no está probado, se cree que delinquía antes de ingresar a la escuela de policía. En abril del año pasado el oficial fue detenido junto a su hermano y otros cómplices en la ciudad de Aldo Bonzi, en La Matanza, después de robar una vivienda. González portaba su arma reglamentaria al momento de ser arrestado.

El ministro no es el único en evaluar de manera crítica los ingresos a la fuerza de los últimos años. Un integrante de la cúpula policial, que a diario está en contacto con ellos, revela: “Por necesidades políticas, hicieron entrar en malón a un montón de pibes que, sin trabajo, vieron en la policía una salida laboral. No son policías por vocación, sino por necesidad”. Quien habla es un comisario mayor que, con una extensa planilla en la mano, asegura: “En los últimos ocho años entraron 47 mil agentes. Los policías viejos ya no quieren renegar más con estos muchachos que por momento se vuelven incontenibles”. El oficial, de 30 años de servicio y amplia experiencia de mando en las comisarías más calientes del conurbano, precisa: “En el apuro por mostrar a uniformados en las calles, no se evaluó de manera correcta a los que entraban y el resultado está a la vista”.

Antes que Berni, Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la gobernadora Vidal, se quejaba de lo mismo, pero señalaba como responsable a la administración de Daniel Scioli por sacar a la calle “a policías vestidos de pitufos (por las policías comunales) sin experiencia y sin capacitación”.

El actual diputado de Cambiemos en octubre de 2018 anunció “una evaluación general del personal policial antes de establecer las condiciones para el ascenso”, por la deficiente capacitación de las fuerzas.

En su último informe de gestión, el funcionario de Vidal precisó que realizaron “más de 36.541 sumarios”; que fueron apartados 13.323 efectivos, que suspendieron en sus funciones a 2.773, que se detuvieron a 967 policías y otros 2.300 fueron exonerados.

Al parecer eso tampoco alcanzó. Por esa razón la conducción de Sergio Berni evalúa cambios profundos para las nuevas camadas que serán anunciados en los próximos meses.

En la actual gestión, que comenzó el 10 de diciembre de 2019, solo juraron 1500 nuevos policías que pasaron a integrar las fuerzas especiales. Tuvieron casi dos años de entrenamiento y estudio. Fue en el mes de marzo y no les suministraron armamento hasta agosto. Durante esos cinco meses, recibieron entrenamiento adicional en procedimientos policiales.

“Si fuera por mí, echaría a diez mil hombres de la fuerza para poder ir arreglando la policía”, aventura el comisario mayor con poder de mando en la institución. Lo dice para revelar la magnitud del problema. Llevarlo a la práctica, además de ser administrativamente imposible, sería un verdadero escándalo.

La reforma Arslanián

El caso Miramar es tan solo la punta del ovillo dentro de una fuerza de más de 97.000 numerarios. Uno de los jefes policiales consultados por Infobae y Berni negaron que se trate de un caso de “gatillo fácil”.

El ministro estima que la muerte evitable del joven de 16 años fue por “la falta de experiencia” del oficial “que en su corta carrera nunca pasó por un hecho de estrés, o por una situación complicada” como la que vivió esa madrugada cuando, según el relato de los testigos, entendió que se le venía encima la moto que conducía el joven Olivera después de no acatar la voz de alto. Bajo la mirada de sus colegas, desenfundó y disparó a la altura del pecho del adolescente que venía de jugar al fútbol con sus amigos a las tres de la madrugada. En su defensa argumentó que se le escapó un tiro por accidente.

Esa última apreciación será evaluada por la Justicia. La fiscal Ana María Caro lo acusa por el delito de “homicidio agravado por ser funcionario policial en cumplimiento de sus funciones”. El legajo 416382 del “Oficial (E.G) GONZALEZ MAXIMILIANO ABEL” al que accedió Infobae devela la magnitud del problema al que se enfrentan las autoridades bonaerenses con buena parte de su policía.

Nació el 9 de diciembre de 1996. Es decir, el mismo día del asesinato había cumplido 25 años de edad. Esa noche, junto a sus compañeros del Comando de Patrulla de Alvarado, en el que se desempeña como “chofer”, estaba festejando su cumpleaños. Enterada de esto, la fiscal solicitó un estudio de alcoholemia que dio resultado negativo.

González ingreso a la policía provincial el 25 de abril de 2016. Es decir, con 19 años. Vive en el mismo barrio del chico que mató y la única asignación anterior que tuvo fue un Operativo Sol.

Como la inmensa mayoría de los egresados ese 2016, pero también antes y después, los aspirantes debieron sortear un sencillo examen psicofísico. La corta carrera de menos de un año está dividida por módulos que abarca, por ejemplo, “adiestramiento físico”: entrenamiento y adecuación física para la labor policial, técnicas de mantenimiento de la condición física y adiestramiento en defensa personal.

También se inicia a los cadetes en la “Introducción a la política criminal y prevención del delito”, a la “criminología y al análisis criminal”; “régimen legal de la profesión policial”, y entre otros, “módulo sobre técnicas y operaciones policiales”.

Según Berni y al menos dos comisarios generales en actividad consultados por Infobae para esta nota, la reforma policial que a partir de abril de 1998 y hasta agosto de 1999 realizó el por entonces Ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanián durante la gobernación de Eduardo Duhalde fue “un desastre”.

Su tarea, que tuvo muchas críticas y que le costó el puesto a más de 300 comisarios -ya que echó a la mayoría de los cuadros de mando ante sus posibles vínculos con la delincuencia o por presuntos hechos de corrupción-, quedó incompleta.

Pero se retomó parte de la propuesta entre el 13 de abril de 2004 y el 10 de diciembre de 2007 ya con Felipe Sola como gobernador bonaerense.

Entre los puntos más salientes de aquellas reformas, que intentaban dejar atrás a la “maldita policía”, estaba la descentralización de la fuerza al dividirla en 18 Jefaturas Departamentales. También se abolieron las jerarquías de jefe y subjefe, se puso en manos de civiles las investigaciones internas (la actual DGAI) y se introdujo un sistema de escalafón único, mezclando a oficiales y suboficiales en una escala única de nueve grados. Un hecho muy criticado por Berni y la actual cúpula policía.

Según el ministro de Axel Kicillof, esto impactó de manera directa y negativa en el sistema de formación, que tenía dos escuelas específicas. Finalmente, todo quedó en manos de una sola, la reconocida Juan Vucetich, y sus sedes descentralizadas. Antes, había dos establecimientos de formación, una para oficiales, cuya carrera duraba tres años; y otra para suboficiales, de un año.

El sistema educativo policial actual, con algunas variantes según los ministro del área, prevé un Curso de Formación Policial de nueve meses, egresando como Oficial de Policía, primer grado del Sub Escalafón General (los antiguos suboficiales, y que emplean grados similares a los de los oficiales del Ejército, como teniente, teniente primero, capitán, mayor).

El 25% de los mejores promedios pueden aspirar a seguir una carrera terciaria, con mayor duración, y egresan como Oficial Subayudante y así continuar ascendiendo hasta la jerarquía máxima que es la de Comisario General. Este sistema de enseñanza es el que Berni refuta y se podría cambiar, pero para eso se debe promulgar una nueva ley.

Estudio socio ambiental

De clase media baja, Maximiliano González, el oficial de Miramar, no ingresó a la fuerza de seguridad por mandato familiar. No hay otro policía en su familia. Lo hizo como una manera de ganarse la vida, de tener un sueldo seguro.

La situación socio ambiental del oficial preso por disposición de la fiscal Caro en la Unidad Penitenciaria 44 de Batán no es una excepción. Es la radiografía de la mayoría de los policías que al menos desde 2014 se incorporaron a la fuerza de la provincia de Buenos Aires. Si bien para evitar “estigmatizaciones”, la organización no realiza un estudio socio ambiental de los futuros policías. Ana Milena Passarelli, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, en su trabajo de maestría realizado en la Universidad de Quilmes titulado “Los Pitufos: policías y jóvenes. Un recorrido por las trayectorias de los jóvenes policías locales del municipio de Quilmes (2015-2019)”, realizó varias entrevistas con agentes de la Policía Local en Quilmes.

En su ponencia, la profesional destaca que “la elección de ingresar a la policía se vincula con dos cuestiones que se encuentran íntimamente relacionadas: como un modo de supervivencia -asociado a una salida económica- y por la trayectoria familiar -relacionado con la idea de vocación de servicio-”, aunque estos últimos casos son minoría.

Allí recopila, por ejemplo, el testimonio de Lucas, que ingresó a la Policía Local en la primera convocatoria en el año 2014, con 25 años y destaca: “Cuando le preguntamos por qué eligió ingresar a la policía, no dudó en responder que su elección se justificaba en que encontraba en la policía una salida económica rápida. Nos decía: ‘Entré por plata, para tener algo fijo, económico, obra social”.

Un segundo testimonio va en el mismo sentido. Esta vez es Azul, una joven de 23 años, que al igual que Lucas es de la primera camada e ingresó con 19 años. Remarca lo mismo: “Necesitaba un trabajo estable”.

En su investigación, Pissarelli explica: “En una sociedad atravesada por el consumo, es decir, donde nuestros consumos determinan quiénes somos y a qué grupo social pertenecemos, conseguir un trabajo estable, en blanco, que permita el acceso al crédito del consumo y el ascenso para los jóvenes urbanos que viven en la periferia es una posibilidad limitada”.

“En ese sentido -recuerda la investigadora- las y los policías que entrevistamos justifican el ingreso a la fuerza de seguridad porque resulta una garantía laboral, más aún, es la manera de estudiar y recibir una beca mientras se estudia. Por más corta que sea la formación, en ese plazo tienen garantizado un estipendio que luego se refuerza cuando egresan y asumen tareas en la Policía Local con un salario fijo”. Para la especialista, “ingresar a la policía se convierte así en un modo de supervivencia en una sociedad cada vez más excluyente”.

“Muchos de estos y estas jóvenes, antes de ingresar a la policía tenían trabajos precarios, informales, sin aportes jubilatorios, sin aguinaldo, sin reconocimiento de antigüedad, sin licencias por maternidad pagas y sin la posibilidad de crédito para garantizar el consumo. Formaban parte de cooperativas o empleos sin garantías de continuidad o estabilidad”, demuestra Pissarelli en su investigación. En la policía de la provincia de Buenos Aires abundan historias como las recopiladas en la investigación de la profesional.

Entre decenas de testimonios, hay uno, por ejemplo, que apoya el relato de Berni cuando cuestiona la escasa severidad en la Policía Bonaerense a la hora de seleccionar a sus integrantes a diferencia de otras fuerzas de seguridad, que son mucho más exigente y por lo tanto se consigue un mayor profesionalismo y excelencia.

Pissarelli describe el caso de Nadia, de 25 años de edad. La policía que integraba la fuerza de seguridad local de Quilmes refirió: “En realidad yo soy de Jujuy y vine (a Buenos Aires) para ingresar a la Policía Federal. No pude, me presenté, presenté los papeles, pero no pude ingresar por el tema del índice de masa corporal. Y después empecé a trabajar en otro trabajo y después vi esto (la policía local), no lo tenía en los planes, pero bueno.”

La “flexibilidad” en las policías locales, cuya conducción fue otorgada en 2020 a cada jefe departamental, terminó promediando hacia abajo. Y eso es lo que se deberá revertir para seguridad de los ciudadanos que deben proteger.

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