El fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó al juez Claudio Bonadio que cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner, imputada por encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del memorándum con Irán.
Nuevas pruebas producidas en la causa le permitieron a Pollicita establecer que al menos dos llamados telefónicos entre Luis D'Elía y su contacto iraní registrados con anterioridad a la firma del pacto se hicieron desde la Casa Rosada.
La ex presidente no es la única involucrada en el requerimiento del fiscal: Pollicita también solicitó que sean indagados otros 13 imputados entre los que figuran el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, el piquetero antisemita Luis D'Elía, el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.
Según la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, el plan incluyó negociaciones secretas y públicas con los iraníes, durante las cuales se acordó dar de baja las notificaciones rojas de Interpol. Esas tratativas desembocaron en la firma de un Memorando de Entendimiento. De las reuniones participó uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani, quien recibía reportes telefónicos periódicos de los avances que ocurrían en el seno del gobierno argentino.
Mientras públicamente Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman aseguraban que sus acciones estaban motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el memorando era la única solución, uno de los imputados, Rabbani, negociaba en secreto con las máximas autoridades argentinas de ese momento.
Pollicita solicitó además que el juez federal Claudio Bonadio ordene la prohibición de salida del país de los imputados y disponga la inhibición general de sus bienes.
La denuncia de Nisman había sido cerrada por el juez Daniel Rafecas, quien había entendido que no existía delito. Esta decisión fue confirmada luego por la Cámara Federal y el fiscal de Casación Federal Javier De Luca.
Pero más tarde la investigación volvió a tomar impulso gracias a un fallo de los jueces de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
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