En una nueva escalada del rebote mundial que generó el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno recibió al Alto Representante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que este organismo pueda prestar colaboración en la investigación y, paralelamente, Amnistía Internacional reclamó una reunión "urgente" con autoridades de la Casa Rosada para conocer de primera mano los promenores del caso.
Según coincidieron ante Infobae fuentes calificadas de Casa Rosada, el impacto del caso ya es "inevitable" y el presidente Mauricio Macri sigue de cerca el tema como una de sus mayores preocupaciones de la agenda. Este clima de tensión se vio reflejado este jueves en la reunión que mantuvieron las autoridades del Ministerio de Justicia con Amerigo Incalcaterra, el enviado de la ONU para seguir de cerca la investigación por la desaparición del joven artesano el 1 de agosto en Chubut luego de un corte de la ruta 40 donde intervino la Gendaremería.
El gobierno nacional expresó que "en cumplimiento con la solicitud realizada por los familiares de Santiago Maldonado para que este organismo [por la Convención sobre desaparición forzada de personas de la ONU] pueda brindar la colaboración en la investigación y el Ministerio de Justicia en prestar la asistencia técnica internacional que acuerden, mediante la conformación de un grupo de expertos independientes". Así, el representante de Naciones Unidas indicó la disposición de cooperar con la solicitud de la familia. No se dieron detalles de cuándo ni cómo trabajará ese equipo de expertos. Pero se supo que hay disposición del Ejecutivo para que hagan un seguimiento detallado de cada paso de la investigación.
Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron a este medio que "la conformación de este equipo de expertos se hará en tiempo récord con investigadores internacionales para dar la mayor transparencia posible". Estos expertos elaborarán un informe y emitirán recomendaciones sobre el curso de la causa.
Según confirmó a Infobae la directora ejecutiva de Amnistía en la Argentina, Mariela Belski, se le pidió una reunión al Ejecutivo con una firme intención: "Conocer a fondo la investigación de la desaparición forzada de Maldonado y tener una idea en primera mano de la voz oficial en este caso que nos preocupa en función de la defensa de los derechos humanos".
La intención de Amnistía Internacional es mantener un encuentro inmediato con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, o el ministro de Justicia, Germán Garavano, para interiorizarse en lo que está realizando el Gobierno para dar con la aparición con vida de Maldonado. También esta ONG quiere explicar que ya emitió "una acción urgente" a nivel internacional para reclamar por el joven artesano que desapareció en Chubut el primero de agosto.
En ese pedido internacional que hizo Amnistía, se instó a las autoridades de la Argentina a que "adopten todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado de forma urgente; que avancen en investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los hechos perpetrados el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia, hagan públicos sus resultados y lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la Justicia; que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, con su plena participación y que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen del pueblo mapuche".
Por otra parte, Belski explicó que el caso de Maldonado se ajusta a la figura de "desaparición forzada" ya que "existe una privación de la libertad, una intervención directa de agentes del Estado como pudo ser el caso de la Gendarmería y la negativa a reconocer la detención o el paradero de la persona interesada". No obstante, la directora ejecutiva de Amnistía en la Argentina remarcó que "no existe a la vista un plan sistemático de parte del Estado, como deslizaron algunos organismos de derechos humanos". En este caso, como la Argentina suscribió por la Constitución Nacional a la Convención internacional para todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2007 esta figura se encuadra en el contexto de la investigación de Maldonado sobre una presunta desaparición.
Para tomar conocimiento de cada uno de los detalles de la investigación y evitar todo tipo de intermediarios en el tema, Amnistía Internacional decidió tomar contacto con el Gobierno. Esta decisión se adoptó luego de que el tema ya haya escalado a nivel internacional tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como en la Convención Internacional sobre la desaparición forzada de personas de la ONU. Este último estamento exigió hace unos días a la Casa Rosada que informe de cada uno de los pasos de la investigación que la justicia lleva adelante para dar con Maldonado.
Por otra parte, no se descarta que Aministía Internacional pueda llegar a presentarse como "veedores" de la investigación con el fin de garantizar una objetividad plena en el desarrollo de la búsqueda. Si bien desde Amnistía Internacional no confirmaron que esto vaya a suceder, se especula con este pedido ya que existe un antecedente al respecto en la Argentina. Ocurrió con el caso de Relmu Ñamku, la dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del pueblo Mapuche que fue enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera en el 2015. Allí, la ONG defensora de los derechos humanos se presentó como veedores del juicio y realizó un seguimiento diario de todo el proceso. En este caso sería diferente ya que no hay juicio aun pero si una investigación en marcha.
Fuentes calificadas de Cambiemos admitieron a Infobae que la escalada internacional del tema Maldonado y el paso del tiempo sin la aparición del joven artesano preocupa mucho al presidente Mauricio Macri. De hecho, el tema llegó a ventilarse internacionalmente y ya hay una reacción de las ONGs de derechos humanos que siguen alertas el tema. "Confiamos en que Santiago Maldonado aparezca con vida cuanto antes. Esto ya es un escándalo internacional", comentó un funcionario.
A su vez, se baraja la opción de que un grupo de diputados del oficialismo y de la oposición se trasladen a Washington para presentar un informe sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No esta definida la fecha y quiénes irían a esa misión especial, pero hay un acuerdo conjunto de las fuerzas políticas para avanzar en este tema.