El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a Julio De Vido, ex ministro de Planificación del kirchnerismo y diputado nacional por el Frente para la Victoria, en la causa en la que se investigan las millonarias compras barcos de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015.
Para intentar paliar la crisis energética, el kirchnerismo importó barcos de GNL para abastecer las plantas de Bahía Blanca y Escobar. El GNL que se descarga de los barcos en estas terminales en estado líquido es regasificado en un buque que hace las veces de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución, que llega hasta los hogares e industrias para su consumo. Aquellas compras están bajo investigación judicial porque se sospecha que hubo negociados.
Entre el año 2008 y diciembre de 2015 llegaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar un total de 497 barcos con GNL. De ese total, 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. El Estado pagó miles de millones de dólares para abastecer de gas a la red.
El llamado a indagatoria de De Vido y otros ex funcionarios se produjo luego de que un peritaje contable determinara, según explicaron a Infobae fuentes judiciales, que hubo un sobreprecio que ronda los "6.900 millones de dólares". Con esa información en el expediente, Bonadio decidió la citación a indagatoria.
El magistrado recibió el resultado del peritaje contable que determinó que se pagaron precios excesivos por las millonarias compras. Cada barco –según la cantidad de GNL que transportara– tenía un valor promedio de 30 millones de dólares. El total que se pagó por los casi 500 barcos de GNL bajo investigación –según fuentes judiciales– llegó a los 15.300 millones de dólares. Y el sobreprecio detectado es 6.900 millones de dólares un equivalente a 13 millones de dólares por barco.
El caso se inició en 2014 con la denuncia de quienes eran legisladores de la oposición: Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los entonces legisladores del PRO hicieron una denuncia para que se investigase si hubo pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante.
Las compras estaban bajo la órbita del Ministerio de Planificación que encabezaba De Vido. El ex ministro deberá declarar en indagatoria al igual que otros ex funcionarios. Daniel Cameron, ex secretario de Energía durante el kirchnerismo, será indagado. También deberá presentarse ante Bonadio Roberto Baratta, quien estuviera a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión en Planificación. Esa subsecretaría era la unidad ejecutora del Programa de Energía Total y tenía la responsabilidad del plan de provisión de GNL.
Las compras se realizaban a través de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), por eso serán indagados dos de sus ex presidentes: Exequiel Espinosa y Walter Fagyas, quien lo sucedió en el cargo. Además serán indagados los ex integrantes del directorio de ENARSA. Entre ellos aparece José Granero, odontólogo, amigo de Néstor Kirchner, quien estuviera al frente del Sedronar y fuera procesado por el caso de la efedrina. También deberán declarar en indagatoria funcionarios de áreas técnicas de la empresa YPF que tuvieron relación con la compra de los barcos de GNL.
Roberto Dromi, aquel que fuera ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo y cerebro de las privatizaciones de los años 90, es otro de los citados a indagatoria. Es que Dromi estuvo cerca –como asesor informal– de la gestión De Vido y su firma Dysan (basada en España) cobró millonarias comisiones por asesorar a compañías que vendieron barcos de GNL a la Argentina.
Por esto mismo su hijo Nicolás Dromi fue citado a indagatoria por Bonadio. En la lista de los que deben declarar en indagatoria se agrega Jorge Samarín, presidente de la Marítima Meridian S.A., que obtuvo buena parte de los contratos por servicios de "agenciamiento marítimo", que implica las tareas referidas a la registración aduanera, el ingreso y salida de los puertos, las autorizaciones de Prefectura y Migraciones y los permisos técnicos y administrativos para la llegada de los barcos. Esa empresa intervino en los trámites de 385 barcos de los que están bajo investigación judicial.
El ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner tendrá que visitar de nuevo los tribunales de Comodoro Py. Ya fue procesado en casos donde se investigaron negociados en las áreas de Transporte y Obra Pública que estuvieron bajo su control.
En esta ocasión De Vido tendrá que declarar por la sospecha del pago de sobreprecios en otro de los sectores de la administración que estuvo bajo su supervisión durante 12 años: el de energía.
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