La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicó que tras el comienzo de su acuerdo de ministros no ingresó hasta el momento recurso alguno sobre la impugnación a la precandidatura del ex presidente Carlos Saúl Menem (87).
El actual senador había apelado el martes el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que le prohibió presentarse como candidato por La Rioja para renovar su banca en la Cámara alta. La presentación, que lleva las firmas de los ex ministros Carlos Corach y Rodolfo Barra, fue hecha ante la Cámara Electoral, con el objetivo de que el tema fuera elevado al Máximo Tribunal. Además, Menem reclamó que la medida tenga efecto suspensivo de forma tal de poder presentarse en las PASO.
La CNE resolvió que el ex presidente no podrá ser precandidato a senador nacional en las elecciones a causa de las condenas penales que tiene en su contra. La decisión fue resuelta por los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, quienes destacaron que "el pronunciamiento que aquí se emite no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que el señor ex presidente de la Nación ha desempeñado, ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza -como se dijo- mientras no devenga firme la condena dictada a su respecto". La decisión de la Cámara se tomó luego de que el fiscal Jorge Di Lello avalara la candidatura del ex jefe de Estado para postularse a un tercer período en la Cámara alta.
El reemplazo del senador será Ricardo Guerra, actual ministro de Hacienda de La Rioja. Sin embargo, como las elecciones son el domingo no hay tiempo para imprimir nuevas boletas, por lo que los riojanos que opten por el justicialismo deberán elegir la que lleve el rostro de Menem.
Menem cuenta en su haber con condenas judiciales en su contra. Fue sentenciado a siete años de prisión y 14 de inhabilitación por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, pero que la semana pasada fue apelado ante la Corte Suprema.
También fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por el pago de sobresueldos a ministros y otros funcionarios durante su gobierno de 1989 a 1999. Además está siendo enjuiciado por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a la AMIA, que dejó 85 muertos.
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