El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
Para corroborar el planteo de nulidad, los denunciantes apelaron al "Simulador de Conflicto de intereses" del sitio web de la Oficina Anticorrupción. El siguiente video muestra el proceso:
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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