Con el desafuero de Julio De Vido en el centro de la escena, la Cámara de Diputados votará la ley para penar la corrupción empresarial

La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados ya iba a ser caliente por lo sucedido la semana pasada, cuando el oficialismo debió llamar a un cuarto intermedio y postergar la votación en particular de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que busca penalizar a las empresas involucradas en delitos de corrupción y que fue aprobada en general con 131 votos a favor, 64 en contra y 8 abstenciones. Sin embargo, el pedido de desafuero y de detención del fiscal Carlos Stornelli al juez Luis Rodríguez para Julio De Vido, justamente por una causa por corrupción, promete robarse todos los flashes. El diputado del Frente para la Victoria -que votó en contra- y todo el bloque ya venían siendo los principales apuntados por la cantidad de acusaciones de desvíos de fondos que hubo durante el kirchnerismo.

En la sesión del miércoles pasado, cuando se debatió esta iniciativa, De Vido no fue al recinto y se estima con que hoy tampoco dirá presente. Pero seguramente más de un diputado lo remarcará, como lo hizo Elisa Carrió durante su alocución la semana pasada: "Quien nos puede explicar todos los datos sobre los sobornos es un diputado de la Nación, es Julio De Vido. ¿Dónde está De Vido para que nos explique cuánto cobró y cuánto les dio a los Kirchner?"

El diputado del PRO Daniel Lipovetzky, opinó sobre la posible presencia de De Vido, aunque no fue optimista: "No creo que venga a esta discusión, pero ojalá que venga y expresé su opinión". Y adelantó que el tema se colará en la sesión: "Con este nuevo pedido de desafuero, tendremos seguramente posibilidad de discutirlo y de discutir el alcance de los fueros".

La mayoría de los bloques coincide en que el tema será mencionado en más de un discurso. Aunque es imposible que se vote sacarle los fueros porque recién hubo un pedido del fiscal y falta que resuelva el juez, Mauricio Macri ya anticipó que el oficialismo votaría a favor y Graciela Camaño, del massismo, hizo lo propio. A esto habría que sumarle al bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero, que, si bien su postura es "analizar y esperar al juez", la idea que sobrevuela en la bancada es pronunciarse a favor. Hay que recordar que ellos apoyaron cuando se votó allanar la casa del ex ministro kirchnerista.

Con respecto al proyecto que se debatirá, ayer hubo largas negociaciones entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición que parecen haber llegado a buen puerto. Luego de cinco horas de reuniones con el bloque Justicialista, el Socialismo y el GEN, en Cambiemos son optimistas para aprobar la norma. Con el Frente Renovador, que mostró importantes reparos, también hubo conversaciones. 

Los principales puntos que objetaba la oposición eran ser más rígidos con el "colaborador eficaz" (artículo 20), la figura que crea la ley para aquellas empresas que estén dispuestas a dar información sobre la falta cometida (parecido al arrepentido), ampliar el rango de delitos que cubre -estaba solo destinada a corrupción- y el artículo 37, que establece la posibilidad de que el Ejecutivo haga un acuerdo administrativo con la empresa involucrada. 

En el primer caso, fuentes del oficialismo confiaron a Infobae que aceptaron tener menos discrecionalidad a la aplicación de las penas y multas para el "colaborador eficaz". Por ejemplo, ahora las empresas que brinden información no van a poder seguir teniendo subsidio del Estado, algo que estaba incluido en el proyecto original.

El segundo punto también tuvo el visto bueno de Cambiemos, que acordó incluir la trata de personas y daños al medio ambiente. Su negativa a incluir otros delitos se debe a que muchos de ellos ya están contemplados en el Código Penal. Los otros que aparecen en el texto original son cohecho trasnacional y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, entre otros.

Para el tercer ítem aún no hay conformidad y seguramente será de lo más debatido. La oposición pide que se remueva por completo la posibilidad de que las empresas puedan hacer un acuerdo administrativo con el Ejecutivo porque dicen que es discrecional al no tener intervención la Justicia. Acusan al Gobierno de querer beneficiar a empresas como Odebrecht, ya que el artículo prevé hacer acuerdos "por hechos anteriores a la sanción de la ley".

Sin embargo, Cambiemos descarta que esto pueda ocurrir y en principio no aceptarán quitarlo: "Si arreglamos con Odebrecht y no nos dan nada quedamos como unos idiotas. No nos conviene y no es lo que queremos", explicaron a este medio.

Desde el massismo reconocen que el Gobierno aceptó los cambios en los artículos 37 y 5 (acuerdos administrativos e inclusión de más delitos) pero advierten que falta discutir más de fondo el 20, que crea la figura de "colaborador eficaz". A pesar de esto, sostienen que el rechazo "fundamental" de su bloque es que la ley no va a estar en el Código Penal: "Hicieron una ley que es suplementaria. Nosotros queríamos que esté adentro", sostuvieron fuentes parlamentarias.

En el bloque Justicialista la sensación es parecida y no ven trabas para que el proyecto prospere. Celebraron que el oficialismo haya accedido a su pedido de un cuarto intermedio para consensuar ciertas cuestiones y mantienen su línea original: "Fuimos claros desde un principio. Estamos de acuerdo con que haya una ley de este estilo, pero tenía que estar mejor trabajada".