Julio De Vido era el ministro de Planificación Federal y en ese rol tenía la obligación de supervisar y controlar los casi 265 millones de pesos destinados para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pero no lo hizo, consideró el fiscal federal Carlos Stornelli, quien pidió su indagatoria y detención, previo desafuero de la Cámara de Diputados de la Nación.
El fiscal entendió que tanto la acusación –un desfalco de 265 millones de pesos– como el delito imputado –defraudación a la administración pública– son lo suficientemente graves para solicitar la detención de De Vido y de otras 22 personas, informaron a Infobae fuentes judiciales.
"Julio De Vido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados", señaló el fiscal en su dictamen de más de 70 páginas.
Stornelli consideró que De Vido, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex coordinador general del Ministerio Jaime Valvar tenían la obligación de controlar los 264.935.123 pesos que el fiscal entiende que se desviaron y que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.
Esos funcionarios "autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles que se encontraban bajo su órbita de competencia".
Y agregó: "Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex Ministerio de Planificación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras".
El fiscal fue más allá y consideró que la falta de controles no fue un hecho aislado. Stornelli habló de "una política diseñada para obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos de transparencias que rigen en las contrataciones de la Administración Pública Nacional".
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