En la audiencia ante la Casación el fiscal Javier De Luca, de Justicia Legítima, defendió a Milagro Sala

La audiencia ante los integrantes de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, comenzó con varios minutos de retraso. La causa en la que Milagro Sala está condenada por el escrache al entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó a la Casación por los recursos interpuestos por las defensas de los condenados y por la querella.

El fiscal ante la Cámara, Javier De Luca, integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, había desistido a fines de abril de la vía recursiva. Milagro Sala fue condenada en Jujuy a tres años de prisión en suspenso por el Tribunal Oral Federal N° 1 que también halló penalmente responsables a Graciela López y Gustavo Salvatierra, ambos militantes de la Tupác Amaru.

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron el 16 de octubre de 2009. Ese día estaba prevista para las 18 una conferencia sobre el control de los fondos públicos otorgados a las organizaciones sociales. Del encuentro iban a participar el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy; el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva; y el entonces Senador Nacional por Jujuy, Gerardo Morales. El Tribunal Oral Federal de Jujuy dio por probado que entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente, al arribar Morales al lugar, María Graciela López -quien ya estaba en el hall del edificio- con su teléfono celular avisó de la presencia del hoy gobernador jujeño. Luego de unos instantes, llegaron en autos Fiat Idea un grupo de entre 10 y 20 jóvenes comandados por Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López. Ingresaron de manera violenta rompiendo los vidrios del frente del edificio, arrojaron huevos, piedras y todo tipo de elementos contundentes que encontraban a su paso, tales como sillas, mesas, perforadoras, cajas con documentación, entre otros.

Después de unos minutos en los que se produjeron los desmanes, y tras romper el mobiliario y agredir a las personas que se encontraban presentes, huyeron en distintas direcciones. Algunos lo hicieron a la carrera, otros se fueron en vehículos que estaban estacionados en la puerta del Consejo, mientras que en el hall permanecieron Salvatierra y López. Estos últimos continuaron -según la investigación- insultando y agrediendo verbalmente, sobre todo a Gerardo Morales. De acuerdo a los testimonios, le gritaron al entonces Senador "a quién vas a venir a controlar vos, hijo de puta, la vas a pagar, venimos en nombre del pueblo, ya te encontramos, esta vez no te escapás, qué mierda hablás de las organizaciones sociales, déjate de joder con los planes sociales".

De Luca fue el primero en hacer uso de la palabra. Desde el primer minuto, su exposición se orientó no en acusar -como es el rol del fiscal en el proceso penal- sino a hacer una férrea defensa técnica de la jefa de la Tupác Amaru. En ese sentido, sostuvo que durante el escrache no hubo coacción. "Fue más una señal de protesta, de disconformidad, de desagrado, de enojo simbólico", afirmó el fiscal de Justicia Legítima. También se ocupó de desacreditar a los testigos cuyos testimonios fueron clave para la condena y anticipó que los va a denunciar por falso testimonio. "Los dos acusados vienen acá porque estaban en el lugar pero nadie los vio hacer nada", dijo De Luca.

Luego llegó el turno de la querella, a cargo del abogado Eduardo Vergara, quien recordó que según el testimonio del cooperativista René Arellano hubo una reunión en la casa de Milagro Sala donde se organizó el escrache a Morales. El letrado afirmó que quedó acreditada en la investigación que en ese encuentro la jefa de la Tupác Amaru ordenó "si tienen que romper, rompan; si tienen que pegar peguen". 

Finalmente, expuso Elisabeth González Alcorta, la defensora de Milagro Sala. La letrada habló durante más de dos horas y en línea con lo que ya había hecho el fiscal De Luca, trató de convencer al tribunal de que los testigos habían mentido. Tan extensa fue su exposición que cuando llevaba una hora y cuarenta y seis minutos en el uso de la palabra, se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para ir al baño.

Ahora, los camaristas van a deliberar y tienen un plazo máximo de 20 días para dictar la sentencia.