Sin ningún lugar a dudas, para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la familia Kirchner armó un negocio hotelero para lavar dinero que le enviaba su socio Lázaro Báez producto de la obra pública vial que quienes gobernaron el país le garantizaron entre 2003 y 2015 (52 contratos por 46 millones de pesos).
Los fiscales que investigan el caso de la millonaria obra pública vial adjudicada a Báez, están a cargo también de la investigación conocida como Caso Hotesur. Allí se investiga si la familia de los ex presidentes Kirchner utilizó hoteles ubicados en la Patagonia para ingresar dinero a su patrimonio en apariencia lícito, pero que, según los fiscales provenía de un ilícito.
Los fiscales pidieron que el juez federal Julián Ercolini cite a indagatoria a la ex jefa de Estado, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, a Báez y a otras personas, porque consideran que los hoteles sirvieron para blanquear dinero proveniente del delito originado en la obra pública que recibió el empresario que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza.
El pedido de indagatoria de Pollicita y Mahiques alcanzó a unos 24 imputados, entre los que se encuentran uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín Báez, el socio histórico de los Kirchner, Osvaldo José Sanfelice, una de las hijas de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado, el escribano Ricardo Leandro Albornoz, Oscar Alberto Leiva, Víctor Alejandro Manzanares, Patricio Pereyra Arandia, Adrián Esteban Berni, Alejandro Fermín Ruiz, Roberto Marcelo Saldivia, César Andrés, en orden al delito de lavado de activos, agravado por haber tomado parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.
Según fuentes judiciales, para los fiscales fue Báez quien les prestó dinero a los Kirchner para comprar los hoteles en cuestión: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea. Y fue también Báez quien pagó mensualmente un alquiler para que una de sus empresas Valle Mitre SRL, explotara los tres hoteles. Según las auditorias, se transfirieron $27.592.110 desde 2009 a 2013 en concepto de renta.
En el dictamen se distinguieron dos etapas en esta operatoria, donde la primera fue responsabilidad de Néstor, Cristina y Máximo y que Florencia ingresó luego de la muerte de su padre.
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