El decreto secreto en el que Perón acusó a la "subversión armada" de atacar la democracia "pluripartidista" y ordenó enfrentarla

"El Estado argentino enfrenta la subversión armada de grupos radicalizados que buscan la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista. Firmado: Juan Perón".

En uno de sus últimos actos -murió el 1º de julio de 1974- el entonces Presidente de la Nación comunica la aprobación de "las Directivas para los Conflictos graves nº1 denominado 'Topo' y nº 2 denominado 'Yacaré'". El conflicto grave nº 1 es el que corresponde a la definición del párrafo anterior: el desafío que representaba para el Estado argentino el accionar armado de organizaciones que operaban en el país y que no habían depuesto las armas tras el fin de la dictadura de Lanusse (mayo de 1973).

El decreto secreto nº 1.302, que el actual gobierno ha decidido desclasificar, llevaba la firma de Perón y de su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, e iba destinado a los ministros del Gabinete nacional, al Secretario de Informaciones de Estado, a los Comandantes Generales, al Subsecretario de Planeamiento para la Defensa y al Jefe de Estado Mayor Conjunto.

Es un documento histórico de gran importancia porque revela la opinión que tenía el entonces Presidente sobre las organizaciones armadas y su intención de combatir a la subversión con la ley y de un modo integral, no puramente militar.

En el Anexo I del decreto (texto completo en PDF adjunto), titulado "Directiva para el Planeamiento correspondiente al conflicto grave nº 1 Topo", se fija el objetivo: "Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre".

La misión encomendada al "equipo interministerial coordinado por el Ministerio del Interior" -a cargo de Benito Llambí– fue la de "elaborar un Plan plurisectorial que prevea acciones sobre la violencia, sobre sus causas y que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático".

Explícitamente se menciona a las carteras de Justicia, Economía, Bienestar Social, Cultura y Educación, Trabajo y Defensa como responsables de planificar "una estrategia nacional para superar el conflicto".

Este decreto ratifica la opinión lapidaria que tenía el Presidente de la Nación a esa altura de los acontecimientos sobre los grupos que, a más de un año de reinstaurada la democracia y la vigencia de la Constitución, seguían perpetrando atentados violentos.

El contexto histórico y político de este decreto

Luego del breve interregno camporista (del 11 de marzo al 13 de julio de 1973), se convocó nuevamente a elecciones, esta vez sin la proscripción de Perón, que el 23 de septiembre obtuvo el 62 por ciento de los votos y asumió la presidencia el 12 de octubre.

Poco después, y luego de que en enero de 1974 el grupo armado trotskista PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo) asaltara el cuartel militar de Azul (provincia de Buenos Aires), Perón envió al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal para endurecer las leyes contra las acciones insurgentes. Esto generó resistencia y críticas de un grupo de diputados ligados a Montoneros.

Perón los convocó a Olivos para reprenderlos, y en público, puesto que hizo transmitir la reunión por TV. Más adelante, el 1º de Mayo de 1974, rompería con Montoneros en la Plaza, por lo que este encuentro fue la antesala de lo que siguió. No obstante, y por cuerda separada, envió emisarios para tratar de disuadirlos de continuar la lucha armada, como lo han relatado varios testigos y protagonistas de la época (1). Una oportunidad que fue desaprovechada por la jefatura de la organización.

Un decreto que contradice el relato

Por mucho tiempo, y en especial al compás de la instalación del "relato" en los últimos años, los Montoneros, sus simpatizantes y sus herederos o continuadores por otros medios se dedicaron a dar una versión edulcorada del carácter y las finalidades de la organización: no habría sido una guerrilla que buscaba la toma del poder por el atajo de la lucha armada -los votos les eran muy esquivos como lo demostró el magro 5% obtenido por Montoneros con el sello Partido Peronista Auténtico en abril de 1975 en la elección provincial de Misiones-; tampoco habría sido un grupo insurrecto que quería instaurar alguna forma de dictadura socialista -inspirados en especial por el modelo cubano-, sino casi una organización de autodefensa frente a gobiernos de facto y que sólo buscaba la vuelta a la democracia.

Es esa visión benévola la que este decreto desmiente. Para el tres veces Presidente constitucional de los argentinos, la subversión armada buscaba "la toma del poder para modificar el sistema de vida democrático pluripartidista". El Estado argentino debía defenderse.

José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y uno de los más estrechos colaboradores de Perón, había sido asesinado por Montoneros el 25 de septiembre de 1973; un hecho que llenó de dolor y rabia al Presidente y que, en opinión de su entorno, lo afectó al punto de acortarle la vida.

Ante los diputados que se negaban a votar sus reformas al Código Penal, Perón aludió a ese asesinato: "¿Nos vamos a dejar matar? Lo mataron al secretario general de la Confederación General del Trabajo, están asesinando alevosamente y nosotros con los brazos cruzados porque no tenemos una ley para reprimirlos".

En este ambiente ya caldeado, el ataque al Regimiento de Caballería Blindada de Azul por el ERP resultó una clara provocación y un desafío a la autoridad del Estado que el Presidente no podía dejar pasar.

"Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades", dijo Perón al hablar esa misma noche en televisión, y en obvia referencia al gobierno camporista de Oscar Bidegain, que renunciaría como consecuencia de este comentario.

El Presidente eligió aparecer con su traje de teniente general para darle más fuerza al mensaje emitido aquel domingo 20 de enero a las 9 de la noche, al día siguiente del ataque guerrillero. "Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos", dijo.

Advertencias que fueron desoídas

Las reformas al Código Penal enviadas al Congreso incluían cambios en la figura de la asociación ilícita y un agravamiento de las penas para la tenencia de armas de guerra.  

Los votos de los ocho diputados montoneros no eran necesarios para aprobarlas, por lo que cabe suponer que Perón los convocó con el fin de dar un mensaje de condena a la lucha armada, de advertencia, y también para darles una oportunidad. "Toda esta discusión debe hacerse en el bloque. Y cuando éste decida por votación lo que fuere, ésta debe ser palabra santa para todos (…); de lo contrario, se van del bloque. (…) Por perder un voto no nos vamos a poner tristes".

Y agregó: "Con lo que acabamos de ver, que una banda de asaltantes invoca cuestiones ideológicas o políticas para cometer un crimen, ¿vamos a pensar que eso lo justifica? ¡No! Un crimen es un crimen, cualquiera sea el pensamiento o el sentimiento o la pasión que impulse al criminal".

Premonitoriamente, advirtió que había dos caminos para combatir la subversión: dentro o fuera de la ley. Y que el gobierno no quería ponerse al mismo nivel que los insurgentes optando por la segunda alternativa.

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"Queremos seguir actuando dentro de la ley -fueron sus palabras- y para no salir de ella necesitamos que la ley sea tan fuerte como para impedir esos males. Ahora bien: si nosotros no tenemos en cuenta a la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. De esa manera, vamos a la ley de la selva (…). Necesitamos esa ley, porque la República está indefensa".

Lo que también revelan el decreto secreto y su Anexo es que Perón no pensaba limitar su estrategia a lo penal. El hecho de apelar a todo el gabinete, hablar de "causas" de la violencia y de "consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático" demuestra que se proponía dar un combate integral y especialmente en el plano de las ideas. "El Plan Militar sólo será puesto en ejecución por orden expresa del Poder Ejecutivo", dice el punto 7.b del Anexo.

El plan que debía elaborar el gabinete sería "elevado al Poder Ejecutivo antes del 15 de agosto de 1974". La muerte de Perón sobrevino un mes y medio antes.

El decreto secreto 993/75 que firma Isabel Perón un año más tarde dispone, visto el resultado de las tareas desarrolladas por el Equipo de Planeamiento n°2, en cumplimiento de lo dispuesto [por] el decreto secreto 1302/74" [el de Perón], poner "en vigor la Directiva General de Planeamiento". Esta vez, la coordinación está en manos del Ministro de Defensa.

Sucede que, aun después de los contactos con Perón en el 74, lejos de modificar su postura, la guerrilla acentuó la política que la llevaría a un mayor aislamiento y facilitaría su exterminio tras el derrocamiento de Isabel. El 24 de enero de 1974, los ocho diputados renunciaron a sus bancas y el 6 de septiembre de ese año Montoneros pasó a la clandestinidad; una estrategia que contribuyó a pavimentar el camino hacia la opción del combate "fuera de la ley", como Perón les había advertido.

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Última revelación importante de estas desclasificaciones: la represión ilegal no puede de ninguna manera encontrar avales en estos decretos secretos.

Quienes condujeron y ejecutaron esa "guerra sucia" están rindiendo cuentas ante la justicia.

Los jefes guerrilleros responsables de haber contribuido sustantivamente a frustrar una ocasión histórica de reencuentro de los argentinos y de plena democracia, declarando la guerra a gobiernos constitucionales de grandes mayorías están a resguardo de toda persecución penal. Pero la historia no los absolverá.

(1) José Amorín en "Montoneros, la buena historia" y Carlos Chango Funes en "Perón y la guerra sucia", entre otros.

LOS DECRETOS SECRETOS DESCLASIFICADOS