Un grupo de trabajo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ratificó sus cuestionamientos por la "detención arbitraria" de Milagro Sala. Además, planteó objeciones sobre el decreto para expulsar a los extranjeros que delinquen.
Luego de una semana de evaluación, reuniones con autoridades y visitas a diferentes cárceles de la Argentina, el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria expresó que "sigue vigente" su evaluación sobre la situación de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy y transmitió al Poder Ejecutivo sus consejos para abordar el tema.
En una conferencia de prensa de la que participó Infobae, los delegados de este equipo de la ONU, Elina Steinerte y Roland Adjovi, explicaron que antes de evaluar la situación se reunieron en Jujuy con las autoridades políticas y judiciales y con Milagro Sala. Luego de ello, ratificaron el informe emitido el año pasado, que ahora será elevado al consejo de derechos humanos de la ONU.
"Confiamos y no dudamos de la buena voluntad del gobierno argentino de escuchar nuestra recomendación, ya que fue el propio Gobierno el que nos invitó a esta visita", dijo Adjovi.
Al mismo tiempo, los delegados que visitaron el país plantearon un duro cuestionamiento al Decreto 70/2017 que permite la detención y expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos. "La detención de inmigrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo. Es proporcional, además de necesaria, y cuenta con el control judicial apropiado", evaluaron los funcionarios de la ONU.
El grupo de trabajo lamentó la adopción de ese decreto y pidió a la Casa Rosada que revise su implementación. Según pudo saber Infobae, tanto del Ministerio de Justicia como el del Interior y Seguridad explicaron a los delegados de la ONU que ese decreto solo se aplica para detener inmigrantes delincuentes.
En otro tramo del informe, se manifestó la "extrema preocupación" por la selectividad del sistema de justicia penal de la Argentina en relación con las personas de orígenes socioeconómicos vulnerables y quienes participan en protestas sociales.
El grupo de trabajo recorrió las provincias de Buenos aires, Chubut, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. Se reunió a lo largo de esta visita con autoridades policiales, políticas, judiciales y ONG de derechos humanos.
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